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BOC Nº 150. Miércoles 28 de Octubre de 1992 - 1654

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Turismo y Transportes

1654 - RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 1992, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería, resolviendo recurso de alzada interpuesto por D. Julián Rivero Ramos.

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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Julián Rivero Ramos la Orden de 17 de febrero de 1992 (Libro nº 1, folio 166, número 106), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 543/91 (expediente nº 71/90), interpuesto contra la Resolución de 23 de julio de 1991, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística. Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de octubre de 1992.- El Secretario General Técnico, Luis Fernando Jara González.

A N E X O

Orden por la que se resuelve el recurso de alzada promovido por D. Julián Rivero Ramos, actuando como titular de la explotación turística del establecimiento denominado Camping Bella Vista, contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística de fecha 23 de julio de 1991.

Visto el presente recurso promovido por D. Julián Rivero Ramos, actuando como titular de la explotación turística del establecimiento denominado Camping Bella Vista contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de fecha 23 de julio de 1991, recaída en el expediente de referencia, y

RESULTANDO

Primero: que el día 24 de enero de 1990 tuvo entrada en esta Consejería denuncia (nº de registro 1670) formulada por la Guardia Civil de Maspalomas contra el establecimiento denominado Camping Bella Vista por carecer de la autorización de apertura, registro de entrada y salida de campistas, el libro de inspección y las hojas de reclamaciones.

Segundo: que como consecuencia de la denuncia formulada, el día 7 de febrero de 1990, fue girada visita de inspección formalizándose el Acta nº 1.344/90 contra el establecimiento denominado Camping Bella Vista, por realizar la actividad turística de alojamiento en la modalidad de camping, careciendo de la preceptiva autorización de apertura y clasificación.

Tercero: que el día 15 de marzo de 1990 se notificó al citado establecimiento Providencia de incoación de expediente y de nombramiento de Instructor y Secretario.

Cuarto: que el día 16 de agosto de 1990, por la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística se dictó Providencia designando nuevo Instructor del expediente sancionador nº 71/90, instruido a D. Julián Rivero Ramos, como titular de la explotación turística del establecimiento denominado Camping Bella Vista, notificándose dicha Providencia en fecha 22 de agosto de 1990. Quinto: que a la vista del informe emitido por la unidad administrativa correspondiente se formuló Pliego de Cargos contra el establecimiento denominado Camping Bella Vista por realizar la actividad de alojamiento en la modalidad turística de camping, careciendo de la preceptiva autorización de apertura, notificándose el referido pliego en fecha 11 de noviembre de 1990.

Sexto: que por el expedientado no se presentó escrito de descargo alegando lo que hubiera estimado pertinente para la defensa de su derecho.

Séptimo: que el Instructor del expediente formuló propuesta de Resolución que fue notificada mediante la publicación en el B.O.C. nº 58, de fecha 3 de mayo de 1991, de la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 8 de abril de 1991, al resultar infructuosa la efectuada por correo con acuse de recibo, según se acredita en el expediente.

Octavo: que el expedientado no alegó cuanto hubiese considerado conveniente a su defensa, proponiendo o presentando las pruebas que hubiera estimado pertinente para su defensa.

Noveno: que la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, en ejercicio de sus competencias propias, dictó Resolución en fecha 23 de julio de 1991, que vino a sancionar a D. Julián Rivero Ramos, como titular de la explotación turística del establecimiento denominado Camping Bella Vista, con multa de quinientas mil (500.000) pesetas, por infracción a los artículos 3º y 6º de la Orden de 28 de julio de 1966, por la que se aprueba la Ordenación de los Campamentos de Turismo, en base al artículo 9.b), en relación con el artículo 8.ll), de la Ley Territorial 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en Materia Turística, notificándose dicha Resolución en fecha 31 de julio de 1991.

Décimo: que contra la citada Resolución, por D. Julián Rivero Ramos se presentó recurso de alzada en súplica de que se tuviera por interpuesto en tiempo y forma y que tras los trámites oportunos se dictase nueva Resolución revocando la ahora impugnada, alegando, en síntesis, que el expediente adolecía de caducidad y que el establecimiento expedientado carecía de los elementos necesarios para que fuera considerado como camping.

