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BOC Nº 084. Miércoles 30 de Junio de 1993 - 1137

I. DISPOSICIONES GENERALES - C.Presidencia y Turismo

1137 - DECRETO 199/1993, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan de Saneamiento Financiero para la distribución del “Fondo de Cooperación Local”, destinado a la refinanciación y mejora de las Haciendas Municipales Canarias.

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I

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1993, recoge en su artículo 20.a) un crédito destinado a la refinanciación y mejora de las Corporaciones Locales, que será distribuido por el Gobierno, a propuesta de la Consejería de Presidencia y Turismo, previa consulta a los municipios realizada a través de sus asociaciones representativas.

Ese crédito, según el mismo precepto, se distribuirá previa elaboración y aprobación por la Comunidad Autónoma y la Corporación Local correspondiente de un Plan de Saneamiento Financiero, con criterios homogéneos para todos los Ayuntamientos.

Tales exigencias, unidas a los criterios que el Parlamento de Canarias por Resolución adoptada en sesiones de 28 y 29 de octubre de 1992, dió al Gobierno, sobre la base de la comunicación previa hecha a ese efecto, para la realización de un Plan cuatrienal de saneamiento y financiación de los municipios canarios, en buena medida se han de ver satisfechos con una norma que los viabilice hasta hacer posible su efectividad práctica.

Esa norma es el presente Decreto, que puede y debe servir de incentivo para elaborar el Plan cuatrienal exigido por el artículo 20 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, porque las medidas que tipifica y los objetivos a que propende no son otra cosa que la puesta en práctica del Plan de Saneamiento Financiero a que la Ley de Presupuestos se refiere, con vocación de servir de avance al diseño definitivo de aquel Plan cuatrienal, que, si bien más ambicioso y de mayor espectro temporal, debe cimentarse en el esfuerzo y corresponsabilidad de los Ayuntamientos. Por eso, aunque el Decreto agota su vigencia normativa al finalizar este ejercicio presupuestario, sus objetivos son más ambiciosos y se proyectan en el tiempo hasta conectar con la Ley que acabe por aprobar el Plan cuatrienal. Asimismo, las medidas que los planes de actuación individualizados fijan no son, por ello, aisladas, sino, al contrario, tienen íntima conexión con las que acabe por diseñar la Ley que apruebe el Plan cuatrienal.

El Decreto es, pues, adecuada respuesta a la Ley de Presupuestos y primera aproximación al saneamiento de las haciendas municipales, que garantizará definitivamente la Ley que apruebe el Plan cuatrienal.

II

Las medidas y objetivos que persigue este Decreto son los siguientes:

1. Adoptar medidas de saneamiento y mejora de las haciendas municipales orientadas, bajo el principio de cooperación, a contribuir a paliar los déficits presupuestarios y a mantener una adecuada situación económica evitando la generación de aquéllos en el futuro, permitiendo, de esta forma, restablecer o consolidar, según los casos, una situación financiera saneada fijando pautas de funcionamiento encaminadas a que los municipios canarios mantengan una actividad económica equilibrada a medio y largo plazo.

2. Fijar los criterios homogéneos exigidos por el artículo 20.e) de la Ley de Presupuestos para 1993, mediante la determinación de indicadores financieros, en aplicación de los cuales y mediante la realización de diagnósticos financieros, se pueda detectar la situación económico-financiera de cada municipio que solicite acogerse al Plan de Saneamiento.

3. Establecer criterios generales y objetivos de reparto, determinados por circunstancias de hecho, como son la población, la solidaridad intermunicipal y la gestión recaudatoria, que han sido determinados, previa consulta con la asociación representativa de los municipios canarios.

4. Articular la aplicación de concretas medidas para alcanzar el saneamiento financiero o evitar que se produzca déficit, mediante planes de actuación individualizados, de elaboración conjunta por las Administraciones autonómica y municipal, de cuyo cumplimiento dependerá que los ayuntamientos alcancen los objetivos de este Decreto. Todo ello respetando la autonomía organizativa, de gestión y financiera de los municipios.

Los planes de actuación individualizados constituyen, pues, el instrumento básico donde se contengan las medidas y objetivos que este Decreto contempla, fijando para cada ayuntamiento criterios particularizados que adecúen la gestión municipal a la finalidad de alcanzar o consolidar una situación financiera equilibrada.

