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BOC Nº 213. Martes 5 de noviembre de 2019 - 5247

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

5247 ORDEN de 23 de octubre de 2019, por la que se convocan, para el ejercicio 2019, las subvenciones destinadas a compensar los costes de transporte interinsular de la prensa local diaria de las islas durante los años 2016 y 2017, y se aprueban las bases que han de regir las mismas.

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Visto el expediente relativo a la convocatoria para el ejercicio 2019 de las subvenciones destinadas a compensar los costes de transporte interinsular a la prensa local diaria de las islas durante el año 2016 y 2017, y la aprobación de las bases que han de regir las mismas, y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- El acceso a la información, como un elemento más de contribución a la cohesión, hace conveniente paliar, en la medida de lo posible y de forma diferenciada, los costes de transporte que tanto la prensa local escrita, en contraposición a otros medios de comunicación, como en general el resto de la industria gráfica, se ven obligadas a soportar, para facilitar el acceso diario y puntual de la población de las islas a toda la información con independencia de la localización insular de las ediciones o del ámbito territorial de la información, fomentando así los medios informativos.

Segundo.- La Disposición adicional centésima vigésima novena de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 vino a aumentar el porcentaje máximo de compensación del 70 por 100 regulado en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas Canarias, y en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas Canarias, quedando establecido ya en los Presupuestos Generales del Estado para ese año en el 100 por 100.

La Disposición adicional centésima cuadragésima octava de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 determinó que los porcentajes establecidos en los apartados uno y tres de la Disposición adicional centésima vigésima novena de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, relativa a las subvenciones al transporte de mercancías en las Comunidades Autónomas insulares y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, serán de aplicación a transportes realizados desde el 1 de enero de 2016.

Finalmente, la reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias operada mediante la aprobación de la Ley 8/2018, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, ha traído consigo la elevación del límite impuesto a las compensaciones del coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías interinsular y entre las Islas Canarias y la península o entre las Islas Canarias y otros países de la Unión Europea. Dicho límite, que hasta la última reforma estaba fijado en el 70 por 100, queda fijado de modo permanente en el 100 por 100.

Tercero.- Esta convocatoria de subvenciones hay que compatibilizarla, ejercicio a ejercicio, con las otorgadas por la Administración General del Estado (AGE), si bien se determinará que las compensaciones otorgadas por ambas administraciones no superen el porcentaje máximo indicado en la base segunda. Esto hace que, en cada ejercicio presupuestario, se produzcan modificaciones que influyen directamente en las bases. Esta particularidad hace necesario que las bases se aprueben y publiquen junto con la convocatoria, en conformidad con lo establecido en el artículo 14.5.a) del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cuarto.- En la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019 está previsto crédito adecuado y suficiente para atender las subvenciones que se convocan.

Quinto.- Las subvenciones objeto de la presente Resolución se enmarcan en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios, y han superado el trámite de la fiscalización previa por la Intervención General, que ha emitido informe favorable con observaciones.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero.- La presente convocatoria de subvenciones al transporte interinsular de mercancías se acoge al artículo 15 del Reglamento nº 651/2014, de la Comisión, de fecha 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DOUE nº 187, de 26.6.14).

Segundo - La Ley 8/2018, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en especial sus artículos 3, 4 y 7, artículo este último que eleva al 100% el límite de la compensación de costes de transporte de mercancías interinsular.

El Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas Canarias, modificado por el Real Decreto 350/2011, de 11 de marzo, y por la mentada Ley 8/2018, de 5 de noviembre, en cuanto al límite máximo de las compensaciones. Dicha norma resulta de aplicación, tras el dictado del Real Decreto 147/2019, de 15 de marzo, en los términos previstos en su Disposición transitoria segunda, en virtud de la cual, "el porcentaje del 100 por 100 regulado en los artículos 3 y 4 del presente real decreto será de aplicación a los transportes realizados desde el 1 de enero de 2016, únicamente respecto a los costes compensables recogidos en el Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas Canarias".

En aplicación del régimen anterior:

La Orden FOM/935/2017, de 2 de octubre, por la que se determinan para el año 2016 los costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (substituido por el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), con origen o destino en las Islas Canarias.

La Orden FOM/1116/2018, de 22 de octubre, por la que se determinan para el año 2017 los costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (substituido por el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), con origen o destino en las Islas Canarias.

