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Efectuada convocatoria pública mediante Orden de la Consejería de Trabajo y Función Pública de 16 de marzo de 1993 (B.O.C. nº 37, de 24.3.93), para la provisión por el sistema de libre designación del puesto Secretario/a Jefe de los Servicios Jurídicos, en la Dirección General del Servicio Jurídico.
Visto el Decreto 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se modifica la estructura orgánica y contenido competencial de la Presidencia del Gobierno que pasa a asumir las competencias y funciones que en relación al Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias se atribuyen a la Consejería de la Presidencia por el Decreto Territorial 19/1992, de 7 de febrero (B.O.C. nº 26, de 24.2.92), y demás disposiciones aplicables.
Vistos los informes evacuados por la Dirección General de la Función Pública de conformidad con lo previsto en la base quinta de la convocatoria; teniendo en cuenta las circunstancias y méritos que concurren en los solicitantes, de acuerdo con la base sexta de la convocatoria, y en uso de la competencia atribuida por el artículo 3.f) del Decreto 62/1993, de 13 de abril y el artículo 29.1.c) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,
R E S U E L V O:
Primero: nombrar a la funcionaria Dña. María Lourdes de Dios Iglesias, D.N.I. nº 42.097.827, para desempeñar el puesto denominado Secretario/a Jefe de los Servicios Jurídicos, R.P.T. nº 08.04.02.001, en la Dirección General del Servicio Jurídico de la Presidencia del Gobierno; nivel: 18; puntos de complemento específico: 26; vínculo: funcionario de carrera; Administración de procedencia: indistinta; Grupo: D; adscripción Cuerpo/Escala: Auxiliar; jornada: especial; localización: Santa Cruz de Tenerife.
Segundo: la funcionaria cesará en el actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, contados desde el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de este Decreto, y habrá de tomar posesión en igual plazo, si reside en la misma isla, o en un mes, si reside fuera de ella, contado desde el día siguiente al del cese.
Contra el presente Decreto cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su publicación, previa la comunicación a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de mayo de 1993.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Manuel Hermoso Rojas.
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