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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a D. Ángel Berto Torres Acosta la Orden de 13 de agosto de 1993 (libro 01, folio 558), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo recaída en el expediente nº 38/198/91.
2.- Remitir al Ayuntamiento de Candelaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de octubre de 1993.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz. A N E X O
Visto el recurso de alzada interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo por D. Ángel Berto Torres Acosta, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 17 de febrero de 1993, recaída en el expediente nº 38/198/91 y que determinó la imposición de una sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas, y
RESULTANDO
Primero: que según inspección practicada por inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 21 de diciembre de 1991, en el supermercado Aldía, situado en la Avenida José Antonio, s/n, del término municipal de Candelaria, y mediante acta nº 18.243 instruida al efecto, comprobó que tenía dispuestos para su venta al público muslos congelados de pollo que venían originariamente en envases de cartón, los cuales eran reenvasados en bolsas de plástico transparente en esta empresa, siendo los datos de etiquetado de las referidas bolsas los siguientes:
Fecha de envasado, 20 de diciembre de 1990. Fecha de caducidad (no consta); peso kg 0640, precio kg 198, total ptas. 127 y un código de barras, siendo éste incorrecto.
Se hace advertencia que para la realización de esta operación de reenvasar productos alimenticios es necesario estar en posesión de un número de Registro Sanitario y del carnet de manipulador de alimentos.
Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo se formuló Pliego de Cargos en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en los artículos 65 y 66 del Real Decreto 179/1985 (B.O.E. nº 40), que regula la reglamentación técnico-sanitaria de mataderos de aves, sala de despiece, industrialización, abastecimiento, conservación, distribución y comercialización de sus carnes, en relación con el artículo 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, B.O.E. nº 168, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa al consumidor y de la producción agroalimentaria.
Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 135.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con una sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas.
Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 9 de mayo de 1993, alegando, en síntesis, el recurrente lo siguiente: - Se insiste en que el Pliego de Cargos inicial no fue recibido por esta parte, eso puede desprenderse claramente del expediente, ya que es imposible exista firma alguna del recibí del envío.
- Se insiste en que lo que se realiza con alguna mercancía, no es un reenvasado, sino una simplificación del trabajo ya que si los muslos vienen en cajas de 18.600 gr, estima que no pueden venderlos al detalle por cajas. Lo que se hace es facilitar la venta para que el cliente pierda menos tiempo y al propio tiempo no tener que estar pesando kilo a kilo mientras esperan. Por eso, se toma una caja y se fracciona poniendo 4 ó 5 muslos, pero debe entenderse, y estima es de vital importancia, que no es lo mismo: reenvasar que fraccionar.
1º.- es interno, 2º.- correcto, por lo que se solicita, se efectúe una prueba in situ, y si no coincide precio con peso, sería la forma o el motivo de sancionar, pero ningún otro.
No transforman ningún artículo, ni envasan para que terceros comercialicen, como consecuencia no tienen que poseer registro sanitario alguno.
- Que dicha multa les parece excesiva al calificarla de falta leve y sin sanciones anteriores.
Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas danto traslado de las mismas.
Y siendo de aplicación los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.
Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en los artículos 65 y 66 del Real Decreto 179/1985 (B.O.E. nº 40), que regula la reglamentación técnico-sanitaria de mataderos de aves, sala de despiece, industrialización, abastecimiento, conservación, distribución y comercialización de sus carnes, en relación con el artículo 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa al consumidor y de la producción agroalimentaria.
Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artículo 20.1.k) del Decreto Territorial 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, en relación con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Cuarto: Que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución recurrida, por cuanto:
1) Por cuanto consta en el expediente la recepción por el interesado del Pliego de Cargos la cual data de fecha 26 de diciembre de 1991. 2) El artículo 27.1.a) de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, establece que el vendedor (entre otros) responde del origen, identidad e idoneidad de los mismos, de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que lo regulan y por lo tanto responde del cumplimiento de la normativa indicada en el Considerando segundo, basta que se introduzcan en recipientes o elementos de envase, para entender producida tal operación, y quedar ésta sujeta a los requisitos de etiquetado que deberán figurar en el envase, así como la correspondiente exigencia de la documentación relativa al registro sanitario, sin que pueda eximirse el interesado, alegando simplificación del trabajo.
Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.
VISTOS
Además de los preceptos legales citados, el artículo 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, y el posterior 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias; así como la Ley de Procedimiento Administrativo y demás disposiciones de general o particular aplicación.
El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA
Desestimar, en todos sus términos, el recurso de alzada interpuesto por D. Ángel Berto Torres Acosta, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 17 de febrero de 1993, recaída en el expediente nº 38/198/91, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio, exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.
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