CONSIDERANDO

Primero: que el Consejero de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso, según lo establecido en el artículo 122, y concordantes, de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias, en el artículo 29.1.e) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1 de agosto), y en el artículo 21.1 del Decreto 26/1984, de 27 de enero, por el que se distribuyen competencias en materia de turismo y transportes (B.O.C.A.C. nº 6, de 10 de febrero), modificado por los Decretos 123/1985, de 19 de abril, y 23/1987, de 13 de marzo (B.O.C.A.C. nº 51, de 29 de abril, y B.O.C. nº 34, de 20 de marzo, respectivamente).

Segundo: que el presente recurso observa los requisitos de índole adjetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como capacidad, legitimación suficiente e interposición en plazo.

Tercero: que las alegaciones del recurrente en modo alguno desvirtúan el fundamento jurídico de la Resolución ahora impugnada en tanto que la invocada institución de la caducidad no es aplicable al caso que ahora nos ocupa ya que en el mismo no se observan los requisitos legales exigidos para declararla. En este sentido, al amparo del artículo 10 de la Ley Territorial 3/1986, no se puede entender que se hubiese producido la caducidad del expediente, ya que desde la designación del primer Instructor hasta el nombramiento del segundo, y en general desde la iniciación del expediente hasta su conclusión, se han observado todos los trámites y plazos procedimentales que, respectivamente, se recogen en los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo (los cuales son de aplicación por la remisión que hace el artículo 18 de la mencionada Ley 3/1986) y en el mentado artículo 10 de la Ley 3/1986.

Cuarto: que de conformidad con lo previsto en la normativa vigente se entiende por “campamento de turismo” el espacio de terreno debidamente delimitado, dotado y acondicionado para su ocupación temporal, con capacidad para más de diez personas que pretendan hacer vida al aire libre, con fines vacacionales o turísticos y utilizando como residencia albergues móviles, tiendas de campaña, caravanas u otros elementos fácilmente transportables.

Quinto: que de los antecedentes obrantes en el expediente se constata que desde 1985 en el lugar denominado “El Hornillo”, en el término municipal de Tirajana, estaba en proyecto la construcción de un campamento de turismo con categoría de lujo, constatándose la explotación del mismo con las declaraciones que se contienen en el Acta de Inspección de Turismo nº 1.344/90 y en la denuncia que formula la Guardia Civil de Maspalomas, e implícitamente por las declaraciones del recurrente contenidas en el cuarto apartado de su recurso.

Sexto: que el artículo 3º de la Orden de 28 de julio de 1966, por la que se aprueba la Ordenación Turística de los Campamentos de Turismo, establece: “Sin perjuicio de las atribuciones de otros departamentos ministeriales u organismos, es competencia del Ministerio de Información y Turismo (hoy Consejería de Turismo y Transportes), a tenor de lo dispuesto en el artículo 7º del Estatuto Ordenador de Empresas y Actividades Turísticas Privadas: a) autorizar la apertura y cierre de los campamentos de Turismo”, expresándose en términos concordantes el artículo 6º de la mencionada norma al establecer concretamente que: “con anterioridad a la apertura de un campamento público, la empresa propietaria o explotadora solicitará del Ministerio de Información y Turismo (hoy Consejería de Turismo y Transportes) que se conceda la oportuna autorización y se señale la categoría que le corresponda en atención a sus instalaciones y servicios”, conteniendo el resto del artículo el procedimiento concreto para la solicitud de apertura, lo cual supone que, al haber sido incumplidos los preceptos citados, el establecimiento expedientado ha incurrido en la comisión de infracción administrativa que se ha calificado como grave de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.b), en relación con el artículo 8º.ll), de la Ley Territorial 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en Materia Turística, tal y como se ha recogido en la Resolución que ahora se impugna y que no procede revocar ni modificar por ser ajustada a Derecho.

Séptimo: que la presente Orden no ha sido dictaminada por la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artículo 12.1.d) del Decreto 145/1990, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

D I S P O N G O:

Desestimar en todos sus términos el recurso de alzada promovido por D. Julián Rivero Ramos como titular de la explotación turística del establecimiento denominado Camping Bella Vista y confirmar la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de fecha 23 de julio de 1991, recaída en el expediente nº 71/90, que determinó la imposición de una sanción de quinientas mil (500.000) pesetas, manteniéndose en consecuencia todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.

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