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BOC Nº 038. Viernes 26 de Marzo de 1993 - 451

III. OTRAS RESOLUCIONES - C.Política Territorial

451 - ORDEN de 15 de enero de 1993, por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por D. Manuel Barreto Acuña contra la corrección de errores de las Normas Subsidiarias de Santa Brígida (B.O.C. nº 73, de 31.5.91).

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Resultando que, la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 1990, adoptó, entre otros, Acuerdo de aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias Municipales de Santa Brígida.

Resultando que, por Resolución de la Dirección General de Urbanismo, de 29 de mayo de 1990, se ordenó la inserción del citado Acuerdo aprobatorio en el Boletín Oficial de Canarias, publicándose en el nº 70, de 6 de junio del mismo año.

Resultando que, en el Boletín Oficial de Canarias nº 73, del día 31 de mayo de 1991, se publicó, al amparo del artículo 111 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, una corrección de errores de la Resolución de la Dirección General de Urbanismo, de 29 de mayo de 1990, antes citada.

Resultando que, contra dicha corrección de errores se interpone con fecha 1 de julio de 1991 y registro de entrada nº 03-3133, recurso de reposición suscrito por D. Manuel Barreto Acuña, que solicita la rectificación del Acuerdo impugnado al considerarlo contrario a Derecho y altamente lesivo a sus intereses.

Resultando que, del texto del mencionado recurso se dió traslado al Ayuntamiento de Santa Brígida para que, en virtud de lo establecido en el artículo 117.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, alegase cuanto estimase procedente, sin que conste en el expediente que la Entidad Local hiciese uso de tal derecho. Resultando que, ante la inactividad de la Administración Autónoma, el particular acude a la vía jurisdiccional dando lugar a la tramitación del recurso contencioso-administrativo nº 310/92, ante la Sala competente por razón de la materia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sin que hasta el día de la fecha exista constancia de su resolución.

Considerando que, un primer aspecto que podrá plantearse, de carácter eminentemente formal, es la posible extemporaneidad de la resolución del recurso que se interpuso ante esta Administración en julio de 1991 y, consecuentemente, su validez. Esta cuestión, sobre la que existen criterios doctrinales y jurisprudenciales contradictorios -sirvan de referencia las consideraciones que el profesor González Pérez hace del artículo 94 de la Ley de Procedimiento Administrativo en su obra “Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo”, Ed. Civitas 1989-, se interpreta en el sentido de entender que, sin perjuicio de la opción que tiene el administrado para acudir a la vía jurisdiccional, la Administración tiene la obligación de resolver los recursos y peticiones que se le planteen, aunque sea tardíamente.

Considerando que entrando en el fondo del recurso, debemos referirnos al primer planteamiento del escrito impugnatorio que, sustentado en abundantes citas jurisprudenciales, postula la nulidad de la corrección de errores combatida al exceder la misma de los límites contenidos en el artículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA); criterio que debe ser compartido, en lo sustancial, en cuanto a la delimitación de los supuestos a los que puede serle de aplicación el artículo 111 citado y, en lo que afecta al presente supuesto debe admitirse que intercalar “y autorizados” en el texto original excede de la simple corrección material en cuanto puede introducir criterios interpretativos susceptibles de juicios valorativos, como el que efectúa el recurrente en el sentido de considerar que restringe los supuestos acogidos a la norma. Debe aceptarse, igualmente, lo manifestado de contrario sobre el efecto claramente redundante aunque discrepamos del calificativo de inexplicable, entendiéndose que el acto impugnado se trata de una matización innecesaria que, además de redundante, produce un efecto de confusión en la aplicación de la norma. Por ello, en cuanto introduce -al menos en el campo interpretativo- la necesidad de realizar juicios valorativos sobre los efectos y alcance del precepto subsanado, debe estimarse el recurso de reposición.

Considerando que, lo expuesto anteriormente no presupone, como indica el recurrente, que la estimación del recurso conlleve “la posibilidad -claramente permitida en la norma afectada tal y como fue aprobada- de legalizar mi vivienda”. La estimación del recurso sólo supone la anulación de la Resolución de la Dirección General de Urbanismo de 29 de mayo de 1990, en cuanto introdujo por vía de corrección de errores una matización innecesaria que conlleva criterios interpretativos susceptibles de juicios valorativos y ello no implica que compartamos la interpretación “tan clara” que pretende otorgar el recurrente a la norma ordenancista ya que deberá acreditarse por quien lo alega que el inmueble existía y, en su caso, que el mismo podría legalizarle o, no pudiéndolo, hubiese prescrito la acción administrativa, posponiéndose en cualquier caso, tal planteamiento -formulado por el recurrente como apoyo de su pretensión pero sin plasmación en el súplico del recurso- debe ser debatido y acreditado en el expediente de legalización que debe tramitarse y resolverse en pieza separada. Visto el recurso presentado, los informes técnicos, Texto Refundido de la Ley del Suelo, artº. 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, Decreto 306/1991, de 29 de noviembre, y demás disposiciones generales de concordante aplicación,

D I S P O N G O:

Primero: estimar el recurso de reposición formulado por D. Manuel Barreto Acuña, con fecha 1 de julio de 1991, y registro de entrada nº 03-3133, interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Urbanismo, publicada en el Boletín Oficial de Canarias de 31 de mayo de 1991, por la que se procede a la corrección de errores de la Resolución de 29 de mayo de 1990, dictada por el mismo órgano, por la que se hizo público el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias que aprobó definitivamente las Normas Subsidiarias Municipales de Santa Brígida, procediendo, en consecuencia, la revocación del Acuerdo impugnado.

Segundo: el acuerdo resolutorio del recurso deberá ser publicado en el Boletín Oficial de Canarias y debidamente notificado al recurrente, así como al Ayuntamiento de Santa Brígida (Gran Canaria).

Contra este acto que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de su notificación según lo dispuesto en el artº. 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de enero de 1993.

EL CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL, José Francisco Henríquez Sánchez.

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