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Se hace saber a la empresa operadora denominada Recreativos Mar Azul, S.A., que se halla en ignorado paradero, que por Orden de esta Consejería, de fecha 30 de junio de 1997, se resolvió la puesta a disposición de la Consejería de Economía y Hacienda de parte de la fianza constituida por dicha empresa. Habiéndose intentado la notificación de la misma por el sistema habitual, ésta fue devuelta por el Servicio de Correos, por lo que, de conformidad con lo previsto en el artº. 59.4 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, para la puesta a disposición de la Tesorería Insular de la Consejería de Economía y Hacienda de parte de la fianza depositada por la empresa Recreativos Mar Azul, S.A.
Vista la propuesta formulada por la Viceconsejería de Administración Pública.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES 1º) Que con fecha 1 de febrero de 1990, la empresa Recreativos Mar Azul, S.A. fue inscrita en el Registro de Empresas Operadoras de Canarias, dando cumplimiento a los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes en materia de juego, entre los que se encuentra la constitución de la fianza correspondiente, constituida para responder de las obligaciones económicas en que pudiera incurrir en el ejercicio de su actividad como empresa operadora.
2º) Que con fecha 14 de abril de 1997, tuvo entrada en este Centro Directivo Providencia de embargo seguida en el expediente nº TF/95/00403 de fecha 15 de febrero de 1995, de la Tesorería Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, solicitando la puesta a disposición de la cantidad de un millón novecientas quince mil novecientas (1.915.900) pesetas, en cumplimiento al débito que tiene contraído en concepto de Tasa Fiscal sobre el Juego.
3º) Que en el expediente correspondiente a la empresa hay fianza suficiente para satisfacer el débito contraído.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las competencias funcionales en esta materia se regulan por la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias y por el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recrea- tivas y de Azar de esta Comunidad Autónoma.
Segunda.- Que de conformidad con lo previsto en el artº. 7.5 del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, en relación con el artº. 35 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
Tercera.- Que el procedimiento seguido en la tramitación de este expediente se ajusta a lo previsto en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarta.- Que el artº. 13.c) de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, el artº. 35.1 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, regulan la puesta a disposición de las fianzas afectadas por disposiciones fiscales relativas a Tasas del Juego y Sanciones y el artº. 24.3 del mismo Decreto.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
D I S P O N G O:
Se proceda a la puesta a disposición de la Tesorería Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, de la cantidad de un millón novecientas quince mil novecientas (1.915.900) pesetas, correspondiente al aval nº 1.958.910 de Crédito y Caución, S.A., por una cuantía de 9.695.642 pesetas, constituido por la empresa Recreativos Mar Azul, S.A., para responder de las obligaciones económicas en que pudiera incurrir en el ejercicio de su actividad como empresa operadora de máquinas recreativas y de azar, debiéndose comunicar la detracción de dichas fianzas. Asimismo, se deberá notificar la presente resolución a la Tesorería Insular de la Consejería de Economía y Hacienda.
Santa Cruz de Tenerife, a 31 de octubre de 1997.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.
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