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BOC Nº 071. Lunes 2 de Junio de 1997 - 1626

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

1626 - RESOLUCIÓN de 17 de abril de 1997, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica la Resolución de 26 de febrero de 1997, de este Centro Directivo, relativa al recurso ordinario nº 095/96 interpuesto por D. Manuel Lobato Cabañas, en representación de la entidad mercantil Tramps Internacional, S.L.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado.

Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Manuel Lobato Cabañas, en representación de la entidad mercantil Tramps Internacional, S.L., la Resolución de 26 de febrero de 1997 (libro nº 1, folio 28, nº 062), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 095/96 (expediente nº TF-2913-0-95), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 15 de abril de 1996.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 1997.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. Manuel Lobato Cabañas, en representación de la entidad mercantil Tramps Internacional, S.L.

Visto el recurso ordinario formulado por D. Manuel Lobato Cabañas, en representación de la entidad mercantil Tramps Internacional, S.L., contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 15 de abril de 1996, recaída en el expediente sancionador nº TF-2913-0-95, y teniendo a la vista los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo, TF-2114-BB, un transporte público ligero de mercancías careciendo de autorización administrativa, dando lugar a la sanción de cincuenta mil (50.000) pesetas.

Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que con fecha 28 de abril de 1995 se solicitó la autorización administrativa de transporte y, por consiguiente, con anterioridad a la denuncia y que la tiene concedida con el nº 690724-1, solicitando, en definitiva, se deje sin efecto la sanción impuesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.

Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 15 de abril de 1996, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 140.a) en relación con el artículo 141.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículo 197.a) en relación con el artículo 198.p) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, y Decreto 12/1992, de 7 de febrero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte, por los que se considera infracción administrativa muy grave; si bien al tratarse de un vehículo ligero fue atenuada como grave, la realización de transportes públicos o actividades auxiliares o complementarias de los mismos, para las cuales la normativa reguladora de los transportes terrestres exija título administrativo habilitante, careciendo de la preceptiva concesión o autorización del transporte o de la actividad de que se trate.

Teniendo en cuenta que según consta en la denuncia, amparada por una presunción iuris tantum de veracidad al ser formulada por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, quien, de acuerdo con el artículo 32.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, venía obligado a realizarla, estando desligado de los hechos y de sus participantes al encontrarse en una situación de independencia material y subjetiva que permite estimar su apreciación desprovista de todo perjuicio y, por ende, utilizar la misma como elemento de juicio suficiente para basar en él una decisión acertada y justa (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 1982), el vehículo realizaba un servicio público careciendo de autorización de transportes constituyendo el hecho denunciado infracción administrativa de carácter muy grave, si bien fue atemperada como grave, sin que haya sido desvirtuada mediante prueba en contrario ya que de la documentación aportada por el recurrente así como del informe emitido por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 9 de diciembre de 1996, que obra en el expediente, se desprende que en el momento de la denuncia, el vehículo TF-2114-BB carecía de título habilitante ya que si bien su solicitud fue presentada el 28 de abril de 1995, ésta se encontraba incompleta al no aportar toda la documentación preceptiva, por lo que la entidad recurrente fue requerida el 18 de mayo de 1995 para que aportara el permiso de circulación (servicio público); el título de transportista; los seguros sociales de la empresa y la I.T.V. en vigor, no siendo aportada la documentación hasta el 12 de diciembre de 1995, siéndole otorgada en esa fecha la autorización provisional. En consecuencia procede desestimar el recurso interpuesto confirmando la Resolución sancionadora.

Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Desestimar en todos sus términos el recurso ordinario promovido por D. Manuel Lobato Cabañas, en representación de la entidad mercantil Tramps Internacional, S.L., y confirmar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 15 de abril de 1996, recaída en el expediente sancionador nº TF-2913-0-95, que determinó la imposición de una sanción de cincuenta mil (50.000) pesetas, manteniéndose en consecuencia todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Resolución exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.

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