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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, R E S U E L V O:
1.- Notificar a D. Florence Josyane Bonnel la Orden de 28 de marzo de 1996, registro de salida nº 174/R, que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 5 de mayo de 1995.
2.- Remitir al Ayuntamiento de Adeje la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 1996. El Secretario General Técnico, Víctor Manuel Pérez Borrego.
A N E X O
Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo por D. Florence Josyane Bonnel, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 5 de mayo de 1995, recaída en el expediente nº 38-126/95, y que determinó la imposición de una sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas, y
RESULTANDO
Primero: que los días 30 de noviembre de 1994 y 18 de enero del año en curso, un Inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en el Bazar Artesanías, del que es titular D. Florence Josyane Bonnel, sito en el Centro Comercial Fañabé I, local 37, término municipal de Adeje, y mediante actas números 35.806 y 41.019 instruidas al efecto, comprobó que tenía dispuestas para su venta al público diversas prendas textiles, tales como blusas, faldas, camisas, en las que no figuraba en el etiquetado el nombre del importador, estando todos sus datos redactados en idioma extranjero (inglés). Entre estos datos aparecía Adini Made in India.
Asimismo, se aprecia una obstrucción a la labor inspectora toda vez que en el acta nº 35.806, de fecha 30 de noviembre de 1994, al no presentarse la Licencia Municipal de Apertura e Impuesto de Actividades Económicas, se concedió un plazo de 10 días para presentar estos documentos en estas dependencias de la Dirección General de Comercio y Consumo, no habiéndose realizado.
Posteriormente en fecha 18 de enero del presente año se acude nuevamente para recabar datos del nombre o denominación social de la empresa y N.I.F. de la empleada Dña. Patricia Valles Chedorante, compareciente igualmente en la visita inspectora anterior, sigue sin conocer estos datos, careciendo de algún documento para poder suministrarlos. El Inspector actuante finalmente tuvo que acudir al Ayuntamiento para la obtención de los mismos.
Ambos hechos, etiquetado incorrecto en prenda textil y obstrucción a la labor inspectora, son constitutivos de infracción en materia de consumo.
Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el artículo 13 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 17, del Real Decreto 928/1987, de 5 de junio, que regula el etiquetado y composición de los productos textiles (B.O.E. nº 170), artículo 6 del Real Decreto 396/1990, de 16 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 928/1987, de 5 de junio (B.O.E. nº 74), artículos 3 apartado 3.3.4; 5 apartado 1, y 14 apartado 1, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), artículo 34, apartados 6, 8 y 9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176).
Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente con una sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas.
Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 12 de junio de 1995, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente: la empresa Adini es de nacionalidad inglesa, que manda hacer sus prendas en todo el mundo, no hay importador para España, sino que el fabricante vende directamente a toda Europa.
Grande fue nuestra sorpresa cuando recibí su carta de fecha 9 de mayo de 1995 y con nº salida 2.737(2), donde imponen una sanción de multa de 60.000 pesetas, por que según conversación telefónica todo estaba solucionado y en ningún momento se nos comunicó que había que reaccionar por escrito.
Para más información suya adjunto copias de:
- Factura Adini, Londres.
- Documentos de transporte Londres-Tenerife.
- Etiqueta original de una de las prendas.
Quinto: que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas. Y siendo de aplicación los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Sanidad y Consumo.
Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artículo 6, apartado 17, del Real Decreto 928/1987, de 5 de junio, que regula el etiquetado y composición de los productos textiles (B.O.E. nº 170), artículo 6 del Real Decreto 396/1990, de 16 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 928/1987, de 5 de junio (B.O.E. nº 74), artículos 3 apartado 3.3.4; 5 apartado 1, y 14 apartado 1, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), artículo 34, apartados 6, 8 y 9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176).
Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artículo 18.2.B, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, aprobado por el Decreto 228/1993, de 29 de julio (B.O.C. nº 116), competencias asumidas por la Consejería de Sanidad y Consumo, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 93), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 36.1, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguientemente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la resolución sancionadora del Director General de Comercio y Consumo, por cuanto el artº. 27.1.a) de la citada Ley 26/1984, de 19 de julio, establece la responsabilidad del suministrador de bienes respecto del origen, identidad e idoneidad de los mismos, de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que lo regulan.
En consecuencia, el recurrente incurre en responsabilidad dado el incumplimiento comprobado de las disposiciones ya indicadas en el considerando segundo.
Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al Titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
VISTOS
Además de los preceptos legales citados, el artículo 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones de general o particular aplicación.
El Consejero de Sanidad y Consumo, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA:
Desestimar en todos sus términos el recurso ordinario interpuesto por D. Florence Josyane Bonnel, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 5 de mayo de 1995, recaída en el expediente nº 38-126/95, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses, desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Sanidad y Consumo exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 28 de marzo de 1996.- El Consejero de Sanidad y Consumo, Julio Bonis Álvarez.
Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 1996.- El Secretario General Técnico, Víctor Manuel Pérez Borrego.
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