Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 024. Viernes 23 de Febrero de 1996 - 451

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Política Territorial

451 - RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1995, de la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, sobre notificación a D. Pedro Torres Toledo, de la Resolución recaída en el expediente I.L.C. 42/95.

Descargar en formato pdf

No habiéndose podido practicar la notificación a D. Pedro Torres Toledo de la Resolución de la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental nº 869, de fecha 26 de octubre de 1995, recaída en el expediente I.L.C. 42/95, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Pedro Torres Toledo la Resolución nº 869, de la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, de fecha 26 de octubre de 1995, recaída en el expediente de referencia I.L.C. 42/95, por infracción del artículo 90.c) de la Ley de Costas, cuya parte dispositiva dice textualmente:

“- Incoar expediente sancionador contra D. Pedro Torres Toledo, como presunto responsable de una infracción a la Ley de Costas.

- Nombrar instructor y secretario de este expediente sancionador a los funcionarios afectos a este organismo, D. Pedro Gómez Jiménez y D. Francisco Medina Henríquez, respectivamente.

- Acordar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Costas y artículo 194 de su Reglamento, la inmediata paralización de las obras, y en orden a garantizar dicha suspensión, el precinto de las mismas, una vez transcurrido el plazo de tres días, a partir de la notificación de la presente, plazo que se le concede a efectos de poder retirar cuantos útiles y demás bienes le sean necesarios, advirtiéndole que de continuarse las referidas obras, será denunciado ante la jurisdicción penal por la comisión de un delito de desobediencia tipificado en el artículo 237 del Código Penal, procediéndose, además, a la retirada de los materiales y maquinaria afecta a las obras según lo previsto en los artículos 104 de la Ley de Costas y 195 de su Reglamento.

- Requerir a las empresas suministradoras de energía eléctrica y agua, que suspendan de inmediato el suministro a dichas obras conforme a lo establecido en los artículos 39 y 103.2 de la Ley de Costas.

Notifíquese la presente Resolución a los nombrados instructor y secretario, así como al expedientado, Ayuntamiento y a la Demarcación de Costas, con las siguientes advertencias:

Que los nombrados instructor y secretario deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento y comunicarlo a su superior jerárquico, de concurrir alguno de los motivos de abstención señalados en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y que los interesados pueden en cualquier momento de la tramitación del procedimiento promover la recusación de aquéllos en base a los citados motivos.

Que a partir del día siguiente a la notificación de la presente Resolución, se abre un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes, sin perjuicio de que los mismos puedan presentarse en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, aun cuando haya concluido el antedicho plazo, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

Que de conformidad con el artículo 8 del citado Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, iniciado el procedimiento sancionador, si el actor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con imposición de las sanciones que procedan, y que el pago voluntario de la multa implicará igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.

Que conforme a lo dispuesto en los artículos 97.3 de la Ley de Costas y 187 de su Reglamento, de proceder en el plazo de quince días a corregir la situación ilegal creada, la multa que resulte pertinente, podrá reducirse hasta la mitad de su importe.

Advertir que de conformidad con el artículo 95 de la Ley de Costas, sin perjuicio de la sanción que corresponda, en su caso, se procederá al restablecimiento de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras por no contar las mismas con la preceptiva autorización del Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias.”

2.- Notificar el Pliego de Cargos en el que se imputan como hechos los siguientes:

“Construcción de una primera planta sobre edificación preexistente, en Caleta Caballo, término municipal de Teguise, en zona de servidumbre de tránsito y protección, sin la preceptiva autorización conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Estos hechos pueden ser constitutivos de una infracción administrativa tipificada en el artículo 90.c) de la Ley de Costas, clasificada como grave en el artículo 91.2.e) de la referida Ley, y sancionada en el artículo 97 del mismo cuerpo legal, con multa del 25% del valor de las obras de las que usted resulta presunto responsable en calidad de promotor, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el ar- tículo 95 de la Ley de Costas.

Lo que se le notifica a los efectos del artículo 194.8 del Reglamento de Costas, para que en el plazo de diez días pueda alegar lo que estime conveniente en su defensa, plazo que se le concede sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de diciembre de 1995.- El Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, Aurelio Ayala Fonte.

© Gobierno de Canarias