En las medidas tipificadas en este Decreto descansa, por su parte, toda la viabilidad del Plan de Saneamiento, en donde el esfuerzo financiero del Gobierno de Canarias ha de contar con una recíproca respuesta en los municipios, que deben desplegar una actividad tal que las hagan válidas y efectivas. 5. Establecer mecanismos de seguimiento y control de la situación de las haciendas municipales y de los objetivos generales del Plan de Saneamiento a fin de conocer y corregir las desviaciones que puedan producirse en su aplicación.

III

Desde la perspectiva de conjunto, parece que la capacidad de la Comunidad Autónoma puede incluir esta función de destinar fondos propios al saneamiento local y que con las medidas que se implantan no se menoscaba la autonomía municipal toda vez que se parte de la hipótesis de que la Corporación se acoge voluntariamente al plan y acepta explícitamente sus medidas por acuerdo plenario y en convenio.

En atención a los fines del fondo, el Gobierno, mediante acuerdo adoptado en este mismo día, ha determinado que los créditos a que se refiere el artículo 20.a) de la Ley 10/1992, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1993, tengan la consideración de transferencias, a los efectos de lo previsto en el artículo 19.5 de la misma Ley.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Turismo y tras la deliberación del Gobierno en su reunión del día 24 de junio de 1993,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- 1. El Fondo de Cooperación Local a que se refiere el artículo 20.a) de la Ley 10/1992, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1993, se distribuye en los términos de este Decreto, con la finalidad de refinanciar y mejorar las haciendas de los municipios canarios.

2. En desarrollo del artículo 20.e) de la Ley 10/1992, de 23 de diciembre, las normas de este Decreto configuran el Plan de Saneamiento Financiero previsto en dicho precepto.

Artículo 2.- El Fondo de Cooperación Local está destinado a contribuir a que los Ayuntamientos que se adhieran al Plan de Saneamiento Financiero alcancen o mantengan los valores de los indicadores de saneamiento previstos en el artículo 4 de este Decreto, mediante el cumplimiento de las medidas fijadas en los planes de actuación individualizados, con base en los criterios establecidos en este Decreto.

Artículo 3.- La distribución del Fondo a que este Decreto se refiere, se realizará entre los Ayuntamientos que se adhieran al Plan de Saneamiento, de acuerdo con el procedimiento y los requisitos establecidos en el artículo 5 de este Decreto, aplicando los siguientes criterios:

a) El 60 por ciento, de forma directamente proporcional a la población de derecho de cada municipio, según los datos declarados oficiales por Real Decreto 406/1992, de 24 de abril, resultantes del censo de población referidos al 1 de marzo de 1991.

b) El 30 por ciento, en atención al principio de solidaridad intermunicipal, distribuyéndose una cantidad igual para cada ayuntamiento.

c) El 10 por ciento restante se distribuirá entre aquellos ayuntamientos cuya recaudación alcance, al menos, el 60 por ciento de sus derechos liquidados.

Al efecto de este 10 por ciento se tendrá en cuenta el porcentaje resultante de dividir la suma de la recaudación líquida de los capítulos I, II y III de ingresos correspondientes al ejercicio de 1991 y la recaudación líquida obtenida durante el ejercicio de 1992 en período voluntario, de resultas pendientes de ingreso por recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en aquellos municipios en los cuales el período de recaudación voluntario no hubiera finalizado al 31 de diciembre de 1991 por causas ajenas a su voluntad, por el total de los derechos liquidados por dichos capítulos en el ejercicio de 1991.

El reparto correspondiente a este último criterio se efectuará de tal manera que cada Ayuntamiento perciba la cantidad de diez millones de pesetas, salvo que el número de Corporaciones beneficiarias no permita alcanzar esa cifra, en cuyo caso se distribuirá el montante total en una cantidad igual para cada una.

Si verificando un reparto lineal, la cantidad a percibir por cada Ayuntamiento fuera superior a diez millones de pesetas, se garantizará a cada uno de ellos la percepción de esa cifra, distribuyéndose el resto de forma proporcional al porcentaje de recaudación de cada Ayuntamiento, ponderado por el importe recaudado, calculado según el criterio anterior, en función de los datos que se deduzcan de las liquidaciones aprobadas de los presupuestos de los ejercicios de 1991 y 1992 sobre la base de la certificación que remita la Corporación.

