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BOC-A-2014-074-1588.
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Suscrito con fecha 31 de marzo de 2014, Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad y la Sociedad Mercantil Pública "Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A." para la práctica de notificaciones.
Registrado dicho Convenio en el Registro de Convenios del Departamento.
Considerando el artículo 15 apartado 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
R E S U E L V O:
Único.- Publicar en el Boletín Oficial de Canarias el mencionado Convenio que figura como anexo a esta Resolución para general conocimiento.
Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de abril de 2014.- La Secretaria General Técnica, Cristina de León Marrero.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD Y LA SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA "GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A." PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES.
Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de marzo de 2014.
REUNIDOS
De una parte: el Excmo. Sr. D. Javier González Ortiz, Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, en virtud de nombramiento mediante Decreto 88/2011, de 8 de julio, del Presidente, quien se encuentra facultado para la firma del presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16.1 y 29.1.k) de la Ley 14/1990, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
De otra parte: D. Alberto Génova Galván, en nombre y representación de la Entidad Mercantil Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (en adelante, GRECASA), con D.N.I. 42.024.032-L, con domicilio social, calle Franchy Roca, 11, facultado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada el 17 de octubre de 2011, según consta en la certificación expedida en fecha 28 de octubre de 2011 por el Secretario del Consejo de Administración de GRECASA con el visto bueno del Presidente.
Ambas partes se reconocen la competencia y capacidad legal necesarias para formalizar el presente Convenio y, en consecuencia
EXPONEN
Primero.- La notificación de los actos administrativos se regula, con carácter general, en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y, por lo que respecta al ámbito tributario, los artículos 109 a 112 de la Ley General Tributaria contienen las normas generales de las notificaciones en los procedimientos tributarios, a los que hay que añadir lo previsto en el artículo 102, que contiene una serie de normas específicas cuando se trate de la notificación de liquidaciones tributarias.
En desarrollo de lo establecido en la Ley General Tributaria, procede hacer referencia a los artículos 114 a 115 bis del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 julio. En aplicación del contenido del artículo 115 bis señalado anteriormente, relativo a las notificaciones en dirección electrónica, así como, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 bis de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante Orden del Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, de 27 de diciembre, se establece, en el ámbito de la Administración Tributaria Canaria, el sistema de dirección electrónica habilitada, la obligatoriedad, para determinados supuestos, de la práctica de notificaciones electrónicas y, el registro electrónico de apoderamientos. La implantación de este sistema constituye un avance en la modernización de la Administración, permite mejorar la gestión administrativa, reducir los plazos de tramitación, refuerza la salvaguarda del derecho de los interesados a conocer el contenido de los actos que le afecten, facilitando así el cumplimiento de sus obligaciones.
El acto de notificación tiene naturaleza independiente del que se notifica y determina el comienzo de la eficacia del acto, de modo que si la notificación no se practica correctamente el acto no produce efecto alguno. La notificación satisface una doble finalidad: de una parte, respecto del notificado se logra que este tenga conocimiento del acto a fin de que pueda cumplirlo y ejercer sus derechos en vía de recurso si lo estima pertinente y, de otra, respecto de la Administración se logra la constancia de que el particular conoce el acto y de que puede exigirse el cumplimiento del mismo adoptando las medidas pertinentes.
En el ámbito de los procedimientos gestionados por la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, se dictan gran número de actos administrativos y, ante la necesidad legal de practicar la notificación de tales actos, de manera que siempre quede constancia fehaciente de su entrega al interesado o a su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado, exige la utilización de medios eficientes que agilicen la práctica de las notificaciones. Es por ello que resulta conveniente la utilización de estructuras organizativas que coadyuven a esta tarea de carácter material. En este sentido, la sociedad mercantil pública Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A., como entidad colaboradora de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia recaudatoria, cuenta con una estructura idónea, capaz de colaborar en las tareas de carácter material que se incluyen en la práctica de las notificaciones.
