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BOC Nº 098. Lunes 12 de Agosto de 1996 - 2277

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

2277 - RESOLUCIÓN de 10 de julio de 1996, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería que resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. Demetrio Hernández Sánchez, contra la Resolución de la Dirección General de Consumo de 12 de julio de 1995, recaída en el expediente nº 35/0163/95.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Demetrio Hernández Sánchez la Orden de 20 de marzo de 1996, registro de salida nº 144/R, que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 12 de julio de 1995.

2.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos. Santa Cruz de Tenerife, a 10 de julio de 1996.- El Secretario General Técnico, Víctor Manuel Pérez Borrego.

A N E X O

Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo por D. Demetrio Hernández Sánchez, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 12 de julio de 1995, recaída en el expediente nº 35/0163/95 y que determinó la imposición de una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas, y

RESULTANDO

Primero: que el día 9 de febrero de 1995, Inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el comercio de víveres, propiedad de D. Demetrio Hernández Sánchez, sito en la calle Suárez Naranjo, esquina calle Castrillo, 91, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y mediante acta levantada al efecto (nº 40.363) comprobaron que tenía expuesto para su venta al público un queso careciendo de etiquetado.

Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el artículo 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 12 de la Orden Ministerial de 29 de noviembre de 1985 (B.O.E. nº 292), que aprueba las normas de calidad de los quesos y quesos fundidos destinados al mercado interior, modificada por la Orden de 8 de mayo de 1987 (B.O.E. nº 113).

Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artº. 18 del Real Decreto 1.398/1993, en relación con el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas.

Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 24 de agosto de 1995, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:

Encontrándose la etiqueta dentro de la nevera.

Que dicho queso, sí tenía impreso el sello de su procedencia como todos los quesos de Fuerteventura.

Que al día siguiente de la inspección, se personó portando a la Dirección antes mencionada la etiqueta, al tiempo que proporcionaba el nombre del proveedor, así como factura correspondiente de la adquisición de la mercancía.

Quinto: que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Sanidad y Consumo.

Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 12 de la Orden Ministerial de 29 de noviembre de 1985 (B.O.E. nº 292), que aprueba las normas de calidad de los quesos y quesos fundidos destinados al mercado interior, modificada por la Orden de 8 de mayo de 1987 (B.O.E. nº 113).

Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 18.2.B), apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, aprobado por el Decreto 228/1993, de 29 de julio (B.O.C. nº 116), competencias asumidas por la Consejería de Sanidad y Consumo, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 93), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso pueden ser parcialmente tomadas en consideración en base al principio de proporcionalidad que debe imperar en todo el procedimiento sancionador establecido en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que determina la necesidad de guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, procediendo en consecuencia, una reducción de la sanción impuesta. Sin embargo, dichas alegaciones no desvirtuan la responsabilidad del recurrente en relación con el hecho infractor comprobado por cuanto: el artº. 27.1.a) de la citada Ley 26/1984, de 19 de julio, establece la responsabilidad del vendedor de bienes respecto del origen, identidad e idoneidad de los mismos “de acuerdo con las normas que lo regulan”.

Además, la factura presentada no es nexo causal suficiente para imputar la responsabilidad por la comisión de la infracción al emisor de la misma al ser un producto sin identificar.

En consecuencia, el recurrente incurre en responsabilidad dado el incumplimiento comprobado de las disposiciones ya indicadas en el Considerando II. Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

VISTOS

Además de los preceptos legales citados, el artículo 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y el Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.

El Consejero de Sanidad y Consumo, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA

Estimar parcialmente el recurso ordinario interpuesto por D. Demetrio Hernández Sánchez, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 12 de julio de 1995, recaída en el expediente nº 35/0163/95, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas, en el sentido de reducción de la multa a quince mil (15.000) pesetas.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses, desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Sanidad y Consumo exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Sanidad y Consumo.

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