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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado.
Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Manuel Morales Ventura, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante La Cantina, la Resolución de 19 de marzo de 1996 (libro nº 1, folio 3, número 19), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 95/95 (expediente nº 174/94), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística de fecha 19 de enero de 1995.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Teguise (Lanzarote) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de octubre de 1996.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín. A N E X O
Resolución de la Viceconsejería de Turismo por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. Manuel Morales Ventura.
Visto el recurso ordinario formulado por D. Manuel Morales Ventura, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante La Cantina, contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística de fecha 19 de enero de 1995, recaída en el expediente sancionador nº 174/94, y teniendo a la vista los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística consistente en Realizar la actividad turística de restaurante en el establecimiento de referencia, careciendo de la preceptiva autorización de apertura de la Administración turística canaria. No haber comunicado a la Administración turística canaria los precios que rigen en la prestación de los servicios. Carecer en el establecimiento de Libro de Inspección. Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones que debe tener con carácter obligatorio, hechos que determinaron la imposición de sanción en cuantía de doscientas mil (200.000) pesetas.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso ordinario solicitando el archivo del expediente, a cuyos efectos se exponen, en síntesis, los siguientes argumentos: que con fecha 29 de julio de 1989, bajo la signatura R-35/3/0358, se otorgó a favor de D. Manuel Ángel Morales Ventura, autorización de apertura y clasificación en tercera categoría, se adjunta certificado relativo a la autorización turística, fotocopia del duplicado del Libro de Inspección así como diligencia de las Hojas de Reclamaciones y fotocopia de la última lista de precios sellada; que, por lo tanto, consideran que no se ha producido infracción por su parte de los hechos imputados, de ahí que soliciten el archivo del expediente incoado al no existir incumplimiento de lo legalmente establecido.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Viceconsejero de Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes, en relación con los artículos 11 y 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.
Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos de índole adjetiva o formal determinantes de su admisión a trámite. Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y siguientes de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del régimen de disciplina en materia turística, con respecto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente modifican sustancialmente los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora de fecha 19 de enero de 1995, que se adoptó en base a lo dispuesto en los artículos 6 y 30.1 de la Orden Ministerial por la que se aprueba la ordenación turística de restaurantes, modificada por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, y artículos 1 y 3 de la Orden de 31 de octubre de 1970, que establece la obligatoriedad del Libro de Inspección para las industrias y empresas, y artículo 1º de la Orden de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias de 13 de noviembre de 1986, por la que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los clientes en establecimientos turísticos.
Teniendo en cuenta que resulta debidamente acreditado, mediante la documentación aportada por el recurrente al presente expediente sancionador, que el establecimiento expedientado contaba con la pertinente autorización desde la fecha de 26 de julio de 1989, muy anterior, por tanto, a la fecha en que se levantó la correspondiente acta de inspección de 8 de marzo de 1994, que dio origen a la incoación del expediente sancionador, habiendo quedado desvirtuados los hechos recogidos en la misma, siendo destruida la presunción que ampara dicha acta aunque, si bien respecto del hecho infractor consistente en No haber comunicado a la Administración turística canaria los precios que rigen en la prestación de los servicios no consta claramente que tal comunicación se haya realizado con anterioridad, pues la lista de precios sellada aportada por el recurrente es de 13 de marzo de 1995, y en este sentido el Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote mediante escrito de fecha 3 de mayo de 1995 indica que aquélla es la última y única lista de precios selladas del referido establecimiento turístico, sin embargo tal afirmación no prueba fehacientemente la comisión de la infracción denunciada pues lo cierto es que habitualmente para la obtención de la correspondiente autorización, como la que posee el establecimiento en cuestión, debe acompañarse la documentación necesaria que no es otra que la presentada por el recurrente, que quizás pudo aportar en el momento procedimental oportuno, aunque la misma no conste en los archivos del órgano competente por causas que no sólo se desconocen sino que en modo alguno, pueden imputarse al administrado, ahora recurrente y dado que según se recoge en la Sentencia de 16 de diciembre de 1991 reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo recuerda el carácter cuasi-penal del Derecho Administrativo sancionador en el que rigen, con ciertos matices, los mismos principios que en el derecho penal al ser ambos manifestaciones del orden punitivo del Estado y es de aplicación el principio de presunción de inocencia (in dubio pro reo) consagrado en el artículo 24 de la Constitución que exige, ante todo, una prueba fehaciente y cumplida por parte de la Administración de los hechos cuya realización por el infractor sirven de base a la imposición de la sanción, en consecuencia, resulta procedente estimar el recurso ordinario interpuesto y revocar la Resolución sancionadora impugnada, dejando sin efectos la sanción impuesta.
Quinto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resultas en otros anteriores, de acuerdo con en el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Estimar el recurso ordinario promovido por D. Manuel Morales Ventura, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante La Cantina y revocar la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística de fecha 19 de enero de 1995, recaída en el expediente sancionador nº 174/94, que determinó la imposición de una sanción de doscientas mil (200.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Resolución exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Viceconsejero de Turismo, Jaime Celso Rodríguez Cíe.
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