Artículo 4.- 1. Los indicadores en los que se concretan los criterios homogéneos a los que se refiere el artículo 20.e) de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1993, que servirán para definir la situación económico-financiera de los Ayuntamientos, son los siguientes: a) Carga financiera superior al 20 por ciento de los ingresos corrientes liquidados correspondientes a la liquidación del presupuesto del ejercicio de 1991. La carga financiera se obtendrá dividiendo la suma de las obligaciones liquidadas destinadas en el ejercicio de 1991 al pago de los intereses y comisiones derivados de todo tipo de operaciones de crédito y de las obligaciones liquidadas por amortizaciones correspondientes a las operaciones de crédito a largo plazo formalizadas por la entidad local, entre los derechos liquidados por ingresos corrientes de la liquidación de presupuestos del ejercicio 1991.

b) Operaciones de tesorería superiores al 10 por ciento de los ingresos corrientes. Para el cálculo de este indicador se tomará en consideración el porcentaje resultante de dividir el importe pendiente de devolución de operaciones de crédito a corto plazo formalizadas por la Corporación al 31 de diciembre de 1991, entre los derechos liquidados por ingresos corrientes en la liquidación del presupuesto del ejercicio de 1991.

c) Endeudamiento superior al 70 por ciento de los ingresos corrientes en la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio de 1991. El endeudamiento se obtendrá dividiendo el importe pendiente de devolución de operaciones de crédito a largo plazo formalizadas por la entidad local al 31 de diciembre de 1991, entre los derechos liquidados por ingresos corrientes en la liquidación del presupuesto del ejercicio de 1991.

d) Deuda contraída con proveedores superior al 15 por ciento de la suma de los derechos liquidados por ingresos corrientes correspondientes a la liquidación del presupuesto del ejercicio de 1991. El cálculo de este indicador se efectuará dividiendo el importe de la suma de las obligaciones liquidadas pendientes de pago correspondientes a deudas generadas en los ejercicios 1990 y anteriores, entre los derechos liquidados por ingresos corrientes en la liquidación del presupuesto del ejercicio de 1991.

e) Ahorro bruto inferior al 10 ó al 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados según que el presupuesto de la Corporación sea superior o inferior a quinientos millones de pesetas. Este indicador se obtendrá mediante la diferencia entre los derechos liquidados por ingresos corrientes y las obligaciones liquidadas por gastos corrientes, dividida por los derechos liquidados expresados anteriormente, todo ello referido a la liquidación del presupuesto del ejercicio de 1991.

f) Ahorro neto inferior al 5 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 1991. Este indicador se obtendrá deduciendo de la cifra resultante de ahorro bruto (diferencia entre derechos liquidados por ingresos corrientes y las obligaciones liquidadas por gastos corrientes), las amortizaciones correspondientes a operaciones de crédito a largo plazo en el ejercicio 1991 y dividido dicho importe entre los derechos liquidados por ingresos corrientes en la liquidación del presupuesto del ejercicio de 1991.

2. Los Ayuntamientos que sobrepasen cualquiera de los indicadores contemplados en los apartados a), b), c) y d), o que no alcancen cualquiera de los indicadores previstos en los apartados e) y f), deberán dar cumplimiento a las medidas que, de entre las contenidas en el artículo 6, fije el Plan individualizado, con el fin de alcanzar los objetivos que en el mismo se señalen.

3. Aquellos otros Ayuntamientos que no sobrepasen los indicadores expresados en los apartados a), b), c) y d) y superen los previstos en los apartados e) y f), deberán mantenerse en ellos, de acuerdo con el Plan de actuación individualizado.

Artículo 5.- Para la obtención y reparto del Fondo, se seguirá el siguiente procedimiento:

1º) Solicitud del Alcalde-Presidente dirigida a la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, acompañada de acuerdo plenario en el que conste expresamente el compromiso de la Corporación de acogerse a las medidas contempladas en este Decreto, así como de la certificación a que se refiere el artículo 3.c).

Las solicitudes deberán ser presentadas dentro del plazo de 20 días naturales siguientes al de la publicación de este Decreto en el Boletín Oficial de Canarias.