Segundo.- El artículo 8.2 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que el consejero competente en materia de Hacienda podrá encomendar a sociedades mercantiles cuyo capital sea íntegramente de titularidad pública la gestión de la recepción de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones, así como la prestación del servicio de gestión de cobro en periodo voluntario y ejecutivo de los débitos a la Comunidad Autónoma de Canarias, y la información o asistencia tributaria. La encomienda de dichas actividades no podrá implicar, en ningún caso, la atribución a las sociedades públicas de potestades, funciones o facultades sujetas a Derecho Administrativo propias de la Administración.
Por su parte, el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, señala que la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los órganos administrativos o de las entidades de derecho público podrá ser encomendada a otros órganos o entidades de la misma o de distinta Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.
A la vista de lo señalado anteriormente y, atendiendo a su objeto social, se reconoce en los Estatutos Sociales de GRECASA, S.A., modificados en la Junta General Extraordinaria y Universal de 1 de junio de 2009, previamente autorizado por Acuerdo del Gobierno de Canarias de 25 de mayo de 2009 e inscrito en el Registro Mercantil de Las Palmas el 27 de octubre de 2009, con número de asiento 1.759, el carácter de medio propio y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las entidades vinculadas o dependientes de la misma, el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad ha acordado encomendar a la citada sociedad mercantil la realización de las actividades de carácter material para la práctica de las notificaciones de los actos dictados por los órganos y dependencias de la citada Consejería en el ámbito de los procedimientos de gestión, liquidación, comprobación, investigación y recaudación que estén atribuidos a alguna de las áreas funcionales de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, respecto de los tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias, los tributos propios de esta y los recursos derivados del Régimen Económico Fiscal de Canarias así como de las tasas y demás recursos de derecho público no tributarios propios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por otra parte, y en aras a lograr la eficiencia en el empleo de los recursos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, ese acuerdo se extiende a la totalidad de las notificaciones de actos administrativos dictados en el curso de los diversos procedimientos cuya gestión es responsabilidad de los centros directivos de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad.
De acuerdo con lo establecido en el citado artículo 15.3 de la Ley 30/1992, procede materializar esta encomienda de gestión para la práctica de notificaciones, mediante el presente Convenio de Colaboración, para regular las relaciones entre la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, y la sociedad mercantil pública Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. derivadas de la misma, conforme a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio.
1. El presente convenio tiene por objeto la ejecución de las actividades materiales que comporta la práctica de notificaciones de los siguientes actos administrativos, con las limitaciones que establece la Ley de Contratos del Sector Público y las derivadas del contenido del objeto social de la referida sociedad mercantil pública Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.:
a) Las comunicaciones, diligencias, liquidaciones y demás actos dictados en la gestión, liquidación, comprobación, investigación y recaudación de:
1. Los tributos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
2. Los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
3. Los tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) Los documentos cobratorios de tasas y de recursos de derecho público no tributarios propios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
c) Los que deban ser notificados por la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por virtud de los Convenios de Colaboración que haya suscrito con Organismos autónomos y entes locales para la gestión recaudatoria.
d) Cualquier otro acto que deba ser notificado y que haya sido dictado por órganos y dependencias de la Consejería en el ejercicio de sus respectivas competencias y funciones y cuya realización se encargue a GRECASA.
2. Quedan excluidos del presente Convenio las actuaciones de notificación expresamente comprendidas en el Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad y GRECASA para la prestación del servicio de gestión de cobro en período ejecutivo.
Segunda.- Régimen jurídico.
1. Las encomiendas de gestión están sujetas al siguiente régimen jurídico.
a) El artículo 4.1.n), del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en adelante TRLCSP, en el que se establece su exclusión del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público:
"1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas:
...
n) Los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, conforme a lo señalado en el artículo 24.6, tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del mismo, la realización de una determinada prestación."
b) El artículo 24.6 del TRLCSP, relativo a la ejecución de obras y fabricación de bienes muebles por la Administración, y ejecución de servicios con la colaboración de empresarios particulares, en virtud del cual:
"6. A los efectos previstos en este artículo y en el artículo 4.1.n), los entes, organismos y entidades del sector público podrán ser considerados medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para los que realicen la parte esencial de su actividad cuando estos ostenten sobre los mismos un control análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si se trata de sociedades, además, la totalidad de su capital tendrá que ser de titularidad pública.
