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BOC Nº 137. Miércoles 30 de Octubre de 1996 - 3173

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

3173 - RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 1996, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Resolución de este Centro Directivo, resolutoria del recurso ordinario interpuesto por D. Ulrich Pikl.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado. Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Ulrich Pikl la Resolución de 18 de junio de 1996 (libro nº 1, folio 21, número 279), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 524/95 (expediente nº TF-0926-0-95), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 18 de octubre de 1995.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Mazo (La Palma) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de octubre de 1996.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín. A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. Ulrich Pikl.

Visto el recurso ordinario formulado por D. Ulrich Pikl contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 18 de octubre de 1995, recaída en el expediente sancionador nº TF-0926-0-95, y teniendo a la vista los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo OAL-CN-987 un servicio de alquiler sin conductor careciendo de autorización administrativa dando lugar a la sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas.

Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que no ha recibido notificación alguna del mencionado expediente y que no entiende lo recogido en la Resolución impugnada, desconociendo lo que significa servicio ASC y que se ve sin posibilidad de defensa, solicitando, en definitiva, se deje sin efecto la sanción impuesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes. Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente alteran sustancialmente los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 18 de octubre de 1995, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y artículos 174 y 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, y Real Decreto 215/1994, de 28 de octubre, regulador de la actividad y régimen de autorizaciones de transporte sin conductor de vehículos turismo, por los que se considera infracción administrativa muy grave, la realización de transportes públicos o actividades auxiliares o complementarias de los mismos para las cuales la normativa reguladora de los transportes terrestres exija título administrativo habilitante, careciendo de la preceptiva concesión o autorización del transporte o de la actividad de que se trate.

En efecto, a la vista de las alegaciones efectuadas por el recurrente y de lo actuado a lo largo del expediente de referencia, queda acreditado que al administrado se le ha privado de su derecho de defensa y de formular alegaciones dado que incluso en la Resolución impugnada se recoge de forma imprecisa y equívoca el hecho infractor al señalar como tal que el vehículo realizaba un servicio de ASC careciendo de tarjeta de transportes por lo que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992 en su artículo 135 y los artículos 9 y 24.2 de la CE que consagra el principio de seguridad jurídico y de defensa, procede estimar el presente recurso, retrotrayendo el expediente de referencia al momento de notificar al interesado la incoación del expediente sancionador.

Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resultas en otros anteriores, de acuerdo con en el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación, R E S U E L V O:

Estimar, en todos sus términos, el recurso ordinario promovido por D. Ulrich Pikl y revocar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 18 de octubre de 1995, recaída en el expediente sancionador nº TF-0926-0-95, que determinó la imposición de una sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas, retrotrayendo el expediente de referencia al momento de notificar su incoación al titular del vehículo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Resolución exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica, p.d. (Orden de 9.10.95; B.O.C. nº 136, de 23.10.95), Rosa María Rodríguez Martín.

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