Tercero.- El artículo 14.2 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, que exige que, con carácter previo a la convocatoria, se efectúe aprobación del gasto en los términos previstos en la Ley de Hacienda Pública Canaria de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

Según el artículo 69 de la mencionada Ley, corresponde a los titulares de los departamentos aprobar y comprometer los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los casos reservados por la Ley a la competencia del Gobierno, así como reconocer las obligaciones correspondientes, e interesar del ordenador general de pagos la realización de los correspondientes pagos.

Por otro lado, el artículo 3.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, ya mencionado, atribuye al titular del Departamento la competencia para la concesión de subvenciones.

Cuarto.- Por Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, la Presidencia del Gobierno pierde la titularidad de las competencias que tenía atribuidas en materia de "servicios de comunicación audiovisual", las cuales son atribuidas a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.

Quinto.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, en especial, sus artículos 13.2, 14, 22 y 29.

El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo que resulte de aplicación.

El Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias; en especial, los artículos 14.5.a) y 16.5, que disponen que por razones de especificidad las bases reguladoras pueden incluirse en la propia convocatoria, y que en las bases reguladoras, y sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos y condiciones, se podrá establecer un procedimiento simplificado de concurrencia competitiva sin necesidad de órgano colegiado, en cuyo caso la propuesta se formulará por el órgano instructor, en determinados supuestos, entre los que se incluye aquel en que, excepcionalmente, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras, el órgano competente proceda al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones.

Sexto.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en particular, sus artículos 10, 11, 14, 26, 28.2, 32.4, 43.1 y 87.

Séptimo.- La Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, en su Título IX, y en particular lo dispuesto en el artículo 152.2, en lo que se refiere a los efectos de la falta de resolución y notificación de procedimientos de concesión de subvenciones públicas.

Octavo.- El Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias en su integridad, y en particular el Capítulo VIII sobre reintegro.

Noveno.- El artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), establece que cuando razones de interés público lo aconsejen se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

En virtud de las competencias atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar el gasto que conlleva la convocatoria que se efectúa con la presente Resolución por un importe de trescientos mil (300.000,00) euros de acuerdo con la partida presupuestaria 06.04.921D.47002 LA 1064G0171 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2019.

Segundo.- Convocar, para el ejercicio 2019, las subvenciones destinadas a compensar los costes de transporte interinsular de la prensa local diaria de las islas durante los años 2016 y 2017, declarando la urgencia en la tramitación del procedimiento de concesión.

Tercero.- Aprobar las bases que rigen dicha convocatoria, las cuales aparecen recogidas en anexo a esta Resolución.

Cuarto.- El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de Canarias, finalizando a las trece horas del ultimo día.

En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento del registro electrónico, y hasta que se solucione el problema, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo podrá acordar la ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicarse en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido.

Quinto.- Esta Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, a elección del interesado, recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la referida publicación, de acuerdo a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si se interpone recurso potestativo de reposición no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva el primero o se produzca silencio administrativo. Todo ello, sin perjuicio de cualquier otro recurso que sea procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre de 2019.

LA CONSEJERA DE ECONOMÍA,

CONOCIMIENTO Y EMPLEO,

Carolina Darias San Sebastián.

A N E X O

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A COMPENSAR LOS COSTES DE TRANSPORTE INTERINSULAR DE LA PRENSA LOCAL DIARIA DE LAS ISLAS (TARIC 49) DURANTE LOS AÑOS 2016 Y 2017.

Primera.- Objeto.

Es objeto de la presente bases, es establecer las normas por las que se regirá la convocatoria de subvenciones destinada a compensar los costes de transporte interinsular de la prensa local diaria de las islas, con código TARIC 49, que sean originarios o transformados en Canarias, incurridos en los ejercicios 2016 y 2017, según cuantía fijada en el coste tipo establecido al que se refiere la base tercera.

A efectos de lo establecido en estas bases, se entiende que el producto es originario o ha sido transformado en las Islas Canarias cuando su edición e impresión haya tenido lugar en Canarias.

Para acreditar este extremo, podrá exigirse un certificado de origen del producto a emitir por el editor e impresor.

Segunda.- Tráficos subvencionables y porcentaje máximo de compensación.

1. Serán objeto de compensación el coste de transporte interinsular marítimo y aéreo de los productos descritos en la base anterior, que tenga lugar entre cualquiera de las Islas Canarias.

Adicionalmente a lo regulado en la base tercera, y a la compatibilidad con otras subvenciones recogida en el apartado segundo de la presente base, el porcentaje de compensación alcanzará el 100% de los costes subvencionables.