En todo caso, se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan sobre un ente, organismo o entidad un control análogo al que tienen sobre sus propios servicios si pueden conferirles encomiendas de gestión que sean de ejecución obligatoria para ellos de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante y cuya retribución se fije por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que dependan.
La condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que cumplan los criterios mencionados en este apartado deberá reconocerse expresamente por la norma que las cree o por sus estatutos, que deberán determinar las entidades respecto de las cuales tienen esta condición y precisar el régimen de las encomiendas que se les puedan conferir o las condiciones en que podrán adjudicárseles contratos, y determinará para ellas la imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes adjudicadores de los que sean medios propios, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas."
c) El artículo 4.2 del citado Texto Refundido, en el que se establece, al quedar excluidas dichas encomiendas del ámbito de aplicación del TRLCSP, las normas que le serán aplicables:
"2. Los contratos, negocios y relaciones jurídicas enumerados en el apartado anterior se regularán por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse."
d) La disposición adicional trigésimo séptima de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013 -cuyo contenido permanece actualmente en vigor al no haber sido derogado por norma posterior- regula el régimen jurídico de las encomiendas derivadas del artículo 24.6 de Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:
"1. Los entes, organismos y entidades del sector público que cumplan con lo establecido en el artículo 24.6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, podrán realizar las actividades de carácter material, técnico o de servicios que le encomienden la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los organismos autónomos dependientes de ella y los cabildos insulares en el marco de sus respectivas competencias y funciones y en las materias que constituyen el objeto social de los mismos, y especialmente, aquellas que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de las situaciones de emergencia que se declaren.
2. Los órganos de contratación deberán recabar de la Intervención General con carácter previo al inicio del expediente de contratación para la celebración de un contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, así como con carácter previo al inicio del expediente para la celebración de un acuerdo marco, la emisión de informe con el fin de analizar sus efectos en el déficit de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. Una vez emitido este, deberán recabar, asimismo, informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, sobre las repercusiones presupuestarias y compromisos financieros que conlleva, así como sobre su incidencia en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y su adecuación al escenario presupuestario plurianual.
Ambos informes tendrán carácter vinculante para el órgano de contratación."
2. La práctica de las notificaciones se regirá:
a) Por los artículos 59 a 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su redacción vigente o con las modificaciones que se introduzcan en los mismos.
b) Por los artículos 102 y 109 a 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y los artículos 114, 115 y 115 bis del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en su redacción vigente o con las modificaciones que se introduzcan en los mismos, rigiendo supletoriamente, en defecto de norma tributaria aplicable, las disposiciones de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
c) Por las normas reguladoras de los recursos a que se refiere la notificación.
d) Por las normas reguladoras del correspondiente procedimiento.
e) Por la normativa reguladora, requisitos y condiciones establecidas para el sistema de dirección electrónica habilitada para la práctica de comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos en el ámbito de la Administración Tributaria Canaria.
f) Por las bases de este Convenio.
Tercera.- Obligaciones de GRECASA.
1. GRECASA está obligada a practicar todas aquellas actuaciones materiales dirigidas a la notificación personal de los actos a que se refiere el presente Convenio que les sean indicadas por los órganos competentes de la Consejería y que no impliquen el ejercicio de potestades, funciones o facultades sujetas a Derecho Administrativo propias de los mismos, ajustándose en su actividad, en todo caso, a las instrucciones y directrices que le dicten los órganos competentes de la Consejería.
2. En los casos en que no haya sido posible la notificación personal, GRECASA estará obligada a practicar todas aquellas actuaciones materiales dirigidas a la realización de la notificación por medio de publicación de anuncios de citación para notificación mediante comparecencia.
