Estás en:
No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en el expediente incoado contra los mismos, por infracción a la normativa turística, y conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
Las Resoluciones que se notifican no ponen fin a la vía administrativa y contra las mismas cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan, deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda les remitirá a su propio domicilio.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
1) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 27, número 635.
Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 94/033 instruido a Katel Automóviles, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Sahara Playa.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Katel Automóviles, S.L., por Providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 28 de enero de 1994, como consecuencia de la denuncia formulada por D. José Rivero Domínguez y del Acta de Inspección nº 3.122, de 19 de noviembre de 1993.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 17 de noviembre de 1993, se recibió en esta Consejería denuncia formulada por D. José Rivero Domínguez, contra los Apartamentos Sahara Playa, sitos en Alféreces Provisionales, 1, Playa del Inglés, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, en la que manifiesta que acudió al establecimiento creyendo que se trataba del Hotel Sahara Playa, encontrándose que era un edificio de apartamentos, el cual presentaba una serie de irregularidades.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados el 19 de noviembre de 1993, se personó en el establecimiento de referencia el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 3.122 en la que esencialmente se hace constar que el Sr. Rivero no estuvo alojado en el establecimiento al menos en lo que iba de año, es decir, desde enero a noviembre. Así mismo se comprobó que el establecimiento realizaba la actividad turística de alojamiento, en la modalidad de apartamentos, careciendo de la preceptiva autorización de la Administración turística canaria, para la apertura y desempeño de tal actividad, constando de 42 apartamentos.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92) y de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. nº 42, de 11.4.86).
Segunda: que de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artº. 14 del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo (B.O.C. nº 105, de 16.8.93), el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística es el competente para resolver el presente expediente sancionador.
Tercera: que se ordenó la incoación de expediente sancionador, que lleva el número 94/033, previo nombramiento de Instructor y Secretario.
Cuarta: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos, con fecha 11 de enero de 1994, por Realizar la actividad de alojamiento, en la modalidad turística de apartamentos, en el establecimiento de referencia, compuesto por 42 unidades alojativas, careciendo de la preceptiva autorización de apertura de la Administración turística canaria. Quinta: que la empresa expedientada ha realizado contestación al Pliego de Cargos en la que, en síntesis, alega que al efectuar el arrendamiento con la entidad propietaria Turist Agents, S.L. para la explotación de los apartamentos consignados, entendía que se entregaban con todos los permisos inherentes a la explotación turística.
Sexta: que con fecha 27 de abril de 1994, se formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 1.680.000 pesetas.
Séptima: que por la empresa expedientada no se ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución dentro del plazo establecido, que no obstante se tiene en consideración, en la que se reitera en las alegaciones presentadas en el plazo de descargos, matizando que el complejo dispone de 37 apartamentos y que en el Cabildo Insular de Gran Canaria existe un expediente de solicitud de apertura.
Octava: que con fecha 7 de julio de 1994, el Instructor solicitó informe al Patronato de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, sobre la fecha de solicitud de apertura y clasificación y si ha sido autorizado, en caso contrario especificar los documentos que quedan por cumplimentar. En el informe emitido el 26 de julio de 1994, se hace constar que con fecha 26 de junio del mismo año, la entidad Katel Automóviles, S.L. solicitó autorización de apertura para el citado establecimiento extrahotelero, requiriéndosele una serie de documentos para completar el expediente.
Novena: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Décima: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Undécima: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, en base a la denuncia formulada por D. José Rivero Domínguez y al contenido del Acta de Inspección nº 3.122, de 19 de noviembre de 1993, a la consulta a los archivos correspondientes y a las alegaciones formuladas por la misma, de lo que se desprende que por dicha empresa se han estado explotando turísticamente apartamentos en el complejo denominado Sahara Playa, sin haber obtenido la pertinente autorización de apertura y clasificación de la Administración turística competente, si bien debe tenerse en cuenta, a la hora de considerar la cuantía de la sanción de multa propuesta, el número de unidades alojativas señalado en el escrito de alegaciones, el haber solicitado la autorización de apertura, así como la carencia de antecedentes, no obrando constancia de haberse instruido expedientes sancionadores contra dicha empresa sobre los que haya recaído Resolución firme.