2. Las compensaciones previstas serán compatibles con las otorgadas por la Administración General del Estado (AGE) de acuerdo con el Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo, sobre compensación al transporte aéreo o marítimo de mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas Canarias, y en el Real Decreto 350/2011, de 11 de marzo, por el que se incrementa hasta el 70% la compensación máxima, si bien se coordinará su otorgamiento de tal forma que las compensaciones otorgadas por ambas administraciones no supere el porcentaje máximo indicado en el apartado anterior.

En consecuencia, aquellos tráficos que ya hayan sido objeto de compensación del 100% de los costes subvencionables por la Administración del Estado no darán lugar a compensación adicional.

Tercera.- Conceptos subvencionables.

El coste de transporte subvencionable estará integrado por los siguientes conceptos:

- Flete.

- Tasas portuarias/aeroportuarias aplicadas a la carga transportada, tanto en puertos/aeropuertos de origen como en los de destino.

- Costes de manipulación de la mercancía en puertos/aeropuertos de origen y destino.

- Tasas de seguridad, si las hubiera.

- Recargo por incremento del coste de combustible (BAF), en su caso.

Serán subvencionables los costes reales, de acuerdo con los valores de mercado, de todos los gastos pagados correspondientes a estos conceptos, incurridos en los ejercicios 2016 y 2017.

En el caso de que los costes acreditados por los solicitantes (coste real) fuesen superiores al coste tipo fijado por el Ministerio de Fomento, se considerará como base compensable el valor resultante de aplicar dicho coste tipo a la unidad de transporte utilizada por el beneficiario, de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: en primer lugar, contenedor, en segundo lugar, metros lineales y, en tercer lugar, kilos debidamente justificada de acuerdo con la base quinta de la presente orden.

Si, por el contrario, el coste tipo fijado por el Ministerio de Fomento (coste tipo) fuese superior al coste acreditado por los solicitantes (coste real), se considerará este último para la determinación de la base subvencionable.

Los costes tipo aplicables serán los que aplique el Ministerio de Fomento de acuerdo con lo establecido en las Órdenes:

* Para los costes incurridos durante el ejercicio 2016: Orden FOM/935/2017, de 2 de octubre, por la que se determinan para el año 2016 los costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (substituido por el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), con origen o destino en las Islas Canarias.

* Para los costes incurridos durante el ejercicio 2017: Orden FOM/1116/2018, de 22 de octubre, por la que se determinan para el año 2017 los costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (substituido por el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), con origen o destino en las Islas Canarias.

Será requisito indispensable para el reconocimiento del derecho a la compensación, la acreditación por parte de los solicitantes, de haber abonado los costes del transporte regulados en la presente base. Dicha acreditación se efectuará en la forma prevista en la base quinta para la justificación y acreditación de la actividad subvencionable.

Cuarta.- Dotaciones presupuestarias, importe y cuantías de las subvenciones.

Para la presente convocatoria se destinan créditos con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias por importe de trescientos mil (300.000) euros.

Quinta.- Requisitos de los beneficiarios y forma de acreditación.

a) Requisitos de los beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios:

1. Las personas físicas o jurídicas solicitantes de la subvención, que acrediten haber abonado los costes de transportes derivados de la distribución de productos editoriales y prensa mediante la documentación señalada en esta base quinta, apartado b).

En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Los beneficiarios de las subvenciones tienen las obligaciones establecidas con carácter general para todos los beneficiarios de subvenciones públicas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Obligaciones que, dada la naturaleza de las presentes subvenciones, deben ser consideradas como requisitos necesarios para la concesión de estas.

3. Los beneficiarios podrán subcontratar la ejecución total de la actividad objeto de compensación con empresas intermediarias, debiendo cumplir los requisitos establecidos en la base quinta b) y en su caso, dentro de los límites fijados en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento.

b) Aportación de la documentación.

El detalle de documentación a presentar es el siguiente:

Documentación General:

1. Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación de quien actúe en su nombre.

2. Documento de identificación fiscal del solicitante.

3. Declaración responsable de que el solicitante no está incurso en ninguna de las circunstancias que señala el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, implementada en la solicitud.

4. Declaración responsable, que se incluirá en el modelo de solicitud, en que se haga constar los siguientes extremos:

- Que no ha recibido otras subvenciones para la financiación de los costes de las mismas mercancías o, en el caso de que hubieran recibido otras, el importe total de las mismas, relación de estas, así como, en su caso, las que haya solicitado y está pendiente de percibir.

