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BOC Nº 071. Lunes 2 de Junio de 1997 - 1625

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

1625 - RESOLUCIÓN de 17 de abril de 1997, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica la Resolución de 26 de febrero de 1997, de este Centro Directivo, relativa al recurso ordinario nº 660/95 interpuesto por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de la entidad mercantil Franyasmar Bus, S.L.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado.

Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de la entidad mercantil Franyasmar Bus, S.L., la Resolución de 26 de febrero de 1997 (libro nº 1, folio 28, nº 054), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 660/95 (Expte. nº GC-0979-0-95), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 4 de agosto de 1995.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 1997.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín. A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de la entidad mercantil Franyasmar Bus, S.L.

Visto el recurso ordinario formulado por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de la entidad mercantil Franyasmar Bus, S.L., contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 4 de agosto de 1995, recaída en el expediente sancionador nº GC-0979-0-95, y teniendo a la vista los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo, matrícula GC-9153-AM, un transporte de viajeros careciendo del libro de ruta, dando lugar a la sanción de cuarenta y seis mil (46.000) pesetas.

Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que la sociedad mercantil tiene por objeto el servicio público de transporte de pasajeros por carretera que presta en diversas islas de la Comunidad Autónoma Canaria; que el vehículo cuenta con la totalidad de los permisos o requisitos administrativos a los que la documentación interesada se contrae no encontrando el conductor el libro de ruta del autobús en cuestión a la fecha de ser parado por la Guardia Civil de Tráfico por no ser el que habitualmente presta servicio en el referido autobús, no obstante insisten en encontrarse el autobús en posesión del correspondiente libro de ruta; que ofrecen, tan pronto se requiera para ello, como prueba documental dicho libro de ruta del vehículo en regla pero interesando se fije, a los oportunos efectos probatorios, día y hora para la diligencia de comprobación y verificación que deberá llevarse a cabo en la isla de Fuerteventura en la que el vehículo del que se trata se encuentra, dado que el libro de ruta debe encontrarse siempre en el interior del vehículo y por dicho motivo es materialmente imposible aportar el mismo, solicitando se exonere a su representada, previa verificación por la Administración de los hechos relatados, de dar cumplimiento al requerimiento formulado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.

Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por la entidad recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 4 de agosto de 1995, que se adoptó en base a los dispuesto en el artículo 142.l) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículo 199.n) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, que consideran infracción leve la carencia o falta de datos esenciales de la declaración de porte, la hoja de ruta u otra documentación obligatoria.

Teniendo en cuenta que resulta debidamente acreditado, según consta en el boletín de denuncia nº 13.037, formulado por Agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.2 de la citada Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección para un eficaz cumplimiento de sus funciones, que el vehículo, del que es titular la entidad recurrente, realizaba en la fecha de la denuncia, 18 de marzo de 1995, un transporte de viajeros careciendo del libro de ruta, sin que tales hechos, en momento alguno, hayan sido desvirtuados mediante prueba en contrario aportada al presente expediente sancionador, que destruya la presunción iuris tantum de veracidad que ampara a dicha denuncia y sin que puedan ser consideradas las alegaciones de la entidad expedientada, como circunstancias atenuantes o eximentes de la responsabilidad administrativa derivada de la comisión de la infracción denunciada, en consecuencia, procede confirmar la Resolución sancionadora impugnada por ser ajustados a Derecho sus pronunciamientos, manteniendo la sanción impuesta. Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Desestimar en todos sus términos el recurso ordinario promovido por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de la entidad mercantil Franyasmar Bus, S.L. y confirmar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 4 de agosto de 1995, recaída en el expediente sancionador nº GC-0979-0-95, que determinó la imposición de una sanción de cuarenta y seis mil (46.000) pesetas, manteniéndose en consecuencia todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Resolución exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.

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