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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada. Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a Transportes y Excavaciones Rumasa, S.L. la Resolución de 5 de junio de 1996 (libro nº 1, folio nº 20, número 248), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 581/95 (expediente nº GC-0541-0-95), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 19 de junio de 1995.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Valsequillo (Gran Canaria) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 11 de septiembre de 1996.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.
A N E X O
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. José Antonio Muñoz Hernández, en representación de Transportes y Excavaciones Rumasa, S.L.
Visto el recurso ordinario formulado por D. José Antonio Muñoz Hernández, en representación de Transportes y Excavaciones Rumasa, S.L., contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 19 de junio de 1995, recaída en el expediente sancionador nº GC-0541-0-95, y teniendo a la vista los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en carecer el vehículo, matrícula GC-9114-M, de la tarjeta de transportes en servicio público de mercancías, dando lugar a la sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas y precintado del vehículo 3 meses.
Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que el Excmo. Cabildo de Gran Canaria autorizó el cambio de titularidad de la tarjeta del vehículo con anterioridad a la denuncia, estando en ese momento dentro del término que se le concedió para tramitar la solicitud de la autorización administrativa, solicitando, en definitiva, se deje sin efecto la sanción impuesta. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.
Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 19 de junio de 1995, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículo 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, por los que se considera infracción administrativa muy grave, la realización de transportes públicos o actividades auxiliares o complementarias de los mismos, para las cuales la normativa reguladora de los transportes terrestres exija título administrativo habilitante, careciendo de la preceptiva concesión o autorización del transporte o de la actividad de que se trate.
En efecto, a la vista de la información facilitada por el Excmo. Cabildo de Gran Canaria, que obra en el expediente, con fecha 12 de diciembre de 1995, dicho Organismo autorizó la transmisión de la tarjeta de transporte del vehículo GC-9114-M en favor de la entidad expedientada por lo que en el momento de la denuncia se encontraba dentro del plazo de 3 meses concedido para formalizar la autorización administrativa. En consecuencia, procede estimar el recurso interpuesto, revocando la resolución sancionadora.
Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico. Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Estimar, en todos sus términos, el recurso ordinario promovido por D. José Antonio Muñoz Hernández, en representación de Transportes y Excavaciones Rumasa, S.L. y revocar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 19 de junio de 1995, recaída en el expediente sancionador nº GC-0541-0-95, que determinó la imposición de una sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas, y precintado del vehículo 3 meses.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Resolución exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. La Secretaria General Técnica, p.d. Orden de 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), Rosa María Rodríguez Martín.
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