- Que no ha recibido ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o, en su caso, el importe de las recibidas y, en su caso, indicación del Diario Oficial en que se haya publicado la concesión, con mención de fecha de publicación, año y número de boletín. En otro caso, habrá de acompañarse a la declaración responsable certificación de los organismos o entidades concedentes o en su defecto orden de resolución del órgano concedente, donde se recoja la cantidad total subvencionada en el año.

- Que se han justificado las subvenciones concedidas con anterioridad por el mismo órgano de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma habiendo transcurrido el plazo establecido para la misma.

- Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

5. Declaración responsable en al que se haga constar que no se ha concertado la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con ninguna de las personas o entidades en el artículo 35.4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

Documentación específica.

1. La acreditación de los costes realizados y del pago correspondiente se efectuará mediante la presentación de una cuenta justificativa con aportación de informe auditor que contendrá:

a. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente Resolución con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

b. Procedimientos adoptados y análisis de los hechos.

c. Una memoria económica justificativa del coste total realizado, que contendrá la Relación clasificada de gastos debidamente cumplimentada en todos sus apartados y en el formato implementado en la solicitud de la sede electrónica que deberá ser firmada electrónicamente por el solicitante y el auditor.

2. La auditoría deberá realizarse por personas físicas o jurídicas, inscritas en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. El Auditor de Cuentas está sometido a la potestad sancionadora del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas conforme al régimen sancionador establecido en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, sin perjuicio de la responsabilidad civil ante el beneficiario de la subvención en el ámbito de su relación contractual privada, de la responsabilidad penal del Auditor en caso de falsedades documentales o delitos contra la Hacienda Pública por fraude en subvenciones de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

3. El Auditor de Cuentas no podrá tener ninguna clase de vinculación mercantil (tal como socio, administrador o apoderado) o laboral con empresas intermediarias con las que contrate el beneficiario ni tener una relación laboral por cuenta ajena con el beneficiario, así como no podrá incurrir en ninguna de las causas de incompatibilidad establecidas en la Ley de Auditoría de Cuentas debiendo cumplir los requisitos de independencia del Código de ética para los contables profesionales.

4. En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la Ley de Auditoría de Cuentas, circunstancia que ha de estar recogida en el informe de auditoría, la revisión de la cuenta justificativa podrá llevarla a cabo el mismo auditor.

5. El Auditor debe comprobar que todos los gastos solicitados por el beneficiario en su solicitud como coste corresponde a los conceptos subvencionables de acuerdo con la base tercera, que son correctos ("exactitud"), que se han producido ("realidad"), y se han abonado de conformidad con las estipulaciones de las presentes bases. Se hará declaración expresa de que dichos gastos cumplen con las exigencias establecidas en la normativa, estatal y autonómica aplicable.

6. La auditoría tendrá el siguiente contenido necesario:

a. Comprobación, con expresión de su resultado, de que se han realizado los transportes objeto de la subvención y cuyo coste se solicita por el beneficiario mediante la revisión de todos los conocimientos de embarque y/o facturas de la empresa transportista marítima y/o aérea, donde se comprobará:

i. Que el beneficiario aparece como contratante de los mismos, salvo el caso de que la distribución, se realice a través de un transportista-intermediario.

ii. Que en ellos consta la mercancía transportada, el TARIC, su cantidad y el precio abonado por los conceptos que integran el coste tipo subvencionable señalado en la base tercera y que corresponden al período establecido en la misma.

iii. Que en caso de la existencia de rappel (descuentos) su importe se ha descontado del importe total abonado.

iv. Que la mercancía es subvencionable de acuerdo a lo establecido en la base primera.

b. Comprobación de que la información contenida en la memoria económica está soportada por una relación clasificada de gastos en los términos y contenido previstos en el apartado 1.c) anterior, con expresión del resultado de dicha comprobación.

c. Verificación de que la empresa dispone de los documentos originales acreditativos de los gastos incluidos en la memoria económica, y de su pago, así como que dichos documentos han sido reflejados en los registros contables comprobando que concuerdan con las facturas y mercancías indicadas con expresión del resultado de dicha comprobación.

d. Comprobación, incluyendo el resultado de esta, de que el solicitante es el comprador o vendedor, receptor o remitente de las mercancías y que ha abonado los costes del transporte compensables y correspondientes a los años 2016 y 2017, mediante:

i. Revisión mediante muestreo representativo del cinco por ciento (5%) de facturas de ventas vinculados a los transportes para los que se solicita la subvención.

ii. La revisión de las facturas que deberán figurar en los registros contables del solicitante de los gastos efectuados en relación con la actividad subvencionada.

