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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a Nordfrost Canarias, S.A. la Orden de 23 de agosto de 1996, registro de salida nº 516/R, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 14 de noviembre de 1995.
2.- Remitir al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo por Nordfrost Canarias, S.A., frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 14 de noviembre de 1995, recaída en el expediente nº 35/0218/95 y que determinó la imposición de una sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas.
RESULTANDO
Primero.- Que el día 31 de marzo de 1995, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Supermercados Broncemar II, propiedad de Broncemar, S.L., sito en el Centro Comercial Metro, planta 3ª, Playa del Inglés, término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto (nº 421), comprobaron que tenía expuesto para su venta al público café soluble Jacobs, marca Jacobs-Kronung, en botes de cristal con tapa de plástico, careciendo de etiquetado en lengua española idioma oficial del Estado.
Dicho producto fue suministrado por Nordfrost, S.A., según consta en el Acta de Inspección nº 40.644, de fecha 26 de abril de 1995. Por parte de los Inspectores se procedió a realizar toma de muestra según el procedimiento reglamentariamente establecido. Una de las muestras se remitió para su análisis inicial al Centro de Investigación y Control de Calidad del Instituto Nacional de Consumo. Con fecha 24 de julio de 1995, se recibió resultado de dicho análisis, clave de registro 95111030 y nº de laboratorio 16/002/500012, de cuyo informe se determina que: Los datos obligatorios del etiquetado no están expresados en la lengua oficial del Estado (Real Decreto 212/1992).
Segundo.- Que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el artículo 13 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Título V del Real Decreto 1.231/1988, de 14 de octubre (B.O.E. nº 252), por el que se regula la R.T.S. para la elaboración, almacenamiento, transporte y comercialización del café, en relación con el artº. 20 del Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la Norma General de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.
Tercero.- Que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente, con una sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas. Cuarto.- Que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 15 de diciembre de 1995, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente: Frente al caso concreto que nos ocupa, somos de la opinión, por ser además práctica frecuente, de que se deben admitir expresiones y términos extranjeros, sin que su no traducción al castellano produzca indefensión al consumidor, cuando son fácilmente inteligibles por el mismo, hecho aún más significativo cuando el producto en cuestión tiene un consumidor concreto como es el de café, pudiéndose llegar al absurdo por parte de las legislaciones estatales de exigir de forma estricta la total traducción de todos los datos que figuran en la etiqueta, sin tener en cuenta que nos movemos en un ámbito geográfico y social como el europeo donde la apertura de fronteras hacen habitual la convivencia de personas que hablan o entienden diversas lenguas. En este sentido, el derecho a la información del consumidor no se ve agraviado por el simple error de no contener el etiquetado expresado en castellano, dado que la propia expresión café soluble Jacobs resulta inteligible para el destinatario de este producto, al margen del propio interés de la entidad de mantener siempre informado al consumidor, cuestión que se ve corroborada en el hecho de que sólo por un error humano se omitió la citada etiqueta traducida al castellano, omisión que sólo afectó a un pequeño lote del mentado producto. La Resolución sancionadora carece de una falta de motivación en cuanto que estimando la sanción como leve nada razona respecto a los motivos que llevan a fijar la cuantía de la multa que impone. De las actuaciones realizadas y de lo expuesto en este escrito, se deduce que no concurre ninguna de las circunstancias a las que se refiere el mentado artº. 35 para imponer la sanción que se recurre.
Fue debido a un error humano involuntario, y por tanto no culposo ni responsable el hecho que tan sólo una determinada partida del susodicho producto expuesto para su venta carecieren del etiquetado expresado en castellano. Quinto.- Que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas. Y siendo de aplicación los siguientes CONSIDERANDOS Primero.- Que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Sanidad y Consumo. Segundo.- Que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Título V del Real Decreto 1.231/1988, de 14 de octubre (B.O.E. nº 252), por el que se regula la R.T.S. para la elaboración, almacenamiento, transporte y comercialización del café, en relación con el artº. 20 del Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la Norma General de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. Tercero.- Que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 7, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por el Decreto 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), en concordancia con lo dispuesto en el artº. 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Cuarto.- Que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso pueden ser parcialmente tomadas en consideración en base al principio de proporcionalidad que debe imperar en todo el procedimiento sancionador establecido en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que determina la necesidad de guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, procediendo, en consecuencia, una reducción de la sanción impuesta. Sin embargo, dichas alegaciones no desvirtúan la responsabilidad del recurrente en relación con el hecho infractor comprobado por cuanto el artº. 27.1.a) de la citada Ley 26/1984, de 19 de julio, establece la responsabilidad del suministrador de bienes respecto del origen, identidad e idoneidad de los mismos de acuerdo con su naturaleza y finalidad, y con las normas que los regulan. En consecuencia, el recurrente incurre en responsabilidad dado el incumplimiento comprobado de las disposiciones ya indicadas en el considerando segundo. Quinto.- Que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería. VISTOS Además de los preceptos legales citados, en el artº. 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación. El Consejero de Sanidad y Consumo, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA: Estimar parcialmente el recurso ordinario interpuesto por Nordfrost Canarias, S.A., frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 14 de noviembre de 1995, recaída en el expediente nº 35/0218/95, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas, en el sentido de reducción de la multa a cuarenta mil (40.000) pesetas. Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Sanidad y Consumo exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Sanidad y Consumo. Santa Cruz de Tenerife, a 28 de abril de 1997.- El Secretario General Técnico, Víctor Manuel Pérez Borrego.
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