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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a Docian, S.L. la Orden de 14 de junio de 1996, registro de salida nº 345/R, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 14 de noviembre de 1995.
2.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo por Docian, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 14 de noviembre de 1995, recaída en el expediente nº 35/0208/95 y que determinó la imposición de una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas.
RESULTANDO
Primero.- Que el día 29 de marzo de 1995, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el establecimiento Hiperdino, propiedad de Herdaya, S.A., sito en la calle Munguía, 7, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 418 comprobaron que tenía para su venta al público 8 envases conteniendo preparado vegetal instantáneo marca Docian de 400 gr de peso, al precio de 295 pesetas.
Se procedió por parte de los Inspectores actuantes a realizar la toma de muestras según el procedimiento reglamentariamente establecido. Una de estas muestras fue remitida para su análisis al Centro de Investigación y Control de Calidad del Instituto Nacional de Consumo. Con fecha 18 de julio de 1995, se recibe el resultado de dicho análisis (clave de registro 95111031; nº de laboratorio 16/005/500009) de cuyo informe se desprende que el etiquetado induce a engaño al consumidor por:
- Figurar la leyenda producto no lácteo declarando entre los ingredientes caseína y contener un 11,3% de lactosas (método c. líquidos).
- Declarar entre los ingredientes grasa vegetal y no corresponderse la composición en ácidos grasos con la de una grasa vegetal (método c. gases).
- Ser inferior el porcentaje de proteínas obtenido (método kjeldahl) al de caseína declarada.
Segundo.- Que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el artículo 13 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 4 del Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la Norma General de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. Tercero.- Que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artº. 18 del Real Decreto 1.398/1993, en relación con el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas.
Cuarto.- Que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 13 de diciembre de 1995, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:
El producto tiene como procedencia Holanda, que es un país de la Unión Europea y los ingredientes que vienen impresos en la etiqueta se corresponden con los realizados por el fabricante en su país de origen, en un laboratorio homologado para tal efecto.
Quinto.- Que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.
Y siendo de aplicación los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero.- Que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Sanidad y Consumo.
Segundo.- Que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 4 del Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la Norma General de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.
Tercero.- Que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por el Decreto 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Cuarto.- Que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso pueden ser parcialmente tomadas en consideración en base al principio de proporcionalidad que debe imperar en todo el procedimiento sancionador establecido en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que determina la necesidad de guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, procediendo, en consecuencia, una reducción de la sanción impuesta. Sin embargo, dichas alegaciones no desvirtúan la responsabilidad del recurrente en relación con el hecho infractor comprobado por cuanto el artículo 27.1.a) de la citada Ley 26/1984, de 19 de julio, establece la responsabilidad del importador respecto del origen, identidad e idoneidad de los mismos de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que los regulan. En consecuencia, el recurrente incurre en responsabilidad dado el incumplimiento comprobado de las disposiciones ya indicadas en el considerando segundo.
Quinto.- Que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
VISTOS
Además de los preceptos legales citados, el artículo 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.
El Consejero de Sanidad y Consumo, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA:
Estimar parcialmente el recurso ordinario interpuesto por Docian, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 14 de noviembre de 1995, recaída en el expediente nº 35/0208/95, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas, en el sentido de reducción de la multa a veinte mil (20.000) pesetas.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Sanidad y Consumo exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Sanidad y Consumo.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de abril de 1997.- El Secretario General Técnico, Víctor Manuel Pérez Borrego.
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