iii. La revisión de que se ha realizado el pago de los mismos, así como de que las fechas de estos pagos estén dentro del plazo de realización establecido en las bases mediante la comprobación de que las facturas y documentos justificativos de los pagos efectuados, cumplen los requisitos de expedición establecidos en la normativa vigente, como gastos subvencionables.

e. Comprobación, en el caso de que el envío de la mercancía a bonificar se realice a través de un transportista-intermediario, que figure como pagador en el conocimiento de embarque o factura de empresa transportista marítimo o aéreo, de que existe:

i. Factura emitida por el transportista-intermediario, donde se especifique la mercancía transportada, su origen y destino, su cantidad expresada por unidad de transportes y el precio abonado por los costes de transporte recogidos en la base tercera, y que los mismos están efectivamente pagados por el solicitante.

ii. Declaración responsable del transportista-intermediario, donde se establezca que ha repercutido al solicitante los costes de transporte recogidos en la base tercera y que el propio transportista no se presenta simultáneamente como solicitante de la compensación para los mismos envíos. Esta declaración debe incorporarse en el informe auditor.

En este apartado se relacionarán los conocimientos de embarque donde se detecte esta circunstancia y la relación de las facturas emitidas por el transportista-intermediario y los resultados de dicha comprobación.

f. Comprobación, con expresión de su resultado, a través de las facturas de la mercancía o declaración responsable del solicitante, expresando el modo elegido, en que se haga constar que la mercancía es originaria de las Islas Canarias en los términos establecidos en la base primera.

g. Verificación, con expresión de su resultado, de que no se han recibido otras subvenciones para la financiación del mismo objeto o, en el caso de que se hubieran recibido otras, el importe total de las mismas, así como relación de estas y certificación de los organismos o entidades concedentes.

h. Conclusión relativa a si la documentación justificativa de los gastos realizados cumple con los requisitos formales y materiales contemplados en la normativa estatal y autonómica general en materia de subvenciones públicas. En caso negativo, especificará si incumple cualquier requisito establecido en el marco jurídico de la misma, concretando el motivo, igualmente se harán constar todos aquellos incumplimientos por parte del beneficiario de la normativa que le sea de aplicación.

Deberá, asimismo, cuantificarse en este apartado el importe de los gastos que se consideran no subvencionables.

7. La auditoría contendrá el cuadro "relación clasificada de gastos", cuyo formulario normalizado está disponible en la Sede Electrónica, debidamente cumplimentado, firmado y sellado por el auditor a efectos de identificación.

8. La justificación realizada a través de auditoría no implica, bajo ningún concepto, la exoneración, respecto de los beneficiarios, del cumplimiento de la obligación de conservar toda la documentación contable que haga fe de cada uno de los gastos y pagos realizados.

9. El Auditor aportará, no solo un informe de la justificación económica, sino también un informe de análisis de los hechos con respecto a los procedimientos llevados a cabo. Este compromiso ha de ser acorde al Código de ética para contables profesionales de la IFAC, junto con la estricta observancia de las directrices recogidas en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo (BOE nº 125, de 25.5.07), por la que se aprueba la Norma de Actuación de los Auditores de Cuentas en la realización de los trabajos de revisión de Cuentas Justificativas de Subvenciones, en el ámbito del Sector Público Estatal.

10. El Auditor comprobará la elegibilidad de los costes. A tal efecto, verificará los siguientes extremos:

a. Que los costes están previstos en las presentes bases.

b. Que han sido efectivamente contraídos por el beneficiario durante el período de ejecución de la acción.

c. Que están registrados en la contabilidad del beneficiario y son identificables y comprobables y están certificados por justificantes originales.

11. Los gastos de auditoría, sin incluir los impuestos indirectos que los graven, tendrán la condición de subvencionables y se abonarán en función del importe total a compensar, previa acreditación de la realización de los trabajos, aportación de factura y acreditación de su pago efectivo, de acuerdo a los siguientes porcentajes máximos:

Ver anexo en la página 38275 del documento Descargar

Cuando el importe de la factura del auditor sea menor que el importe resultante de la aplicación del porcentaje indicado anteriormente, se abonará el importe real de dicha factura.

Sexta.- Procedimiento de concesión.

1. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se someterá lo establecido en el Título I, Capítulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con las especificidades establecidas en las presentes bases.

2. Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se declara la urgencia en la tramitación del presente procedimiento de concesión.

3. A tenor de lo señalado en el apartado anterior, la subvención se concederá a todos los beneficiarios que reúnan los requisitos en condiciones de igualdad, supeditada a las disponibilidades presupuestarias consignadas a tal fin en el ejercicio económico en curso.

