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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
Las Resoluciones que se notifican no ponen fin a la vía administrativa y contra las mismas cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan, deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 14 de octubre de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
RESOLUCIONES QUE SE CITAN:
Libro nº 2 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 47, número 133.
Resolución de 5 de febrero de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 96/017 instruido a D. José A. García Méndez, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Cafetería Bistro.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. José A. García Méndez, por providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 29 de mayo de 1996, como consecuencia de la denuncia formulada por Dña. Ana Marrero Sonneman, y del acta de inspección nº 15356, de 4 de marzo de 1996.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado. Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 9 de enero de 1996, se recibió en esta Consejería denuncia formulada por Dña. Ana Marrero Sonneman, ante la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, quien levanta un atestado, contra la Cafetería Bistro, y en la que manifiesta la reclamante que, sobre las 3,45 horas del día de la fecha, cuando estaba en el Bar Bistro, deseó acceder a la parte alta del local junto con unos amigos, a lo que los responsables del mismo le negaron el paso. Al solicitar la Hoja de Reclamaciones y después de haber consumido y pagado una consumición, los responsables del local le dijeron que no tenían, ya que se habían agotado, con lo cual se requirió que se personara la Policía Local con el fin de que diera fe de lo ocurrido. Comparecieron en el lugar los Agentes 305 y 137, que lo hicieron a las 4,35 horas, del día de la fecha y que fueron testigos de lo expuesto anteriormente. Quiere hacer constar que la parte alta del local está reservada para clientes particulares que tienen que tener una tarjeta particular expedida por los responsables o dirección de la empresa, lo cual es completamente ilegal.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 4 de marzo de 1996 se personó en el establecimiento de referencia, sito en Avenida de Anaga, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 15356, en la que esencialmente se hace constar que el compareciente D. Javier Henríquez Hernández, manifiesta desconocer los hechos denunciados, toda vez que en el día de hoy se ha reintegrado a su puesto de trabajo como camarero de la industria, tras haber efectuado el servicio militar.
No obstante lo anterior, y solicitada la documentación de la Administración turística canaria, presenta Libro de Inspección y lista de precios selladas por el Servicio de Turismo y Transportes del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, con fecha 4 de diciembre de 1995. Dicha relación de servicios y precios no se exhibe en el exterior del establecimiento, y en su interior únicamente se da publicidad a la hoja nº 9, del total de 10 que compone la lista oficial de precios. No se presenta Hoja de Reclamaciones, constando en el Libro de Inspección, que con fecha 7 de febrero de 1994, se le hizo entrega de las hojas números 26211 al 26215. Se comprueba que si bien el establecimiento cuenta con dos plantas, la planta alta está reservada a aquellas personas que cuenten con tarjeta de clientes. Junto a la escalera de acceso a la planta alta (que se encuentra cerrada en el momento de la inspección, mediante cadena), se encuentra expuesto un cartel con la siguiente leyenda: la dirección del local exige la vestimenta adecuada para el acceso al mismo (rogamos mostrar su tarjeta de cliente). El visitado ignora como obtener una tarjeta de cliente, para poder acceder a la planta alta de la cafetería.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), y la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Segunda: que el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística es el competente para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), modificada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre (B.O.E. nº 315, de 31.12.96), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), que viene a sustituir al Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95).
Tercera: que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 96/017, nombrándose Instructor y Secretario.
Cuarta: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos, con fecha 29 de mayo de 1996, por No dar publicidad a la lista de precios en la forma exigida por la normativa vigente. No facilitar a la cliente Dña. Ana Marrero Sonneman las Hojas de Reclamaciones que han de estar a disposición de los clientes en todo momento. Impedir el libre acceso a la planta alta del establecimiento a la reclamante.
Quinta: que el expedientado ha realizado contestación al Pliego de Cargos en escrito de fecha 19 de junio 1996, en síntesis ha alegado lo siguiente: que la intención de la reclamante, Dña. Ana Marrero, era la de alterar el buen funcionamiento de su negocio, ya que pretendía acceder al mismo con un perro y dos borrachos. Al pedir las Hojas de Reclamaciones se le manifestó que estaban solicitadas y que si tenía alguna queja llamase a la Policía Local y que la denunciante, lejos de llamar a la Policía Local o personarse en sus dependencias inmediatamente de producirse los hechos, lo realiza después de transcurrir 14 horas, cuando el nivel etílico y de sueño había desaparecido. Solicita le sean aceptadas las alegaciones y conforme al artº. 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, le quede la mínima sanción de 5.000 pesetas. Sexta: que con fecha 28 de junio 1996, se formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de doscientas treinta y siete mil quinientas (237.500) pesetas publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 153, de 3 de diciembre de 1996.
Séptima: que el expedientado no ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.
Octava: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Novena: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Décima: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base a la comparecencia de la reclamante ante la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, agentes 127 y 153, del día 1 de noviembre de 1995, a las 3,45 horas y del acta de inspección nº 15356, de 4 de marzo de 1996, de lo que se desprende que en el Bar Bistro, al no permitírsele a la cliente Dña. Ana Marrero Sonneman acceder a la parte alta del establecimiento y al pedir las Hojas de Reclamaciones después de haber consumido y pagado el servicio, los responsables del local le manifestaron que las tenían agotadas y que acudiera a la Policía Municipal, cosa que realizó la reclamante sobre la marcha, por lo que comparecieron los agentes 305 y 307, a las 4,35 horas del mismo día, siendo testigos de los acontecimientos.
Las alegaciones vertidas no desvirtúan los hechos infractores, ya que hay disparidad entre la comparecencia de Dña. Ana Marrero ante la Policía Local y el informe policial y el escrito de alegaciones del expedientado. En ningún momento, la mencionada Policía manifiesta que la cliente padeciese algún nivel etílico, ni que pretendiera acceder al negocio con un perro y dos borrachos.
En cuanto a las Hojas de Reclamaciones, éstas han de estar a disposición de los clientes, siempre que las soliciten, de acuerdo con la normativa vigente. Undécima: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción al artº. 10.1 de la Orden de 18 de marzo de 1965, modificada por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, artº. 2.1 de la Orden de 13 de noviembre de 1986, artº. 15.3 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, con calificación de leves en base a los artículos 77.1 y 76.6, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de doscientas treinta y siete mil quinientas (237.500) pesetas a D. José A. García Méndez, con D.N.I. nº 42.051.834, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Cafetería Bistro.- Santa Cruz de Tenerife, a 5 de febrero de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
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