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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles las Resoluciones recaídas en los expedientes incoados contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artº. 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la correspondiente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
1) VISTO EL EXPEDIENTE NÚMERO: 38-87/96. INSTRUIDO A: D. Atanasio Benito Díaz Santana. D.N.I. o N.I.F.: 42.928.834-R.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
REFERENCIA DE HECHOS: el día 30 de noviembre de 1995, un Inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en un establecimiento minorista de carnes, del que es titular D. Atanasio Benito Díaz Santana, sito en la Plaza del Adelantado, Mercado Municipal del término municipal de La Laguna, levantando el acta número 42.612, instruida al efecto, y comprobando que hay expuestos y dispuestos para su venta al público diversos tipos de carne fresca, de bovina, pechugas y canales de pollo, lomo de cerdo, etc., careciendo del preceptivo marcado de precios de venta al público. Lo que implica la comisión de una infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo dispuesto en el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 5 de la Resolución de la Dirección General de Comercio Alimentario de 7 de julio de 1975 (B.O.E. de 11 de julio), en relación con los artículos 1 y 3 del Decreto del Ministerio de Comercio número 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 24 de mayo de 1996, mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de diez días concedido al efecto formulara alegaciones. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artº. 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 109), en conexión con los artículos 11, apartado f), y 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre),
ACUERDO
Imponer a D. Atanasio Benito Díaz Santana la sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 13 de junio de 1996.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
PROVIDENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO
Por cese en esta Consejería del funcionario D. Germán Grassa Vargas, Instructor del presente expediente nº 38-87/96,
ACUERDO
Sustituirlo por el Jefe de Servicio de Consumo D. Álvaro Jiménez Cámara, que desde esta fecha 1 de julio de 1996, seguirá la correspondiente tramitación del expediente.
El Instructor nombrado podría ser recusado por los motivos establecidos en el artículo 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, B.O.E. nº 285, y en la forma prevista en el artº. 29 del mismo cuerpo legal.
Lo que notifico a los efectos oportunos.
Santa Cruz de Tenerife, a 13 de junio de 1996.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
2) VISTO EL EXPEDIENTE NÚMERO: 38-93/96. INSTRUIDO A: D. Leoncio Martínez González. D.N.I. o N.I.F.: 42.056.426-Y.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
REFERENCIA DE HECHOS: el día 21 de noviembre de 1996, un Inspector de esta Dirección General realizó visita de inspección en un establecimiento minorista textil del que es titular D. Leoncio Martínez González, sito en la Avenida Ramón y Cajal, 62, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta número 42.603, instruida al efecto, y comprobando que en el escaparate exterior del establecimiento hay expuestas y dispuestas para su venta al público diversas prendas textiles como vestido, falda, rebeca, chaqueta, etc., careciendo dichos productos del preceptivo marcado de precios de venta al público. Siendo este hecho constitutivo de infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo dispuesto en los artículos 13 y 34, apartado 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en conexión con los artículos 2º, 4º y 8º del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 27 de mayo de 1996, mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de diez días concedido al efecto formulara alegaciones. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artº. 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 109), en conexión con los artículos 11, apartado f), y 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre),
ACUERDO
Imponer a D. Leoncio Martínez González la sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 18 de junio de 1996.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio de 1996.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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