4. En el caso de que las consignaciones presupuestarias asignadas no permitan alcanzar los porcentajes máximos establecidos en la base segunda, estos se reducirán mediante prorrateo, de modo que las compensaciones no excedan del importe de las disponibilidades presupuestarias no siendo necesaria la existencia de órgano colegiado de valoración a que se refiere el artículo 22.1, segundo párrafo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Séptima.- Presentación telemática de solicitudes y documentación general y específica.

1. Los solicitantes de esta convocatoria están obligados a utilizar medios electrónicos durante la tramitación completa del expediente. Estos medios electrónicos están disponibles en la Sede Electrónica de Presidencia de Gobierno de Canaria en la dirección electrónica https://sede.gobcan.es/presidencia.

2. Los peticionarios deberán acompañar a la solicitud, al objeto de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior, original o copia auténtica de documentación general y específica prevista en la base quinta.

3. La solicitud se presentará electrónicamente a través de la aplicación de gestión telemática disponible en la Sede Electrónica de Presidencia de Gobierno, mediante el formulario normalizado y sujeto a las comprobaciones que se realicen antes de permitir su presentación electrónica. Las solicitudes presentadas directamente a través del registro electrónico de documentos no normalizados o mediante el Registro General Electrónico no serán válidas.

Las solicitudes, con todos los documentos adjuntos, se firmarán electrónicamente, usando firma electrónica reconocida mediante el uso del DNIe o firma electrónica avanzada mediante el uso de los certificados electrónicos aceptados y cuya relación se encuentra en la Sede Electrónica de la Presidencia del Gobierno de Canarias. El DNIe o los certificados electrónicos deberán corresponder al solicitante o a sus representantes legales.

4. El peticionario deberá identificar en la solicitud, la empresa auditora que realizará el informe mencionado en la base quinta. En base a esta información, se habilitará en Sede Electrónica, el acceso a las solicitudes, de tal forma que las empresas Auditoras habilitadas puedan identificarse, cumplimentar el correspondiente formulario Auditor, así como adjuntar el informe detallado en la base quinta anterior. Dicha documentación deberá firmarse electrónicamente con los medios habilitados para ello en la propia Sede Electrónica.

5. Una vez registrada la solicitud el solicitante obtendrá de la Sede Electrónica el recibo de la presentación de la solicitud que incluirá la fecha y hora de presentación.

6. La presentación de la solicitud lleva implícita la aceptación de las bases de esta convocatoria.

7. En el caso de que por cualquier circunstancia una misma persona física o jurídica presentase diferentes solicitudes para el mismo programa o actuación, se considerará válida exclusivamente la última registrada en plazo, considerándose como no válidas el resto, sin requerirse para ello de notificación por parte de la Administración de dicho hecho.

8. Tal y como dispone el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección. Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento, estos deberán ser remitidos en el plazo de diez días a contar desde su solicitud. Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe o esperar a su remisión por el órgano competente.

Octava.- Tramitación telemática del expediente.

1. La presentación de la solicitud con firma electrónica permitirá el acceso, con el certificado del solicitante, a la Sede Electrónica de Presidencia del Gobierno de Canarias, donde se podrán consultar el estado de tramitación del expediente, documentos presentados y los documentos generados por la administración en los que el solicitante conste como interesado. Asimismo, conllevará la aceptación para recibir todas las comunicaciones y notificaciones que se realicen a lo largo de la tramitación del expediente electrónico a través de dicha Sede Electrónica.

2. Una vez presentada la solicitud, se podrá aportar documentación complementaria mediante la misma Sede Electrónica. De la misma forma que la solicitud, esta documentación se debe presentar a través de los formularios normalizados para ello incluidos en la aplicación informática de gestión de procedimiento y no a través del registro electrónico de documento no normalizados ni a través del Registro General Electrónico.

3. Los solicitantes podrán aportar junto con la solicitud o posteriormente tanto documentos electrónicos como documentos en papel siempre que estos últimos se conviertan previamente en electrónicos en formato PDF a fin de que puedan ser aportados al expediente y firmados electrónicamente mediante la Sede Electrónica.

La lista de los formatos de los documentos electrónicos admitidos se encuentra publicada en la Sede Electrónica. La presentación de un documento en un formato distinto de los indicados en esta lista se tendrá por no válida y será objeto de requerimiento.

4. La presentación de la solicitud comportará, salvo oposición expresa por parte del solicitante, la autorización a esta Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo y al órgano que se designe como instructor del procedimiento, para consultar o recabar aquellos documentos que se encuentren en poder de cualquiera de los Departamentos de la Comunidad Autónoma de Canarias, o que hayan sido elaborados por cualquier otra Administración.