Duodécima: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a los artículos 8º y 15º del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos, con calificación de grave, en base al artículo 9º.b), en relación con el artículo 8º.Ll), de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. de 11.4.86).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de setecientas cuarenta mil (740.000) pesetas a Katel Automóviles, S.L., con C.I.F. nº B35250851, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Sahara Playa.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de octubre de 1994. El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Carlos González Lázaro.
2) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 26, número 614.
Resolución de 23 de septiembre de 1994, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 94/053 instruido a Dña. Concepción Peña Alemán, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Tentola.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Dña. Concepción Peña Alemán, por Providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 4 de febrero de 1994, como consecuencia de la denuncia formulada por Dña. Noelia Díaz Calcines y D. Armando Romero Vega y del Acta de Inspección nº 3.331, de 13 de diciembre de 1993.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 7 de octubre de 1993, se recibió en esta Consejería denuncia formulada por Dña. Noelia Díaz Calcines y D. Armando Romero Vega, contra el Bar Tentola, en la que manifiesta deficiencias en la prestación de los servicios por parte del establecimiento.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados el 13 de diciembre de 1993, se personó en el establecimiento de referencia sito en calle Cayetana Manrique, 1, Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 3.331 en la que esencialmente se hace constar que los reclamantes no tenían dinero para abonar las consumiciones, siendo falsos los hechos expuestos por los mismos. Así mismo se hace constar que el establecimiento se encontraba abierto al público en general y ejercía la actividad de bar, careciendo del Libro de Inspección, las Hojas de Reclamaciones y las listas de precios selladas por la Administración turística canaria.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92) y de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. nº 42, de 11.4.86).
Segunda: que de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artº. 14 del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo (B.O.C. nº 105, de 16.8.83), el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística es el competente para resolver el presente expediente sancionador.
Tercera: que se ordenó la incoación de expediente sancionador, que lleva el número 94/053, previo nombramiento de Instructor y Secretario.
Cuarta: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos, con fecha 4 de febrero de 1994, por Estar funcionando en régimen de explotación turística como bar, sin haber notificado a la Administración turística canaria los precios que hayan de regir en la prestación de los servicios y sin tener el Libro de Inspección y las Hojas de Reclamaciones. Quinta: que la expedientada no ha realizado contestación al Pliego de Cargos.
Sexta: que con fecha 29 de abril de 1994, se formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 50.000 pesetas.
Séptima: que por la expedientada no se ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.
Octava: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Novena: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Décima: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, en base al contenido del Acta de Inspección nº 3.331, de 13 de diciembre de 1993.
Undécima: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción al artº. 30.1 de la Orden de 17 de marzo de 1965, modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en relación con el artículo 4º de la Orden de 19 de junio de 1970; artículo 1º de la Orden de 31 de octubre de 1970 y artículo 1º de la Orden de 13 de noviembre de 1986, con calificación de leve, en base al artículo 8º.d) y f), en relación con el artículo 7º.d), de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. de 11.4.86).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas a Dña. Concepción Peña Alemán, con C.I.F. nº 42847489, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Tentola.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre de 1994. El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Carlos González Lázaro.
3) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 26, número 600.
Resolución de 15 de septiembre de 1994, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 94/097 instruido a Drivers Club Inc y Elizabeth Association, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bungalows Vista Dunas.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Drivers Club Inc y Elizabeth Association, por Providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 25 de abril de 1994, como consecuencia de la denuncia formulada por D. Julio Pérez Milán y del Acta de Inspección nº 3.409, de 4 de febrero de 1994.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 11 de enero de 1994, se recibió en esta Consejería denuncia formulada por D. Julio Pérez Milán, contra los Bungalows Vista Dunas, en la que se manifiestan irregularidades en los precios, por lo que solicitó las Hojas de Reclamaciones las cuales no le fueron facilitadas.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados el 4 de febrero de 1994, se personó en el establecimiento de referencia, sito en calle Einstein, 25, Urbanización Sonnenland, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 3.409 en la que esencialmente se hace constar que el precio aplicado y cobrado al Sr. Pérez Milán fue superior al que constaba en el cartel de precios (al cliente se le cobró 7.000 pesetas por día y en el cartel figuraba 4.500 por los meses de noviembre/abril). Así mismo se hace constar que en el cartel de precios que se exhibía no existía diligencia alguna de que los mismos hubieran sido comunicados a la Administración turística. Por último, y por lo que respecta a las Hojas de Reclamación, éstas, según el establecimiento, no fueron solicitadas.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92) y de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. nº 42, de 11.4.86).
