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BOC Nº 156. Lunes 17 de Diciembre de 1990 - 1570

IV. DISPOSICIONES DEL ESTADO - Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

1570 - RESOLUCION de 8 de noviembre de 1990, de la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura, por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y el Gobierno de Canarias, para la rehabilitación de viviendas de promoción pública afectadas por aluminosis (B.O.E. nº 282, de 24.11.90).

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Suscrito, previa tramitación reglamentaria, entre el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y el Gobierno de Canarias el día 2 de noviembre de 1990 un Convenio de Colaboración para la rehabilitación de viviendas de promoción pública afectadas por aluminosis, y en cumplimiento de lo establecido en el punto noveno del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990 (B.O.E. de 16), procede la publicación de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Madrid, a 8 de noviembre de 1990.- El Director General, Mariano de Diego Nafría. A N E X O

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO Y EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS CANARIAS PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS DE PROMOCION PUBLICA AFECTADAS POR ALUMINOSIS

En Madrid, a 2 de noviembre de 1990.

REUNIDOS

De un parte, el Excelentísimo Señor D. Javier Luis Sáenz Cosculluela, Ministro de Obras Públicas y Urbanismo.

Y de otra, el Excelentísimo Señor D. Ildefonso Chacón Negrín, Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias.

Ambas partes se reconocen mutuamente en la calidad con que cada uno interviene, con capacidad legal necesaria para el otorgamiento del presente Convenio de Colaboración, y a tal efecto,

EXPONEN

Que se ha constatado en diversas localidades de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias la existencia de numerosas edificaciones de uso residencial promovidas por Entes públicos como viviendas de protección oficial, en cuya construcción se utilizaron materiales que han experimentado un progresivo deterioro como consecuencia del fenómeno denominado aluminosis, afectando en algunos casos la seguridad estructural de los edificios y las condiciones de habitabilidad de los mismos. Por la Administración Autonómica Canaria se ha efectuado un inventario detallado de las viviendas y grupos afectados, cuyo detalle se incluye en la relación anexa al presente documento, totalizando 1.847 viviendas.

Que ante la posibilidad de que dicho deterioro conduzca a situaciones de degradación irreversible, cuya solución lleve aparejados costes sociales y económicos muy elevados, se hace precisa la ejecución de un programa de actuaciones orientadas a la resolución de los problemas habitacionales planteados mediante adecuadas medidas de corrección, rehabilitación y prevención.

Que el Gobierno de la Nación, a solicitud de la Comunidad Autónoma y consciente de la magnitud del problema social planteado, de interés general, y que pudiera exceder de las posibilidades de actuación propias de la Administración Autonómica y, asimismo, considerando que muchos de los edificios afectados fueron construidos por Entes públicos con anterioridad al traspaso de competencias, funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma, ha decidido colaborar, en cumplimiento de las funciones encomendadas al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (Dirección General para la Vivienda y Arquitectura), en el desarrollo del programa de actuaciones conducentes a la solución del citado problema.

En su virtud, las partes otorgan el presente convenio con sujeción a las siguientes

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.

El presente convenio tiene como finalidad regular la colaboración entre la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y el Gobierno de Canarias en orden a la realización de un plan de actuaciones sobre las viviendas de protección oficial y promoción pública afectadas por aluminosis existentes en el territorio de la citada Comunidad, cuyo detalle figura en relación anexa al presente Convenio. La Comunidad Autónoma se compromete a resolver el problema de realojamiento originado por dicho fenómeno, para lo cual contará con la colaboración financiera del Estado, en los términos y condiciones que se estipulan en las siguientes cláusulas.

Segunda.- Plan de actuación.

La Administración Autonómica, en el ejercicio de sus atribuciones, elaborará el correspondiente plan general de actuaciones, en el que se concretarán las unidades físicas de actuación, el importe económico de las operaciones a realizar y su desarrollo temporal, así como un programa anual de actuación con contenido similar en su correspondiente ámbito temporal. Dicho plan general y programaciones anuales deberán ser aprobados por la Comisión conjunta de seguimiento al convenio de la que se trata en la estipulación sexta.

Tercera.- Financiación.

3.1. La Dirección General para la Vivienda y Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo aportará como subvención a fondo perdido hasta un máximo de 6.000 millones de pesetas, distribuidos en cuatro anualidades sucesivas a partir de 1990, con el desglose siguiente:

1990: 1.200 millones de pesetas. 1991: 1.500 millones de pesetas. 1992: 2.100 millones de pesetas. 1993: 1.200 millones de pesetas.

Dicha financiación estará supeditada, en todo caso, a la disponibilidad de consignación presupuestaria, en el concepto correspondiente, para lo cual se promoverá la inclusión de la misma en el anteproyecto de Ley General de Presupuestos del Estado para cada uno de los ejercicios indicados.

