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BOC Nº 167. Viernes 27 de Diciembre de 1996 - 3765

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

3765 - RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 1996, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería que resuelve el recurso ordinario interpuesto por Dña. Rita Vermeersch, contra la Resolución de la Dirección General de Consumo, de 8 de agosto de 1995, recaída en el expediente nº 38-259/95.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a la Sra. Dña. Rita Vermeersch la Orden de 9 de abril de 1996, registro de salida nº 216/R, que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 8 de agosto de 1995.

2.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.- Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 1996. El Secretario General Técnico, Víctor Manuel Pérez Borrego.

A N E X O

Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo por la Sra. Dña. Rita Vermeersch, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 8 de agosto de 1995, recaída en el expediente nº 38-259/95, y que determinó la imposición de una sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas, y

RESULTANDO

Primero: que el día 22 de febrero de 1995, un Inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en un establecimiento minorista de textil, de rótulo Americanino, del que es titular Dña. Rita Vermeersch, sito en el Centro Comercial Santa Cruz, planta 2ª, Santa María del Mar, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, levantando el acta nº 41.199 instruida al efecto, y comprobando que en el escaparate de este establecimiento, hay expuestas y dispuestas para su venta al público diversas prendas, en concreto: cazadoras, pantalones, vaqueros, camisas, etc. careciendo de los preceptivos marcados de precios de venta al público.

Siendo este hecho constitutivo de infracción en materia de consumo.

Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el artículo 13 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en los artículos 13 y 34, apartado 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en conexión con los artículos 2º, 4º y 8º del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios.

Tercero: que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente, con una sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas.

Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 18 de septiembre de 1995, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente: en todos los años que llevo en el mundo comercial nunca he dejado de marcar las prendas con sus respectivos precios como paso inicial, aun antes de colocarlas en las estanterías o a la vista del público; otra cosa es que tales precios no estuvieran a la vista del público.

Es decir, se niega expresamente la comisión de los hechos narrados en la referencia de hechos que contiene la Resolución impugnada.

En cualquier caso, el hecho de que pareciera que las prendas carecieran de los preceptivos marcados se podría deber al hecho de que estaba en plena liquidación de existencias por cierre del comercio, como así sucedió cinco días después de que se me levantara el acta.

Quinto: que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Sanidad y Consumo.

Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en los artículos 13 y 34, apartado 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en conexión con los artículos 2º, 4º y 8º del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios.

Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por el Decreto 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la resolución sancionadora del Director General de Consumo, por cuanto los hechos constatados por los Inspectores tienen valor probatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 17.5 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

En consecuencia, dado el incumplimiento comprobado de las disposiciones indicadas en el considerando segundo, el recurrente incurre en responsabilidad.

Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al Titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

VISTOS

Además de los preceptos legales citados, el artículo 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones de general o particular aplicación. El Consejero de Sanidad y Consumo, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA:

Desestimar el recurso ordinario interpuesto por la Sra. Dña. Rita Vermeersch, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 8 de agosto de 1995, recaída en el expediente nº 38-259/95, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses, desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Sanidad y Consumo exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 9 de abril de 1996. El Consejero de Sanidad y Consumo, Julio Bonis Álvarez.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 1996.- El Secretario General Técnico, Víctor Manuel Pérez Borrego.

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