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BOC Nº 158. Lunes 8 de Diciembre de 1997 - 3811

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

3811 - RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, sobre notificación de Propuestas de Resolución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Propuesta de Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Propuesta de Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de octubre de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN QUE SE CITAN:

1) Vistas las alegaciones correspondientes al procedimiento sancionador nº 97/024 iniciado como consecuencia de la reclamación formulada por Dña. Ángeles Hernández Alonso y del acta de inspección nº 16846, realizada el 17 de octubre de 1996, y seguido contra el expedientado Corporación Turística Teide, S.L., con C.I.F. nº B-38.345.922, titular del establecimiento denominado Apartamentos Los Ángeles, sito en Avenida Penetración, 32, Los Cristianos, término municipal de Arona, de cuyas actuaciones resulta lo siguiente:

Que con fecha 26 de febrero de 1997, se dictó Resolución de iniciación de procedimiento sancionador y posteriormente se formularon los siguientes hechos: “Efectuar modificaciones sustanciales que afectan a la capacidad alojativa del establecimiento sin la previa autorización de la Administración turística”.

FECHA DE INFRACCIÓN: 3 de abril de 1996. NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artº. 11 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos (B.O.C. números 46 y 60, de 3 y 28 de abril de 1989, respectivamente). TIPIFICACIÓN: artº. 76.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95). CALIFICACIÓN JURÍDICA: grave. SANCIÓN APLICABLE Y ÓRGANO COMPETENTE: corresponde imponer al expedientado una sanción en cuantía no superior a 250.000 pesetas, para cuya imposición es competente el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95). ALEGACIONES: el expedientado en escrito de fecha 6 de mayo de 1997, en síntesis, ha alegado lo siguiente: que en la fecha de la denuncia prestaba servicio de recepcionista D. Francisco Pazos Cibeira, con el que hubo multitud de problemas. Descuadres de caja (le sobraba dinero); no tenía nunca ordenado el RAC, por lo que no se podía saber qué clientes estaban en cada apartamento, desaparición y pérdida casi a diario de llaves de apartamentos. Es la primera vez que tienen noticia de cobrar 7.500 pesetas, pues siempre se ha hecho a los clientes un precio de 5.000 pesetas e incluso si se hacía por días y por más de una semana el precio bajaba. Nunca recibieron el acta levantada por la Inspección de Turismo el 17 de octubre de 1996. El mencionado recepcionista, Sr. Pazos, alquilaba por su cuenta apartamentos privados a un precio distinto al que hacía la empresa. Es imposible reclamar nada a este señor pues no se sabe su paradero. MOTIVACIÓN: examinadas las razones esgrimidas por la empresa expedientada y los documentos aportados, se estima la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base a la reclamación formulada por Dña. Ángeles Hernández Alonso y al acta de inspección nº 16846, de 17 de octubre de 1996, así como de la consulta de los archivos correspondientes, se desprende que en los Apartamentos Los Ángeles se han efectuado modificaciones sustanciales que afectan a la capacidad alojativa del establecimiento sin la previa autorización de la Administración turística. Por otro lado, las alegaciones previstas no desvirtúan el hecho infractor, ya que se constata que la empresa Corporación Turística Teide, S.L. explota un número superior de apartamentos, que los que tiene declarados. En el día de la fecha del levantamiento del acta de inspección se encontraban ocupados por clientes 44 de los 52 de que se compone el complejo turístico. En cuanto a no conocer la empresa el acta de inspección, resulta lógico, puesto que se levantó el día 17 de octubre de 1996, a las 13,15 horas, en presencia del recepcionista, D. Francisco Javier Pazos Cibeira, quien la recibió y firmó, y parece ser no entregó a la empresa. No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta a la hora de considerar la cuantía de la sanción de multa propuesta, la circunstancia de la carencia de antecedentes, no obrando constancia de haberse instruido expedientes sancionadores contra dicha empresa sobre los que haya recaído resolución firme. PROPUESTA: como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Corporación Turística Teide, S.L., titular del establecimiento denominado Apartamentos Los Ángeles, la sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas. Se le concede un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente de esta notificación, para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes o, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 30 de junio de 1997.- El Instructor, Joaquín Castro San Luis.