2º) Finalizado el plazo anterior, el Consejero de Presidencia y Turismo elevará al Gobierno propuesta de reparto del Fondo, para su aprobación.

3º) La Consejería de Presidencia y Turismo llevará a cabo, en régimen de colaboración con la Corporación interesada, un diagnóstico financiero del que se pueda obtener el conocimiento real y exhaustivo de la situación económico-financiera de la misma.

A estos efectos, el Ayuntamiento facilitará la documentación que sea precisa.

4º) A resultas del diagnóstico financiero, se elaborará, en el mismo régimen de colaboración, el plan de actuación individualizado de la Corporación, conforme a los criterios previstos en este Decreto.

5º) El diagnóstico financiero y el plan de actuación individualizado, habrán de ser objeto de aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, dentro de los veinte días naturales siguientes al de su recepción.

6º) El acuerdo plenario, en unión del diagnóstico financiero y el Plan de actuación individualizado, será remitido a la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, que previa audiencia de la Corporación, procederá a proponer su aprobación al Consejero de Presidencia y Turismo, que resolverá en el plazo de diez días naturales a partir de la recepción de la documentación enviada por la Corporación.

7º) El Consejero de Presidencia y Turismo suscribirá los correspondientes convenios con los Ayuntamientos interesados, dentro del plazo de diez días naturales a partir de la fecha en que haya procedido a la aprobación a que se refiere el punto anterior. Los convenios integrarán como elemento vinculante los correspondientes Planes de actuación individualizados.

De tales convenios se dará cuenta al Gobierno.

8º) La Dirección General de Administración Territorial llevará a cabo la tramitación de los correspondientes expedientes de gastos y propuestas de pago.

Artículo 6.- Los planes de actuación individualizados podrán recoger, tanto para los Ayuntamientos que precisen ser saneados conforme a los indicadores del artículo 4, como para los que no lo precisen, a efectos de que mantengan su situación financiera, la adopción de todas o algunas de las siguientes medidas:

1. En relación con los ingresos corrientes:

a) Ingresos de derecho público:

- Incremento de los tipos de gravamen, índices, coeficientes o porcentajes así como tarifas o precios públicos de los ingresos de derecho público previstos en la Ley reguladora de las Haciendas Locales y conforme a ella hasta los límites o porcentajes máximos permitidos por la misma.

b) Ingresos patrimoniales.

- Establecimiento de medidas para rentabilizar los activos municipales.

2. En cuanto a los ingresos de capital:

- Enajenación de bienes patrimoniales inmobiliarios, conforme a lo previsto en la legislación de Régimen Local y de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, cuando el déficit se deba a la falta de financiación de las inversiones. - Enajenación de activos financieros realizables que no estén ligados a la prestación de servicios de carácter obligatorio establecidos en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.

3. En cuanto a los gastos corrientes:

- Reducción o contención de los gastos corrientes, hasta el límite que se estime necesario, para tender a alcanzar los niveles de ahorro bruto y neto establecidos en el artículo 4.1.e) y f), respectivamente, del presente Decreto.

- Disminuir la deuda con proveedores hasta el límite que se estime necesario para tender a alcanzar el indicador previsto en el artículo 4.1.d).

4. En cuanto a los gastos de capital:

- Se podrá exigir que las obligaciones liquidadas correspondientes a los capítulos VI, VII y VIII de gastos, no excedan del ahorro neto generado en el ejercicio. El cálculo de dicha magnitud se efectuará de acuerdo con lo estipulado en el artículo 4.1.f) del presente Decreto.

No obstante lo anterior, las Corporaciones podrán realizar inversiones siempre que esté garantizada su financiación mediante subvenciones o transferencias, de modo que no generen nuevos déficits.

- Para no sobrepasar los límites de equilibrio financiero establecidos en los Planes de actuación individualizados, podrá darse prioridad a la ejecución de inversiones que vayan a cofinanciarse junto con otras Administraciones Públicas, sobre las que se vayan a financiar exclusivamente con recursos propios de la Corporación.

- En el caso de que vayan a financiarse inversiones con cargo a endeudamiento, éstas podrán limitarse en la medida que resulte necesario para no sobrepasar los límites básicos de equilibrio definidos en los respectivos planes de actuación individualizados.

