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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, R E S U E L V O: Primero.- Notificar a la Comunidad de Propietarios de los Apartamentos Anatolia Miranda la Orden de 17 de febrero de 1992 (Libro nº 1, folio 166, número 105), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 634/91 (expediente nº 370/90), interpuesto contra la Resolución de 14 de mayo de 1991, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 19 de octubre de 1992.- El Secretario General Técnico, Luis Fernando Jara González.
A N E X O
Orden por la que se resuelve el recurso de alzada promovido por la Comunidad de Propietarios de los Apartamentos Anatolia Miranda, actuando como titular de la explotación turística del citado establecimiento, contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística de fecha 14 de mayo de 1991.
Visto el presente recurso promovido por la Comunidad de Propietarios de los Apartamentos Anatolia Miranda, actuando como titular de la explotación turística del citado establecimiento contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de fecha 14 de mayo de 1991, recaída en el expediente de referencia, y
RESULTANDO
Primero.- Que el día 23 de junio de 1989 se envió escrito (nº de registro 4515) a D. Servando Miranda Díaz mediante el cual se le comunicaba que se había tenido conocimiento, a través del informe de la Inspección, de 16 de junio de 1989, de que el número de unidades que disponía en explotación turística era de 78 y que, por lo tanto, debía de presentar el contrato de prestación de servicios con Técnicos de Empresas y Actividades Turísticas que ejerza el cargo de Director.
Segundo.- Que el día 27 de noviembre de 1989 (nº de registro de salida 7697) se reiteró el citado escrito, con apercibimiento de que en caso de no cumplimentarse el requerimiento efectuado se incoaría el oportuno expediente sancionador. Tercero.- Que el día 30 de octubre de 1990 se notificó a la Comunidad de Propietarios titular del citado establecimiento, providencia de incoación de expediente y de nombramiento de Instructor y Secretario.
Cuarto.- Que a la vista del informe emitido por la unidad administrativa correspondiente, así como de los antecedentes obrantes en el expediente, se formuló Pliego de Cargos contra la comunidad explotadora de los Apartamentos Anatolia Miranda, por carecer de Director titulado, notificándose dicho pliego junto con la citada providencia.
Quinto.- Que por la expedientada no se presentó escrito de descargo alegando lo que hubiere estimado pertinente para la defensa de su derecho.
Sexto.- Que el Instructor del expediente formuló propuesta de resolución que fue notificada en fecha 13 de marzo de 1991.
Séptimo.- Que la Comunidad de Propietarios expedientada no alegó cuanto hubiese considerado conveniente a su defensa, proponiendo o presentando las pruebas que hubiera estimado pertinente.
Octavo.- Que la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, en ejercicio de sus competencias propias, dictó Resolución en fecha 14 de mayo de 1991, que vino a sancionar a la Comunidad de Propietarios de los Apartamentos Anatolia Miranda, como titular de la explotación turística del establecimiento citado, con multa de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas, por infracción a los artículos 18, 1,2 y 4 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, en base al artículo 9.g), en relación con el artículo 8º.ll), de la Ley Territorial 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en Materia Turística, notificándose dicha Resolución en fecha 8 de julio de 1991.
Noveno.- Que contra la citada Resolución, por la Comunidad de Propietarios de los Apartamentos Anatolia Miranda se presentó recurso de alzada, alegando, en síntesis, que la mayoría del año no trabajan con más de cincuenta estudios, añadiendo, además, que el Director que tenían les presentó la baja en el puesto.
CONSIDERANDO
Primero.- Que el Consejero de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso, según lo establecido en el artículo 122 y concordantes, de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias, en el artículo 29.1 e) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1 de agosto), y en el artículo 21.1 del Decreto 26/1984, de 27 de enero, por el que se distribuyen competencias en materia de turismo y transportes (B.O.C.A.C. nº 6, de 10 de febrero), modificado por los Decretos 123/1985, de 19 de abril, y 23/1987, de 13 de marzo (B.O.C.A.C. nº 51, de 29 de abril, y B.O.C. nº 34, de 20 de marzo, respectivamente).
Segundo.- Que el presente recurso observa los requisitos de índole adjetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como capacidad, legitimación suficiente e interposición en plazo.
Tercero.- Que las alegaciones del recurrente en modo alguno desvirtúan el fundamento jurídico de la Resolución ahora impugnada en tanto que de ellas se deriva el reconocimiento expreso de los hechos imputados al afirmar en su escrito de interposición de recurso que: ... pero en la actualidad estamos por contratar a otro ya que D. Luis Irazu ha tenido que marcharse de la isla y por lo tanto se nos ha dado de baja....
Cuarto.- Que el apartado primero del artículo 18 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre ordenación de apartamentos turísticos, establece que Los apartamentos turísticos contarán con un Director con la titulación exigida en la normativa vigente, expresándose en términos concordantes el apartado segundo del citado artículo el cual dispone que: La designación será preceptiva para los establecimientos regulados en la presente ordenación, siempre que cuenten con treinta o más unidades alojativas y estén clasificados en tres, cuatro y cinco llaves, así como en los clasificados en una y dos llaves con cincuenta o más unidades alojativas. Asimismo el apartado 4º del mentado artículo establece que El nombramiento o cese de los Directores o de los representantes deberá ser comunicado a la Administración turística competente, aplicándose en ambos supuestos lo previsto en la normativa reguladora de Directores de los Establecimientos de Empresas Turísticas, obligaciones las expresadas que han sido reconocidamente incumplidas por la comunidad explotadora del establecimiento expedientado, lo cual implica la comisión de una infracción administrativa en base al artículo 9.g), en relación con el artículo 8.ll), de la Ley Territorial 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en Materia Turística, tal y como se recoge en la Resolución que ahora se impugna y que no procede revocar ni modificar por ser ajustada a Derecho.
Quinto.- Que la presente Orden no ha sido dictaminada por la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artículo 12.1.d) del Decreto 145/1990, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias.
Visto los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
D I S P O N G O:
Desestimar en todos sus términos el recurso de alzada promovido por la Comunidad de Propietarios de los Apartamentos Anatolia Miranda, actuando como titular de la explotación turística del establecimiento citado y confirmar la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de fecha 14 de mayo de 1991, recaída en el expediente nº 370/90, que determinó la imposición de una sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercer cualquier otro recurso que estimen pertinente.
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