En la actualidad la capacidad del Gobierno de Canarias sobre la firma de convenios urbanísticos se circunscribe a aquellas figuras de planeamiento sobre las cuales tiene competencias:
Esta atribución de competencias tiene su origen en la aprobación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
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