3. GRECASA está obligada a implantar, mantener y explotar un sistema informático, compatible con los existentes en la Consejería, y que permita la confección de relaciones de notificaciones efectuadas, clasificadas y ordenadas según los criterios fijados por los órganos competentes de la Consejería, con reflejo de las incidencias. Esta obligación abarca el disponer de los requisitos técnicos necesarios para la tramitación, ejecución y seguimiento de las actividades materiales relativas a la práctica de comunicaciones y notificaciones electrónicas de conformidad con la normativa reguladora, requisitos y condiciones establecidos para el sistema de dirección electrónica habilitada en el ámbito de la Administración Tributaria Canaria.
4. GRECASA no podrá suministrar ningún tipo de información o publicidad de los datos tratados en este sistema a personas o entidades no autorizadas expresamente por la Consejería. Queda autorizada la formación de relaciones en soporte informático para la práctica de notificaciones por correo debiendo GRECASA informar a la Consejería de las condiciones de prestación del servicio con anterioridad a su inicio.
5. GRECASA únicamente tratará los datos de la Consejería a los que tenga acceso por virtud de lo previsto en el presente Convenio conforme a las instrucciones de la Consejería y no los podrá aplicar o utilizar con fin distinto a la prestación de servicios regulada en este Convenio ni los podrá comunicar, ni siquiera para su conservación, a otras personas. A estos efectos, GRECASA se someterá al control y/o inspección que en cada momento consideren oportunos los órganos competentes de la Consejería.
6. El presente Convenio será ejecutado por GRECASA con plena observancia y estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Se hace constar expresamente que GRECASA queda obligada a adoptar cuantas medidas de índole técnica y organizativas sean necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. Asimismo, no se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones que se determinan en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, con respecto a su integridad y seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas. Los requisitos y condiciones que deben reunir los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos serán los que se establezcan por la Consejería, los cuales se considerarán a todos los efectos como parte integrante del presente Convenio.
Cuarta.- Remisión de las notificaciones.
El órgano competente en cada caso de la Consejería remitirá a GRECASA, con la periodicidad que en cada caso convenga, los correspondientes documentos a notificar a los interesados.
Los documentos a notificar podrán ser remitidos a GRECASA en papel o en soporte electrónico, cuyas especificaciones técnicas deberán ajustarse a las establecidas por la Consejería.
GRECASA remitirá al órgano competente de la Consejería, con la periodicidad que el mismo establezca, la totalidad de los documentos acreditativos de las notificaciones efectuadas, los documentos que no hayan podido ser notificados, así como los soportes electrónicos conteniendo la información que proceda.
Quinta.- Compensación a Grecasa por la práctica de notificaciones.
1. Se fija el coste del servicio a abonar por la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad a GRECASA en las cantidades que a continuación se especifican, sin perjuicio de la posible revisión periódica de las mismas. Dicha revisión sería en todo caso a la baja y por una periodicidad no inferior a seis meses.
a) Por cada una de las comunicaciones ordinarias (sin acuse o aviso de recibo) que practique GRECASA por encargo de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, percibirá una contraprestación económica por importe de un euro y cincuenta céntimos (1,50 euros).
b) Por cada una de las notificaciones (certificados) que practique GRECASA, en su primer intento, con resultado finalizado, por encargo de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, percibirá una contraprestación económica por importe de cuatro euros y tres céntimos (4,03 euros).
c) Si para dar por finalizado un encargo se requiere más de un intento de notificación, GRECASA percibirá una contraprestación económica por importe de seis euros y cincuenta y un céntimos (6,51 euros).
d) Con relación a las comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos, se establece como contraprestación los importes siguientes:
Ver anexo en la página 9662 del documento Descargar
En el contenido del presente convenio, los importes de compensación se expresan entendiendo inclusión del Impuesto General Indirecto Canario o tributo indirecto que le pudiera resultar de aplicación.
