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BOC Nº 038. Viernes 26 de Marzo de 1993 - 452

III. OTRAS RESOLUCIONES - C.Política Territorial

452 - ORDEN de 18 de enero de 1993, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por el Ministerio de Defensa contra la Resolución de la Dirección General de Urbanismo de 24 de julio de 1992.

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Resultando: que con fecha 15 de diciembre de 1988 se solicitó por la Capitanía General de la Zona Militar de Canarias, el permiso para el cerramiento de finca, con malla metálica, construcción de edificio de unos 200 m2 en una sola planta y construcción típica canaria e instalación de telecomunicaciones, habiendo sido denegada mediante Resolución del Director General de Urbanismo de 24 de julio de 1992 la construcción e instalación de telecomunicaciones y autorizado el vallado condicionado a que se realizara en malla transparente y de una altura máxima de 2,50 m.

Resultando: que por D. Francisco López Fernández, Comandante de Intendencia, Jefe de la Sección de Patrimonio de JIEA de la Zona Militar de Canarias, se interpuso recurso de alzada contra la citada Resolución, alegando fundamentalmente:

1. Que se trata de una obra de gran importancia técnica y de excepcional interés para la Defensa Nacional, siendo el enclave elegido único por las características de la zona.

2. Dada la fecha de la solicitud, se le debió dar a la solicitud el tratamiento del artº. 9.2.c) de la Ley 5/1987, de 7 de abril, habida cuenta del carácter de utilidad pública e interés social del proyecto en cuestión.

Considerando: que por la fecha de la solicitud, su posterior resolución y, en virtud de reiterado criterio jurisprudencial que establece que “la concesión de licencias de obras debe acomodarse al planeamiento en vigor en el momento de la decisión, siempre que ésta se adopte oportunamente, es decir, dentro de los plazos fijados, e, inversamente, de acuerdo con las normas urbanísticas válidas en el tiempo en que se solicitaron”, St. T.S. de 22 de enero de 1988, St. 1 de diciembre de 1988, St. 2 de noviembre de 1984, St. 1 de diciembre de 1985, etc.; siéndole de aplicación en consecuencia, las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria de 1962 que clasifica el terreno como rústico sin especificaciones, debiendo tramitarse como supuesto excepcional del artº. 9.2.c) de la Ley 5/1987, de 7 de abril y por el procedimiento del artº. 11.2 de la citada Ley; procediendo en consecuencia retrotraer el expediente al momento en que debió realizarse la aprobación inicial e información pública de conformidad con los artículos 11.2.b) y c) de la citada Ley.

Considerando: que es competente el Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial para resolver los recursos de alzada de conformidad con el artº. 5.24 del Decreto 306/1991, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, en relación con el artº. 24 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

Visto el expediente administrativo, informes emitidos, Ley de Procedimiento Administrativo, Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias, Decreto 306/1991, de 29 de noviembre y demás normas de general y pertinente aplicación,

D I S P O N G O:

1. Estimar parcialmente el recurso interpuesto por D. Francisco López Fernández, Comandante de Intendencia, Jefe de la Sección de Patrimonio de la JIEA de la Zona Militar de Canarias, contra la Resolución del Director General de Urbanismo de 24 de julio de 1992, en cuanto a la normativa y procedimiento aplicado, y en consecuencia revocar la Resolución del Director General de Urbanismo de 24 de julio de 1992.

2. Retrotraer el expediente al momento en que se debió proceder a su aprobación inicial e información pública de conformidad con el artº. 11.2 de la Ley 5/1987, de 7 de abril.

3. Notifíquese la presente Orden Departamental al Ayuntamiento y al particular, advirtiéndole que la misma agota la vía administrativa y contra ésta cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de enero de 1993.

EL CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL, José Francisco Henríquez Sánchez.

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