Estás en:
Resultando que por el Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial se dictó, con fecha 7 de marzo de 1989, Orden Departamental por la que, en base a las competencias establecidas en el artículo 26 del Decreto 16/1986, de 24 de enero, y previos los informes emitidos por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, se aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria, estableciéndose la inmediata entrada en vigor de los sectores señalados en el dispongo primero.
Resultando que, con fecha 29 de abril de 1989, se interpuso por D. Carlos Ramírez Pery, como apoderado del Banco Exterior de España, S.A., recurso de alzada contra la citada Orden Departamental, alegando que no son ajustadas a Derecho las cargas asignadas por el Plan General de Ordenación Urbana a su propiedad, sita en el nº 330 de esta ciudad, y que las condiciones de uso y edificación del solar de su propiedad, comprendido entre la Plaza Comandante Franco y las calles León y Castillo, y Emilio Castelar, no están determinadas suficientemente en el citado instrumento de planeamiento, por lo que pide que dichas condiciones se establezcan de forma inequívoca.
Considerando que por el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la entidad mercantil "Banco Exterior de España, S.A." se celebró un Convenio Urbanístico, por el que dicha entidad mercantil se obligó a transmitir en concepto de donación el edificio sito en la calle León y Castillo de esta capital, con número de gobierno 432, identificado con la letra A en el plano que se adjunta a la presente, y el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se comprometió a establecer para los solares identificados con las letras B y C determinadas condiciones edificatorias y de uso.
Considerando que las citadas condiciones edificatorias y de uso no alteran el modelo urbanístico del sector y que el cumplimiento del referido convenio conlleva un evidente interés social, procede estimar parcialmente el recurso presentado, estableciendo para los solares identificados con las letras B y C en el plano que se adjunta, las determinaciones edificatorias y de uso establecidas en el mentado convenio.
Considerando que es competencia del Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias la presente resolución, conforme al artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Vistos informes emitidos, Texto Refundido de la Ley del Suelo, Decreto 16/1986, de 24 de enero, y demás normas de general y pertinente aplicación,
D I S P O N G O:
Estimar parcialmente el recurso interpuesto por D. Carlos Ramírez Pery, en representación de la entidad "Banco Exterior de España, S.A.", estableciendo:
1º) Para la parcela identificada con la letra A, en el plano que diligenciado se adjunta a la presente, una ocupación del 100% en planta baja, excepto soportales, y del 80% en las restantes plantas; el uso comercial en planta baja y en las restantes, el residencial compatible con el de oficinas; asimismo, se proyectará un patio por el lindero posterior del solar de cuatro metros mínimos de profundidad en todo el ancho de la parcela, siendo el resto de las determinaciones las establecidas en el expediente de modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria (tramos VI y VII de la autovía).
2º) Para la parcela identificada con la letra C en el plano que diligenciado se adjunta, una ocupación en planta baja del 100%, excepto soportales, y del 80% en las restantes plantas; una altura de seis plantas, pudiendo, no obstante, armonizar la altura de cornisa con el edificio colindante de Correos y Telecomunicaciones, con el fin de poder obtener una altura de planta adecuada para la instalación de los conductos de aire acondicionado, con una altura entre forjados de tres metros treinta centímetros, siendo el resto de las determinaciones las establecidas en el expediente el Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente a los tramos VI y VII de la Avenida Marítima del Norte, si bien, con el fin de obtener una armonización en la composición de la manzana (teniendo en cuenta el otro edificio existente), se suprime la obligatoriedad del remate de una balaustrada neoclásica, así como arcados en los soportales. La presente resolución agota la vía administrativa. Contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir de su publicación.
Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de junio de 1990.
EL CONSEJERO DE
POLITICA TERRITORIAL,
Augusto Menvielle Laccourreye.
© Gobierno de Canarias