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BOC Nº 075. Viernes 21 de Junio de 1996 - 1670

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

1670 - RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1996, de la Dirección General de Transportes, por la que se notifica la Resolución de 19 de marzo de 1996, que resuelve el recurso de revisión interpuesto por D. Miguel Ángel Fernández Jiménez.

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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Miguel Ángel Fernández Jiménez la Resolución de 19 de marzo de 1996, que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de revisión, expediente nº GC-2416/0/92, interpuesto contra la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones, de fecha 6 de abril de 1993.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Brígida la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de mayo de 1996.- El Director General de Transportes, Antonio Betancort González.

A N E X O

Resolución por la que se resuelve el recurso de revisión interpuesto por D. Miguel Ángel Fernández Jiménez.

Visto el recurso de revisión formulado por D. Miguel Ángel Fernández Jiménez, contra la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes, de fecha 6 de abril de 1993, recaída en el expediente sancionador nº GC-2416/0/92, y teniendo a la vista los siguientes:

Resultando que como consecuencia de denuncia de la Guardia Civil se incoó expediente sancionador por carecer de la autorización especial en transporte público de mercancías. Resultando que contra D. Miguel Ángel Fernández Jiménez, titular del vehículo denunciado, se dictó Resolución sancionadora el 29 de marzo de 1993 imponiéndose sanción por una cuantía de 230.000 pesetas en virtud de los artículos 141.q) LOTT y 198.s) del Real Decreto 1.211/1990 (B.O.E. de 8.10.90).

Resultando que tras haber transcurrido el plazo para la interposición de recurso administrativo ordinario, sin que por parte del denunciado se hiciera uso de este derecho, devino la Resolución sancionadora en firme y definitiva, dándose traslado a la Consejería de Economía y Hacienda para que efectuara el cobro de la sanción.

Resultando que por D. Miguel Ángel Fernández Jiménez se ha interpuesto recurso extraordinario de revisión en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta alegando, en síntesis, que el vehículo GC-9731-AB se encontraba en posesión de la autorización según acredita con fotocopia y certificado.

Considerando que el Director General de Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso, según lo establecido en el artº. 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, y artº. 8 del Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Considerando que el titular del vehículo denunciado GC-9731-AB ha acreditado la posesión de la autorización administrativa necesaria, así como del certificado expedido por la Consejería de Industria y Comercio para la realización del servicio objeto de la denuncia como se acredita por la documentación aportada.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

D I S P O N G O:

Estimar el presente recurso y revocar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 29 de marzo de 1993, con nº de registro de salida 1.899.

Contra la presente Resolución cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Resolución, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

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