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BOC Nº 154. Lunes 19 de Diciembre de 1994 - 2765

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Presidencia y Turismo

2765 - RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 1994, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden que resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Rafael Perera Lope (Zypsatur, S.A.), titular de la explotación turística del establecimiento Apartamentos Tuscan.

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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar al establecimiento Apartamentos Tuscan la Orden de 23 de septiembre de 1994 (libro nº 04, folio 2087), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 117/93 (expediente nº 544/91), interpuesto contra la Resolución de 6 de julio de 1992, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Teguise (Lanzarote) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de noviembre de 1994.- El Secretario General Técnico, José Espejo González.

A N E X O

Orden por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por Zypsatur, S.A. (Apartamentos Tuscan).

Visto el recurso de alzada promovido por D. Rafael Pereza Lope, en representación de Zypsatur, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Tuscan, contra la Resolución de 6 de julio de 1992, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 544/91, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística, consistente en haber efectuado modificaciones sustanciales en el sistema de explotación, toda vez que ofrece a sus clientes la pensión alimenticia, actividad propia de establecimientos hoteleros, sin haberlo comunicado previa y preceptivamente a la Administración turística; no haber dado traslado a la Administración turística canaria de la copia de las Hojas de Reclamaciones números 79241, 79242, 79243, 79245, 79248 y 79249, formuladas por sus clientes D. José Juan de Arcos el 25.6.91, D. Francisco Javier Barreto el 4.6.91, D. Félix Roldán el 25.6.91, D. José Baeza el 25.6.91, D. Ángel Bragado el 25.6.91 y D. Santos Romera el 30.6.91, respectivamente, hechos que determinaron la imposición de sanción en cuantía de novecientas mil (900.000) pesetas.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando se revoque la sanción impuesta a cuyos efectos se exponen, en síntesis, los siguientes argumentos:

a) Infracción del artículo 135, en relación con el artículo 133 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

b) Infracción del artículo 79.2 de la misma Ley.

c) Caducidad del expediente sancionador.

d) La conducta sancionada no se encuentra tipificada en ninguna de las normas en que se fundamenta la Resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Consejero de Presidencia y Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso, de acuerdo con lo que establece el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos de índole adjetiva o formal determinantes de su admisión a trámite.

Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y siguientes de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.- El recurrente argumenta en primer lugar infracción del artículo 135 en relación con el artículo 133 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, que no puede prosperar a la vista del expediente administrativo en el que consta acuse de recibo con fecha 9 de septiembre de 1991, sellado por la entidad recurrente y con la firma del recibo de la incoación de expediente donde figuran Instructor y Secretario del mismo. Se argumenta en segundo lugar infracción del artículo 79.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo, alegando el tiempo transcurrido entre la Resolución de fecha 24 de agosto de 1992, por la que se acuerda notificar la resolución del expediente sancionador en el Boletín Oficial de Canarias y su publicación en el mismo. En relación con este argumento hay que precisar, en primer lugar, que la Resolución del expediente, dictada con fecha 6 de julio de 1992, fue remitida el 15 del mismo mes mediante correo certificado al domicilio que figuraba en el expediente, siendo devuelta indicando como motivo “se ausentó”. No habiendo podido notificar la Resolución del expediente por este medio y de conformidad con el artículo 80.3 de la citada Ley de Procedimiento, se resuelve su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

El plazo de diez días establecido en el artículo 79.2 se refiere a la resolución o acto que se notifique y no a la resolución, como en el presente supuesto, que establece la publicación.

Si bien el recurrente no se refiere a la fecha de Resolución del expediente y la notificación de la misma que se efectuó en el plazo previsto en el citado artículo 79.2, es preciso señalar que “si bien es claro y obligatorio el mandato de que las notificaciones se practiquen dentro del plazo máximo de diez días -dice la Sentencia de 23 de junio de 1976- la inobservancia de esta regla no alcanza con efectos invalidatorios el acta de comunicación”.

La caducidad del expediente sancionador alegada no se aprecia a la vista de éste. El recurrente por error indica caducidad por la paralización por un plazo superior a tres meses entre la Propuesta de Resolución y el Pliego de Cargos; la primera tiene fecha de 7 de abril de 1992 constando notificado el 20 del mismo mes y año, y el Pliego de Cargos se emite el 7 de febrero y se notifica el 17 del mismo mes; no habiendo transcurrido por tanto el plazo para que opere la caducidad. Entendemos que el recurrente ha confundido el Pliego de Cargos con la resolución del expediente, teniendo en cuenta que la fecha que señala en su escrito se corresponde con la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística de fecha 6 de julio de 1992, que como se ha expuesto en el párrafo anterior no fue notificada por ausencia de los interesados en el domicilio.

Procede, en base a lo expuesto, confirmar la Resolución impugnada que se dicta ajustadamente en base a la previsto en el artículo 11 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos, a cuyo tenor “los cambios y modificaciones que se vayan a producir de la estructura, características o sistemas de explotación de los establecimientos que puedan afectar a su clasificación deberán ser comunicados previa y preceptivamente a la Administración turística que autorizó la clasificación, ...” siendo obvio que se ha procedido a cambiar el sistema de explotación, cambios que afectan a la clasificación ya que la inclusión de pensión alimentaria es propia de la modalidad de hoteles, exigiéndose para éstos una serie de requisitos mínimos, regulados en el Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros; y artículo 7 de la Orden de 13 de noviembre de 1986, por la que se regulan las Hojas de Reclamaciones de clientes en establecimientos turísticos, que establece el plazo de un mes para dar traslado de las mismas a la Administración turística, sin que la afirmación sobre el cumplimiento de lo preceptuado haya sido demostrado por el recurrente, limitándose a afirmar que fueron enviadas en plazo al Excmo. Cabildo Insular de Arrecife. La transgresión de estos preceptos se tipifica de infracción muy grave y grave, respectivamente, en los artículos 9.a) y 8.g) de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística, habiéndose aplicado para la primera de las infracciones la ponderación prevista en el artículo 8.ll) del mismo texto legal, degradándola a grave y cuantificándose adecuadamente la multa, teniendo en consideración la proporcionalidad y escala recogida en el artículo 13 de la Ley disciplinaria.

Quinto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con lo previsto en el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

D I S P O N G O:

Desestimar en todos sus términos el recurso de alzada promovido por D. Rafael Pérez Lope, en representación de Zypsatur, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Tuscan, y confirmar la Resolución de 6 de julio, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 544/91 que determinó la imposición de una sanción en cuantía de novecientas mil (900.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación a esta Consejería de Presidencia y Turismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- El Consejero de Presidencia y Turismo, Miguel Zerolo Aguilar.

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