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BOC Nº 133. Lunes 21 de Octubre de 1996 - 3021

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

3021 - RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 1996, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Resolución de este Centro Directivo que resuelve el recurso ordinario interpuesto por Transportes y Excavaciones Rumasa, S.L.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada.

Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Transportes y Excavaciones Rumasa, S.L. la Resolución de 15 de abril de 1996 (libro nº 1, folio nº 16, número 152), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 491/95 (expediente nº GC-0398-O-95), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 19 de junio de 1995.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Valsequillo (Gran Canaria) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de septiembre de 1996.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. José Antonio Muñoz Hernández, en representación de Transportes y Excavaciones Rumasa, S.L.

Visto el recurso ordinario formulado por D. José Antonio Muñoz Hernández, en representación de Transportes y Excavaciones Rumasa, S.L., contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 19 de junio de 1995, recaída en el expediente sancionador nº GC-0398-O-95, y teniendo a la vista los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo, matrícula A-8338-W, un transporte público de mercancías careciendo de autorización administrativa, dando lugar a la sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas, y precintado del vehículo 3 meses.

Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que el vehículo tiene presentada la solicitud de tarjeta de transportes, así como la documentación preceptiva ante el Cabildo Insular que otorgó la tarjeta de transportes, con carácter provisional el 7 de abril de 1995, y que no formuló descargos por encontrarse los dirigentes de la empresa de viajes, solicitando, en definitiva, se deje sin efecto la sanción impuesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.

Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 19 de junio de 1995, que se adoptó en base a lo dispuesto en los artículos 90 y 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y artículos 41 y 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, por los que se considera infracción administrativa muy grave, la realización de transportes públicos o actividades auxiliares o complementarias de los mismos, para las cuales la normativa reguladora de los transportes terrestres exija título administrativo habilitante careciendo de la preceptiva concesión o autorización del transporte o de la actividad de que se trate.

Teniendo en cuenta que según consta en la denuncia, amparada por una presunción “iuris tantum” de veracidad al ser formulada por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, quien, de acuerdo con el artículo 32.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, venía obligado a realizarla, estando desligado de los hechos y de sus participantes al encontrarse en una situación de independencia material y subjetiva que permite estimar su apreciación desprovista de todo perjuicio y, por ende, utilizar la misma como elemento de juicio suficiente para basar en él una decisión acertada y justa (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 1982), el vehículo realizaba un servicio público de mercancías careciendo de autorización de transportes, constituyendo el hecho denunciado infracción administrativa de carácter muy grave, sin que haya sido desvirtuada mediante prueba en contrario ya que de la documentación aportada por el recurrente se desprende que en el momento de la denuncia, el vehículo carecía de título administrativo habilitante que obtuvo con posterioridad a la denuncia sin que haya acreditado que en ese momento reunía todos los requisitos exigidos para su otorgamiento. En consecuencia, procede desestimar el recurso interpuesto, confirmando la resolución sancionadora.

Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario promovido por D. José Antonio Muñoz Hernández, en representación de Transportes y Excavaciones Rumasa, S.L. y confirmar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 19 de junio de 1995, recaída en el expediente sancionador nº GC-0398-O-95, que determinó la imposición de una sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas, y precintado del vehículo 3 meses, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Resolución exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Secretario General Técnico, p.d. Orden de 19 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), Jaime Celso Rodríguez Cíe, p.s. Orden de 18 de marzo de 1996 (B.O.C. nº 36, de 22.3.96).

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