Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 147. Viernes 19 de Noviembre de 1993 - 2422

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Industria y Comercio

2422 - RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1993, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería, resolviendo recurso de alzada interpuesto por D. Mateo Román Machín Betancor.

Descargar en formato pdf

Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Mateo Román Machín Betancor la Orden de 5 de octubre de 1993 (libro 01, folio 659), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo recaída en el expediente nº 38/269/92.

2.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de octubre de 1993.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.

A N E X O

Visto el recurso de alzada interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo por D. Mateo Román Machín Betancor, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 9 de febrero de 1993, recaída en el expediente nº 38/269/92 y que determinó la imposición de una sanción de multa de treinta y cinco mil (35.000) pesetas, y

RESULTANDO

Primero: que según inspección practicada por inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 1 de abril de 1993, en la Boutique Ingrid, situada en Rambla de Pulido, 83, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 030214, instruida al efecto, se comprobó que tenía dispuesto para su venta al público diferentes prendas de vestir, no constando en la mayoría de las mismas el P.V.P.

Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo se formuló Pliego de Cargos en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en los artículos 1º y 3º del Decreto 2.807/1972 (B.O.E. nº 247), sobre publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, en concordancia con el artículo 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168), regulador de las infracciones y sanciones en materia de protección al consumidor y de la producción agroalimentaria.

Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 135.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con una sanción de multa de treinta y cinco mil (35.000) pesetas.

Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 2 de marzo de 1993, alegando, en síntesis, el recurrente lo siguiente: que los precios estaban intencionalmente ocultos para así lograr que la persona interesada en algunos de los trajes, entrara a preguntar los precios y de esta manera enseñándoles los del escaparate y los que tenía en el interior de la tienda lograr efectuar alguna venta.

Que a pesar del esfuerzo y dinero empleados en la tienda, se vió obligado a cerrar pues los escasos ingresos no cubrían los gastos.

Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.

Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en los artículos 1º y 3º del Decreto 2.807/1972 (B.O.E. nº 247), sobre publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, en concordancia con el artículo 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168), regulador de las infracciones y sanciones en materia de protección al consumidor y de la producción agroalimentaria.

Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artículo 20.1.k) del extinto Decreto Territorial 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprobó el entonces vigente Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, en relación con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución ahora recurrida, por cuanto: el recurrente reconoce haber infringido intencionadamente lo dispuesto en los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, que preceptúa que los precios de los productos expuestos para su venta estarán anunciados de tal forma “que el adquirente quede informado por sola lectura del anuncio sin necesidad de obtener, a tal efecto ningún tipo de información complementaria”, y se comprueba, por tanto, la comisión de una infracción en materia de protección al consumidor.

Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.

VISTOS

Además de los preceptos legales citados, el artículo 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 62/1993, de 13 de abril, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior 228/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio; así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.

El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias, ACUERDA

Desestimar, en todos sus términos, el recurso de alzada interpuesto por D. Mateo Román Machín Betancor, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 9 de febrero de 1993, recaída en el expediente nº 38/269/92, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de treinta y cinco mil (35.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio, exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.

© Gobierno de Canarias