3.2. La Administración Autonómica de las Islas Canarias financiará el exceso que sobre la cuantía total y desglose por anualidades establecida en el párrafo anterior pudiera derivarse de la ejecución del correspondiente plan de actuación.

Cuarta.- Desarrollo de los trabajos.

4.1. Tanto el proyecto como su supervisión técnica, contratación de obras, dirección, ejecución y liquidación de las mismas serán de la competencia de la Administración Autónomica, a la cual corresponderá, asimismo, la expedición y autorización de las certificaciones acreditativas de los importes invertidos. También se hará cargo del importe de los honorarios que eventualmente pudieran corresponder a los facultativos encargados del proyecto, dirección y supervisión de las obras, así como de cuantos impuestos, arbitrios o tasas se devenguen en el desarrollo de las distintas actuaciones. La financiación estatal de las obras deberá hacerse constar en toda la información que sobre las mismas se efectúe y en particular en los carteles exteriores descriptivos de las mismas.

4.2. Al menos una vez de cada seis meses, la Comisión conjunta de seguimiento, de la que se trata en la estipulación sexta, será informada de la ejecución de las actuaciones y desarrollo de las obras, incluyendo el seguimiento económico de las mismas en base a las certificaciones que a tal efecto sean presentadas.

La citada Comisión emitirá informes con periodicidad, al menos semestral, de carácter no vinculante, que podrán ser tenidos en cuenta para la transferencia de fondos a la que se hace referencia en la estipulación quinta.

Quinta.- Libramiento de pagos por la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura.

De acuerdo con el plan general y el programa anual de actuaciones establecido en la estipulación segunda, y dentro de los importes máximos anuales fijados en la estipulación primera, se efectuarán las transferencias de fondos a la Administración Autónoma por la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura.

Con carácter inicial, y una vez aprobado el plan general de actuación y el programa anual correspondiente al primer ejercicio, se librará un 50 por 100 de la primera anualidad.

Los libramientos posteriores se efectuarán una vez justificada por la Administración Autonómica el empleo de los fondos anteriormente remitidos mediante la correspondiente acreditación, de conformidad con las certificaciones de obras, honorarios y demás gastos expedidos al efecto, así como el cumplimiento de las demás obligaciones reconocidas en el presente convenio.

El pago por la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura a favor de la Administración Autónoma, se efectuará a través de las Delegaciones de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria o mediante transferencia a la cuenta corriente específica que para este cometido se designe.

Terminado el ejercicio económico, se practicará la liquidación correspondiente al mismo. Si no hubiera sido invertida toda la anualidad correspondiente a la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura podrá ésta deducir de la siguiente anualidad el importe no invertido, trasladándolo a años sucesivos.

Sexta.- Seguimiento de las actuaciones.

A efectos de verificar el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, proponer sugerencias y alternativas ante las eventualidades que pudiera comportar su desarrollo, se creará una Comisión en la que se integrarán tres representantes de la Administración del Estado, de los cuales dos miembros pertenecerán a la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura y otro a la Delegación del Gobierno en la Comunidad y tres de la Comunidad Autónoma.

En caso de que se hicieran efectivos los traspasos en materia de vivienda del Gobierno de Canarias a los Cabildos Insulares, la Administración de la Comunidad Autónoma dispondrá las medidas necesarias para la adecuada representación de dichas Corporaciones Insulares en la Comisión de Seguimiento.

A efectos de coordinación y comunicaciones, la Secretaría de dicha Comisión de Seguimiento corresponderá al representante de la Delegación del Gobierno. A las reuniones de la Comisión podrán asistir, si se considera necesario, los facultativos encargados de la ejecución de los trabajos, así como una representación de los Entes públicos, que por su titularidad sobre las viviendas o competencia territorial sobre los mismos estén afectados por el desarrollo de las actuaciones previstas.

La Comisión se reunirá al menos una vez al semestre, incluyéndose entre sus funciones la aprobación del plan general y programa anual de actuaciones y de sus posibles modificaciones, así como la rendición de informes periódicos sobre la ejecución de los citados plan y programa y de desarrollo físico y financiero de las actuaciones previstas.

Séptima.- La Comunidad Autónoma se obliga a proporcionar a la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura cuanta información sea requerida por ésta, en relación con las actuaciones previstas en el presente convenio.

Octava.- La vigencia de los efectos derivados del presente convenio quedará vinculada, en todo caso, a la realización efectiva de las obras previstas en el plan de actuaciones que se apruebe, así como a la recepción de las obras correspondientes por la Administración.

En prueba de conformidad, se firma el presente convenio en el lugar y fecha de su encabezamiento indicados.

El Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Javier L. Sáenz Cosculluela.- El Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, Ildefonso Chacón Negrín.

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