En particular, la presentación de la solicitud conlleva la autorización, salvo manifestación en contrario del interesado, para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la Agencia Tributaria Canaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, en los que se acredite que la empresa solicitante se encuentra al corriente en sus obligaciones con dichas administraciones. Si bien, se podrá requerir directamente a la empresa solicitante si la información obtenida presentase alguna incidencia. En el caso de que el solicitante no preste su autorización, tendrá que aportarlos junto con la instancia o en todo caso antes de la propuesta de resolución de la convocatoria de subvención correspondiente.

Salvo dicha oposición expresa, el solicitante indicará en el formulario de solicitud el número de expediente que le fue comunicado en aquella ocasión o la dirección electrónica del documento, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento que corresponda, o bien la dirección electrónica del documento en el caso de obrar en poder de otra Administración. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

Tratándose de informes preceptivos ya elaborados por un órgano distinto al que tramita el procedimiento, estos deberán ser emitidos en el plazo de cinco días a contar desde su solicitud. Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe o esperar a su remisión por el órgano competente.

5. Si la solicitud aportada fuera incompleta o presentara errores subsanables se requerirá al interesado para que en el plazo de cinco días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud.

Novena.- Notificaciones telemáticas.

Las notificaciones de los requerimientos de documentación y de cualquier otro trámite administrativo, se realizarán mediante el servicio de Notificaciones mediante comparecencia en la Sede Electrónica. El Departamento pondrá a disposición de los solicitantes los requerimientos en el Buzón de Notificaciones dentro del Área Personal de la Sede Electrónica.

Asimismo, y simultáneamente se comunicará a la dirección de correo electrónico indicada por el solicitante en el modelo de solicitud, si bien dicha comunicación complementaria carecerá de efectos jurídicos vinculantes para la Administración y el destinatario de dicha comunicación.

Una vez puesta a disposición la notificación, el solicitante dispone de cinco días naturales para acceder a la misma, transcurrido dicho plazo se entenderá que la notificación ha sido rechazada, salvo que de oficio o a instancia del interesado se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso, lo que se hará constar en el expediente.

El solicitante debe firmar electrónicamente el acuse de recibo de la notificación en el momento de acceder a la misma.

Décima.- Instrucción del procedimiento.

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, la cual, recibida la solicitud, examinará si reúne los requisitos exigidos y si se acompaña a la misma la preceptiva documentación.

2. Una vez llevados a cabo los actos de instrucción referidos en el apartado anterior, se procederá a evaluar las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos exigidos en estas bases, sin que sea necesaria la constitución de órgano colegiado de valoración a que se refiere el artículo 22.1, segundo párrafo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. El órgano instructor formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, la cual deberá notificarse a los interesados, concediéndose un plazo de cinco días para aceptarla o bien presentar alegaciones.

4. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.

5. La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo de cinco días comuniquen su aceptación. En el caso de que no se otorgue la aceptación dentro del referido plazo, se entenderá que el interesado no acepta la subvención, de acuerdo a lo recogido en el.

6. Cuando la concesión propuesta coincida en todos sus términos con el contenido de las solicitudes de los beneficiarios, podrá omitirse los trámites de propuesta de resolución provisional y aceptación.

7. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

Undécima.- Resolución.

Transcurrido el plazo para la aceptación expresa de los solicitantes, el órgano instructor elevará a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, la propuesta de resolución definitiva de concesión.

Las resoluciones de concesión deberán expresar el solicitante o la relación de solicitantes a los que se concede la subvención y su cuantía.

La concesión de las subvenciones está limitada por la dotación económica de la convocatoria. En el caso de que las consignaciones presupuestarias asignadas no permitan alcanzar los porcentajes máximos establecidos en la base cuarta, estos se reducirán mediante prorrateo, de modo que las compensaciones no excedan de las disponibilidades presupuestarias.

En la resolución definitiva de concesión se contendrá tanto el otorgamiento de las subvenciones, como la desestimación del resto de las solicitudes. La resolución definitiva de concesión pondrá fin a la vía administrativa, y será notificada a los interesados mediante comparecencia en la Sede Electrónica.

Duodécima.- Plazo máximo para resolver y recursos.

1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución concluirá el 31 de diciembre de 2019. Transcurrido dicho plazo sin que esta se haya dictado expresamente y notificado a los solicitantes, se entenderán desestimadas las solicitudes.