Segunda: que de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artº. 14 del Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo (B.O.C. nº 105, de 16.8.83), el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística es el competente para resolver el presente expediente sancionador.
Tercera: que se ordenó la incoación de expediente sancionador, que lleva el número 94/097, previo nombramiento de Instructor y Secretario.
Cuarta: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos, con fecha 25 de abril de 1994, por No haber comunicado a la Administración turística canaria los precios que rigen en la prestación de los servicios. Percibir precio superior al notificado a la Administración turística canaria, en fecha 22 de enero de 1988, a su cliente D. Julio Pérez Milán. Quinta: que la empresa expedientada no ha realizado contestación al Pliego de Cargos, dentro del plazo establecido, que no obstante se tiene en consideración, en la que en síntesis alega que el complejo fue comprado y efectuado el cambio de titularidad a mediados del año 1993, entendiendo dicha empresa que hasta que no transcurriese un año no debía comunicarse ninguna variación en los precios, comunicación que se hizo el día 4 de mayo de 1994. Por lo que respecta al segundo hecho imputado alega que, al existir en las fechas de la estancia del denunciante plena ocupación en el complejo consignado y presentarse con tres acompañantes más en lugar de dos (la capacidad de los bungalows está pensada para tres personas) y ante su insistencia, la recepcionista aceptó admitir en el mismo bungalow a las cuatro personas cobrando al final de la estancia el suplemento por esa persona de más y no por precio superior al fijado.
Sexta: que con fecha 23 de junio de 1994, se formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 75.000 pesetas.
Séptima: que la empresa expedientada no ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución dentro del plazo establecido, que no obstante se tiene en consideración, en la que en síntesis alega posible error cometido por esta Consejería, por cuanto en el Pliego de Descargos se aportaron las listas de precios que datan de la fecha en que dicha empresa empezó con la explotación del complejo.
Octava: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Novena: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Décima: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, en base a la denuncia formulada por D. Julio Pérez Milán, al informe emitido por el Jefe de Negociado de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, de fecha 14 de marzo de 1994, en el que se hace constar que según los precios declarados el 22 de enero de 1988, aparece que los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, los precios diarios son de 4.500 pesetas, y con fecha 4 de marzo del presente año, comunicaron los siguientes precios: de enero a abril 7.500 pesetas diarias; mayo y junio, 5.500 pesetas diarias y de julio a diciembre 7.500 pesetas diarias, y al contenido del Acta de Inspección nº 3.409, de 4 de febrero de 1994, sin que las alegaciones vertidas por dicha empresa desvirtúen los hechos infractores pues los precios antes de iniciar su aplicación deberán presentarse a la Administración turística, por las empresas explotadoras, anualmente, en el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 de octubre, hecho que no fue cumplimentado por la empresa explotadora, toda vez que fue autorizado el cambio de titularidad el 20 de mayo de 1993 y la comunicación de los precios fue efectuada el 4 de marzo de 1994.
Por lo que respecta al segundo hecho y cobrársele al cliente 7.000 pesetas por día, en su estancia entre el 29 de diciembre y 8 de enero de 1994, fecha en la figuraba que los precios diarios eran de 4.500 pesetas, dicha empresa ha vulnerado lo preceptuado en el artículo 8º.e) de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística.
Undécima: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción al artº. 23 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos. Ley 3/1986, de 8 de abril, con calificación de leve, en base al artículo 8º.d) y e), en relación con el artículo 7º.d), de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. de 11.4.86).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas a Drivers Club Inc y Elizabeth Association, con C.I.F. nº A-4002246-I, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bungalows Vista Dunas.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de septiembre de 1994. El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Carlos González Lázaro.
Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de noviembre de 1994.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Carlos González Lázaro.
© Gobierno de Canarias