5. En cuanto al endeudamiento y carga financiera:

- Cuando la carga financiera y/o el nivel de endeudamiento superen los indicadores establecidos en el artículo 4.1.a) y c) respectivamente, la Corporación se comprometerá a no concertar nuevas operaciones de crédito que no tengan por objeto la refinanciación de la deuda y la mejora de tales indicadores durante 1993.

Análogamente se comprometerá a no concertar nuevas operaciones de tesorería cuando se supere el indicador previsto en el artículo 4.1.b). 6. Mejora de los procesos de gestión recaudatoria, y, en especial, las siguientes:

- Medidas que faciliten el pago de tributos, mediante su aplazamiento o fraccionamiento, en los términos que permita la legislación vigente.

- Adecuación de los recursos humanos y materiales asignados a la recaudación y a la inspección tributaria, para garantizar su eficacia y rentabilidad.

- Implantación de procesos informáticos que mejoren la eficacia recaudatoria de la Corporación.

- Compromiso de la Corporación de integrarse en órganos de recaudación supramunicipales, cuando ello fuere conveniente para la eficacia de la gestión recaudatoria.

7. Adecuación de los recursos humanos y materiales en términos que garanticen la eficacia de la gestión presupuestaria y de tesorería y su control.

8. Orientación de los presupuestos en coherencia con los objetivos de este Decreto y las determinaciones que en su aplicación se establezcan en los Planes individualizados.

9. Compromiso de la Corporación de integrarse en entidades supramunicipales para la eficacia de los servicios.

10. Implantación o mejora de los sistemas integrados de información.

Artículo 7.- La Dirección General de Administración Territorial estará facultada para exigir de cada Ayuntamiento beneficiario la presentación de la documentación justificativa de haberse adoptado las medidas que en el convenio se hayan formalizado, y a la fecha que en el mismo se establezca, elevando informe al Consejero de Presidencia y Turismo, el cual podrá ejercer las acciones que el ordenamiento jurídico permita para su cumplimiento.

Todo ello, sin perjuicio de las competencias de control en sus modalidades atribuidas a la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias por la normativa vigente.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Se autoriza al Consejero de Presidencia y Turismo para suscribir los convenios a que se refiere el artículo 5 de este Decreto.

Segunda.- La certificación a que se refiere el artículo 3.c) de este Decreto será comprensiva de los siguientes extremos:

- Suma de la recaudación líquida de los capítulos I, II y III de ingresos correspondientes al ejercicio de 1991 y la recaudación líquida obtenida durante el ejercicio de 1992 en período voluntario, de resultas pendientes de ingresos por recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en aquellos municipios en los cuales el período de recaudación voluntaria no hubiera finalizado al 31 de diciembre de 1991 por causas ajenas a su voluntad.

- Porcentaje resultante de dividir la suma anterior por la suma de los derechos liquidados por dichos capítulos en el ejercicio de 1991. Dicho porcentaje se expresará con dos decimales.

Tercera.- Los diagnósticos financieros y los Planes de actuación individualizado a que se refiere el artículo 5 de este Decreto se realizarán con cargo a los créditos previstos en el artículo 20.c) de la Ley 10/1992, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1993.

Cuarta.- El importe del fondo correspondiente a aquellos Ayuntamientos que, habiendo solicitado la participación en el mismo no cumplimenten los trámites sucesivos previstos en el artículo 5, o renuncien, se incorporarán al ejercicio presupuestario siguiente en los supuestos recogidos en el artículo 73 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.

Quinta.- El abono de las correspondientes cantidades se realizará en su totalidad, de conformidad con el Plan de disposición de fondos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Las Corporaciones remitirán a la Dirección General de Administración Territorial certificación acreditativa de incorporación de las cantidades recibidas a sus respectivos presupuestos para refinanciación y mejora de su hacienda municipal, en el plazo de dos meses a partir de la recepción de las correspondientes transferencias.

Sexta.- A los efectos de este Decreto, se exceptúa la aplicación del artículo 4º del Decreto 157/1993, de 14 de mayo, por el que se establece el régimen de gestión de las transferencias.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se faculta a los Consejeros de Presidencia y Turismo y de Economía y Hacienda, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar las normas precisas para la aplicación del presente Decreto.

Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 24 de junio de 1993.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Manuel Hermoso Rojas.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y TURISMO, Miguel Zerolo Aguilar.

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