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BOC Nº 077. Viernes 13 de Junio de 1997 - 730

I. DISPOSICIONES GENERALES - Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente

730 - DECRETO 94/1997, de 9 de junio, de modificación del Decreto 11/1997, de 31 de enero, por el que se regula la constitución de un censo de edificaciones no amparadas por licencia y por el que se establecen los supuestos de suspensión de la ejecutoriedad de las órdenes de demolición.

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El Decreto 11/1997, de 31 de enero, regula la constitución de un censo de edificaciones no amparadas por licencia y establece los supuestos de suspensión de la ejecutoriedad de las órdenes de demolición.

Por Resolución aprobada por el Pleno del Parlamento de Canarias de los días 23 y 24 de abril de 1997 se insta al Gobierno de Canarias a modificar el Decreto citado, en sus artículos 1, 5.2, 8.d) y 9.c), llevando aparejada dicha modificación la necesidad de ampliar el plazo previsto en los artículos 2.1, 4 y 9.a), al ampliarse, asimismo, los supuestos de edificaciones inscribibles en el censo.

Por otra parte, se ha estimado preciso que, en relación a las edificaciones cuya legalización se pretenda llevar a cabo conforme a lo dispuesto en el citado Decreto, se establezcan unas condiciones de habitabilidad específicas para el otorgamiento de las cédulas de habitabilidad, se prevea la posibilidad de establecer una serie de ayudas para las edificaciones que tengan la condición de vivienda unifamiliar única, y que se prorroguen, asimismo, las autorizaciones provisionales en vigor otorgadas para la contratación de los servicios públicos domésticos de suministro de energía eléctrica, agua, gas y telefonía.

En su virtud, en el ejercicio de las competencias exclusivas que en materia de ordenación del territorio tiene atribuidas la Comunidad Autónoma de Canarias, conforme al artículo 30 del Estatuto de Autonomía, a propuesta de la Consejera de Política Territorial y Medio Ambiente, y previa deliberación del Gobierno en su sesión celebrada el día 9 de junio de 1997,

D I S P O N G O:

Artículo único.- Modificar el Decreto 11/1997, de 31 de enero, por el que se regula la constitución de un censo de edificaciones no amparadas por licencia y por el que se establecen los supuestos de suspensión de la ejecutoriedad de las órdenes de demolición, mediante la nueva redacción de los artículos 1, 2.1, 4, 5.2, 8.d), 9.a) y 9.c), y la incorporación de una Disposición Adicional Primera, una Disposición Adicional Segunda y una Disposición Transitoria, en los términos que se señalan a continuación:

“Artículo 1.- La Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias procederá a la confección de un censo de edificaciones sin licencia municipal o sin ajustarse a sus determinaciones que, con anterioridad al 24 de mayo de 1996 estuvieran terminadas en su estructura y cubierta o se hubiese suspendido su ejecución por alguna de las Administraciones competentes, en orden a la protección de la legalidad urbanística. Artículo 2.1. Dentro de los cuatro meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el propietario o promotor de la edificación, a que hace referencia el artículo anterior, podrá solicitar la inscripción de la misma al Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental. Artículo 4.- Las Corporaciones Locales competentes, dentro de los cinco meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, podrán acordar la formulación, revisión o modificación del planeamiento general en orden a atender la demanda social existente que resulte justificada y compatible con una adecuada ordenación y protección del territorio.

Cuando un instrumento de planeamiento se encuentre en tramitación, podrá igualmente acordarse dicha adaptación, sin perjuicio, en su caso, de la apertura de un nuevo período de información pública.

Los acuerdos a que se refieren los apartados anteriores deberán ser comunicados por la Administración Local a la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental dentro de los diez días siguientes a su adopción.

Artículo 5.2.- Igualmente, y aun no teniendo la señalada clasificación o calificación, podrá modificarse la normativa urbanística a aplicar sobre las áreas de suelo con edificaciones preexistentes, en orden a posibilitar la legalización de éstas, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

a) Uso residencial o agropecuario.

b) Idoneidad técnica, certificada por técnico competente acerca de las condiciones de seguridad, habitabilidad y estética, bien en el estado actual o por admitir corrección de sus deficiencias.

c) Adecuación urbanística y ambiental al entorno en que se ubica.

Artículo 8.d).- Que la edificación esté ubicada en un suelo calificado por el planeamiento urbanístico como dotacional público, zona verde o espacio libre.

Artículo 9.a).- Por el transcurso de cinco meses desde la entrada en vigor del presente Decreto, sin que la Administración Local correspondiente haya adoptado el acuerdo previsto en el artículo 4.

Artículo 9.c).- Transcurridos dos meses desde la entrada en vigor del planeamiento general o en su caso, del especial, sin que el promotor de la edificación o su propietario haya instado su legalización, o por el transcurso del tiempo señalado en la autorización y/o licencia para ejecutar las medidas correctoras que se indiquen en dichos títulos, sin que las mismas se hayan aplicado.” DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- La Consejería competente en materia de vivienda, establecerá las condiciones de habitabilidad específicas para el otorgamiento de las cédulas de habitabilidad respecto a las edificaciones censadas al amparo del presente Decreto y que sean objeto de legalización.

Segunda.- La Consejería competente en materia de vivienda en el marco de la normativa establecida para viviendas de autoconstrucción o rurales, podrá establecer ayudas que contribuyan a la legalización de las viviendas que regula el presente Decreto y siempre que tengan la condición de vivienda unifamiliar única.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las autorizaciones provisionales en vigor otorgadas por la Dirección General de Vivienda para la contratación de los servicios públicos domésticos de suministro de energía eléctrica, agua, gas y telefonía, se prorrogarán respecto a las edificaciones inscritas en el censo previsto en el presente Decreto, hasta su legalización de acuerdo con las prescripciones contenidas en el mismo.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de 1997.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Manuel Hermoso Rojas.

LA CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE, María Eugenia Márquez Rodríguez.

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