BOC Nº 010. Miércoles 22 de Enero de 1997 - 87

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Política Territorial

87 - RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1996, de la Dirección General de Urbanismo, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 29 de octubre de 1996, que aprueba definitivamente el Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Sardina-2, promovido por la Corporación Local, en el término municipal de Gáldar (Gran Canaria).

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En ejecución de la legislación aplicable, por la presente,

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Canarias del Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de fecha 29 de octubre de 1996, por el que se aprueba definitivamente el Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Sardina-2, promovido por la Corporación Local, término municipal de Gáldar cuyo texto figura como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de 1996.- El Director General de Urbanismo, Juan César Muñoz Sosa.

A N E X O

La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 29 de octubre de 1996, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Aprobar definitivamente, al amparo de lo preceptuado en el artículo 132.3.a) del Reglamento de Planeamiento, el Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Sardina-2, en el término municipal de Gáldar (Gran Canaria).

Segundo.- El presente Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y será debidamente notificado al Ayuntamiento de Gáldar y al Cabildo Insular de Gran Canaria.

Contra este acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de su notificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación al artº. 8 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.