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BOC Nº 075. Viernes 21 de Junio de 1996 - 1671

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

1671 - RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1996, de la Dirección General de Transportes, por la que se notifica la Resolución de 22 de marzo de 1996, que resuelve el recurso de revisión interpuesto por D. Miguel Ángel Fernández Jiménez.

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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Miguel Ángel Fernández Jiménez la Resolución de 22 de marzo de 1996, que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de revisión, expediente nº GC-2355/0/91, interpuesto contra la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones, de fecha 21 de julio de 1992.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Brígida la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de mayo de 1996.- El Director General de Transportes, Antonio Betancort González.

A N E X O

Resolución por la que se resuelve el recurso de revisión interpuesto por D. Miguel Ángel Fernández Jiménez.

Visto el recurso de revisión formulado por D. Miguel Ángel Fernández Jiménez contra la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes, de fecha 21 de julio de 1992, recaída en el expediente sancionador nº GC-2355/0/91, y teniendo a la vista los siguientes:

Resultando que como consecuencia de denuncia de la Guardia Civil se incoó expediente sancionador por carecer de tarjeta de transportes en servicio público de mercancías.

Resultando que contra D. Miguel Ángel Fernández Jiménez, titular del vehículo denunciado se dictó Resolución sancionadora el 15 de julio de 1992 imponiéndose sanción por una cuantía de 50.000 pesetas en virtud de los artículos 90 y 140.a), en relación con el artº. 141.o) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, artículos 41 y 197.a), en relación con el artº. 198.p) del Real Decreto 1.211/1990 (B.O.E. de 8.10.90).

Resultando que tras haber transcurrido el plazo para la interposición de recurso administrativo ordinario, sin que por parte del denunciado se hiciera uso de este derecho, devino la Resolución sancionadora en firme y definitiva, dándose traslado a la Consejería de Economía y Hacienda para que efectuara el cobro de la sanción.

Resultando que por D. Miguel Ángel Fernández Jiménez se ha interpuesto recurso extraordinario de revisión en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta alegando, en síntesis, que el vehículo GC-9731-AB en esas fechas se encontraba en posesión de dicha tarjeta según se acredita con fotocopia.

Considerando que el Director General de Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso, según lo establecido en el artº. 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, y artº. 8 del Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Considerando que el día de la denuncia (19.12.91) el vehículo denunciado no contaba con la autorización administrativa, documento necesario que habilitaba para la realización del transporte, como se demuestra con la fotocopia de la tarjeta aportada por el titular del vehículo ya que la misma fue otorgada en el mes de septiembre de 1992.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

D I S P O N G O:

Desestimar el presente recurso y confirmar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 15 de julio de 1992.

Contra la presente Resolución cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Resolución, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

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