2) Vistas las alegaciones correspondientes al procedimiento sancionador nº 97/043 iniciado como consecuencia de la reclamación formulada por D. Lorenzo Fermín Suárez García y del acta de inspección nº 16828 realizada el 10 de enero de 1997, y seguido contra el expedientado Comercial Caramanta, S.L., con C.I.F. nº B-38.264.459, titular del establecimiento denominado Cafetería Habana, sito en Carretera General Santa Cruz-Laguna, 114, Gracia, Urbanización Buganvillas, término municipal de La Laguna, de cuyas actuaciones resulta lo siguiente: Que con fecha 30 de abril de 1997, se dictó Resolución de iniciación de procedimiento sancionador y posteriormente se formularon los siguientes hechos: “Cafetería abierta al público, sin la autorización preceptiva de la Administración turística canaria”. FECHA DE INFRACCIÓN: 1 de septiembre de 1996. NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 6º de la Orden Ministerial de 18 de marzo de 1965, de Ordenación Turística de Cafeterías (B.O.E. de 29 de marzo). TIPIFICACIÓN: artº. 75.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95). CALIFICACIÓN JURÍDICA: grave. SANCIÓN APLICABLE Y ÓRGANO COMPETENTE: corresponde imponer al expedientado una sanción en cuantía no superior a 250.000 pesetas, para cuya imposición es competente el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95). ALEGACIONES: la expedientada en escrito de fecha 9 de mayo de 1997, en síntesis, ha alegado lo siguiente: no ser ciertos los hechos en los que se basa dicho expediente sancionador, ni el contenido de la denuncia que parece ser interpuso D. Lorenzo F. Suárez García, el 1 de septiembre de 1996, desconociendo los empleados de la cafetería quién es el cliente e incluso los hechos narrados en la denuncia presentada en la Policía Local de La Laguna, por lo que la expedientada no estima la veracidad de la denuncia y menos para fundamentar una sanción como la que se propone, por unos hechos que no están probados, manifestaciones unilaterales de los denunciantes. Que el procedimiento legal en la imposición de sanciones ha de ser considerado como una “garantía de los derechos fundamentales de la persona”, que por su propia naturaleza disciplinaria está abierto al juego de la prueba y a los principios de contradicción y defensa de las propias tesis; con indicación de la presunción de inocencia establecida en el artº. 42.2 de la Constitución española. MOTIVACIÓN: examinadas las razones esgrimidas por la empresa expedientada y los documentos aportados se considera que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada en base ante la denuncia formulada en la Policía Municipal y O.M.I.C. de La Laguna, por D. Lorenzo Fermín Suárez García y del acta de inspección nº 16828, de 10 de enero de 1997, de lo que se desprende que la Cafetería Habana, en la fecha de la inspección se encontraba abierta al público, sin la autorización preceptiva de la Administración turística canaria. Por otro lado las alegaciones vertidas no desvirtúan el hecho infractor, ya que aunque se niegan los hechos ocurridos, es un hecho cierto que los agentes municipales números 76 y 110 se personaron en el bar y solicitaron la licencia municipal de apertura, a lo que contestaron los empleados que se estaba tramitando. A su vez se constata en el acta de inspección de fecha 10 de enero de 1997, por el Inspector actuante, que solicitada la documentación de la Administración turística canaria, no presenta ni Libro de Inspección de la industria, Hoja de Reclamaciones ni listas de precios selladas oficialmente por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. No se encuentra expuesto a la vista del público el cartel anunciador de la existencia de las Hojas de Reclamaciones. El establecimiento se encuentra abierto al público realizando la actividad de cafetería, que es como se anuncia en el exterior. De acuerdo con el artº. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece que: “Los hechos constatados por funcionarios a los que se les reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados”, por lo que, al no haber presentado la expedientada pruebas que desacrediten los hechos imputados (figurar sin las autorizaciones de la Administración turística competente), debe prevalecer su constatación por el funcionario inspector en la citada acta de inspección. No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta a la hora de considerar la cuantía de la sanción de multa propuesta, la circunstancia de la carencia de antecedentes, no obrando constancia de haberse instruido expedientes sancionadores contra dicha empresa sobre los que haya recaído resolución firme. PROPUESTA: como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Comercial Camaranta, S.L., titular del establecimiento denominado Cafetería Habana, la sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas. Se le concede un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente de esta notificación, para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes o, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 24 de junio de 1997.- El Instructor, Joaquín Castro San Luis.

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