2. La resolución pondrá fin a la vía administrativa y será recurrible mediante recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación; en caso de presentarse recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso o su desestimación presunta.

Decimotercera.- Abono de las subvenciones.

1. La resolución de concesión de las subvenciones conllevará el compromiso del gasto correspondiente y el reconocimiento de la obligación con los beneficiarios que las hayan aceptado.

2. El pago de la subvención se realizará en la parte proporcional a la cuantía de la subvención justificada, de la realización de la actividad, para el que se concedió, en los términos establecidos en estas bases reguladoras.

3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución firme de procedencia de reintegro.

4. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de las subvenciones en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Decimocuarta.- Obligaciones del beneficiario.

Los beneficiarios de las subvenciones están sujetos a las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demás establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre:

a) Realizar y acreditar la realización de la actividad o adoptar la conducta subvencionada, así como el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión.

b) Justificar el empleo de los fondos públicos recibidos, en su caso, en la actividad o conducta subvencionada.

c) Acreditar el coste total de la actividad o conducta subvencionada, así como el importe de las ayudas, subvenciones u otros auxilios económicos recibidos de cualquier Administración, Ente público, entidades privadas o particulares.

d) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

e) Comunicar al órgano concedente, el importe de las ayudas o subvenciones concedidas con posterioridad para la misma actividad o conducta por cualquier Administración o Ente público, así como las ayudas o auxilios económicos que reciban de entidades privadas o particulares con el mismo destino.

f) Llevar los registros contables a que vengan obligados de modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que se han materializado las subvenciones concedidas, así como los demás ingresos propios o afectos a la actividad o conducta subvencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con el mismo objeto, y que por diferencia permitan obtener un estado de rendición de cuentas de las cantidades o fondos públicos percibidos en concepto de subvención.

g) Facilitar toda la información que les sea requerida por el órgano concedente, y por los órganos de control interno y externo de la actividad económico-financiera de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma. Igualmente aportar cuanta información le sea requerida en las actuaciones de comprobación y control que realicen tanto los órganos nacionales como comunitarios competentes.

h) Someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación con las subvenciones concedidas, se practiquen por el órgano concedente, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas, así como los órganos comunitarios y nacionales competentes.

i) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y justificación y dentro del plazo establecido, en su caso, de subsanación, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

j) Conservar la documentación justificativa de la subvención, durante un plazo mínimo de cuatro años desde el momento de la concesión de la subvención.

k) Como medios de difusión del carácter público de la financiación del coste de distribución el beneficiario deberá incluir con la inclusión de la Identidad Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias "Esta empresa se ha acogido a las subvenciones del Gobierno de Canarias para los costes de transporte local diaria de las islas" en alguno de los siguientes modos:

i. En los embalajes de los productos cuya característica lo permita.

ii. En cualquier medio de publicidad que desarrolle la empresa.

iii. En todas las oficinas o delegaciones de que disponga la empresa beneficiaria de la subvención, a través de un cartel.

Para la justificación de todo lo relativo a Publicidad e Información el beneficiario deberá acreditar de manera documental, material y/o gráfica el cumplimiento de las mismas, aportando fotos, ejemplares y/o pruebas documentales, gráficas o sonoras, del cumplimiento de las mismas.

Decimoquinta.- Reintegro y criterios de graduación de incumplimientos.

1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y Capítulo VIII del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a. Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.

b. Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

c. Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención.

d. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

f. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

g. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

h. La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

i. En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, entidad colaboradora se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por estos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

4. En todos los supuestos en los que se contemple el reintegro de las cantidades percibidas, será exigible el interés de demora devengado desde el momento del abono de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, el derecho de la Administración a reconocer el reintegro de las subvenciones reguladas en estas bases prescribirá a los cuatro años.

Decimosexta.- Régimen de infracciones y sanciones.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la base anterior, el incumplimiento de las obligaciones previstas en las presentes bases no eximirá a los beneficiarios de la responsabilidad exigible de conformidad con la normativa que sobre infracciones y sanciones administrativas en la materia se contiene en el Título IV de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, siendo así mismo aplicable lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

Decimoséptima.- Sistema Nacional de Publicidad de Subvención.

En cumplimiento de la Resolución de 10 de diciembre de 2015 de la Intervención General de la Administración Pública, se procederá a la publicación de convocatorias de subvenciones en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.

Decimoctava.- Régimen jurídico.

En lo no previsto en las presentes bases, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aplicable únicamente en sus preceptos de carácter básico; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; así como, la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria y el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el Decreto 5/2015, de 30 de enero, que modifica el Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

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