En cualquier caso, los importes que se abonen en virtud del presente Convenio, que se estiman en unos 300.000,00 anuales aproximadamente, no podrán superar los costes reales de gestión en los que se hubiere incurrido.
Las tarifas recogidas en los apartados precedentes incluyen, en su caso, la obligación de realizar las gestiones necesarias para la publicación en anuncio para notificar por comparecencia respecto de la notificación intentada y no practicada.
2. La compensación a abonar a GRECASA se determinará por períodos mensuales emitiendo GRECASA una factura mensual dirigida al Servicio de Régimen Interior por el importe total de las notificaciones efectuadas en ese período de tiempo.
3. El importe de la compensación determinada con arreglo al apartado primero se entenderá en todo caso con inclusión del Impuesto General Indirecto Canario o tributo indirecto que le pudiera resultar de aplicación, debiéndose expedir las facturas con arreglo a lo dispuesto en la normativa del mismo, desglosando el importe a percibir y el importe repercutido, cuya suma no podrá ser superior a la compensación total determinada según el apartado primero.
4. En el supuesto de que GRECASA no disponga de los medios precisos para ejecutar un encargo concreto, facturará a la Consejería el importe íntegro que haya tenido que satisfacer, acompañando el documento acreditativo del gasto así como de los gastos específicos de la gestión realizada para ejecutar dicho encargo. Todas las contrataciones que GRECASA tenga que efectuar las realizará con sujeción estricta a los principios establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
5. La retribución a satisfacer a la entidad por la Dirección General de Tributos se imputará a la partida presupuestaria siguiente: 10.07.932A. 226.04. La justificación de la partida presupuestaria se encuentra reflejada en la cláusula primera en relación con la tercera, en las que se detallan las actividades a realizar por GRECASA, que se corresponden con gastos del capítulo II del Presupuesto de gastos, sobre remuneraciones a agentes mediadores. En el Anexo I apartado 2) 1.i) de la Ley 6/2013, 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2014 se califica el crédito como ampliable con cobertura.
Sexta.- Encargos de actuaciones específicas.
El Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, a propuesta del Centro Directivo podrá encargar a GRECASA la gestión de las notificaciones a que se refiere el presente convenio de encomienda. La comunicación del encargo de una actuación específica supondrá para GRECASA la orden de iniciarla, viniendo obligada a su ejecución.
La realización de los encargos de actuaciones específicas que se acometan al amparo del presente convenio deberá venir precedida de los preceptivos trámites técnicos, jurídicos, presupuestarios y de control y aprobación del gasto.
Séptima.- Comisión de seguimiento.
Se crea una Comisión de seguimiento integrada por dos vocales designados por el Director General de Tributos y dos vocales designados por GRECASA, bajo la presidencia del Director General de Tributos o persona en quien delegue. Las funciones de la misma serán:
a) Velar por el cumplimiento del presente Convenio.
b) Resolver las dudas que puedan surgir en la aplicación del Convenio.
c) Proponer las medidas que procedan ante los actos de incumplimiento del presente Convenio, para su inmediata corrección.
Octava.- Vigencia del Convenio y resolución del mismo.
El presente Convenio surtirá efectos desde el 1 de abril de 2014 y su plazo de duración será de dos años prorrogable por mutuo acuerdo de las partes, sin que la duración del Convenio, incluidas las prórrogas, pueda exceder de cuatro años, pudiendo ser denunciado en cualquier momento, por cualquiera de las partes, y sin que concurra ninguna otra causa, con el único requisito de que la parte que interese la resolución preavise a la otra, de forma fehaciente, con una antelación de tres meses.
Una vez finalizados los efectos del presente Convenio, los datos de carácter personal deberán ser devueltos a la Consejería, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento.
Novena.- Publicación.
El presente Convenio será publicado en el Boletín Oficial de Canarias.- El Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz.- El Consejero Delegado de Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A., Alberto Génova Galván.
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