Asunto: Necesidad de planificación previa de la construcción o modificación sustancial de las carreteras regionales o insulares, una vez ha sido derogada la Ley 19/2013, de 14 de abril, de Directrices de Ordenación General.

INFORME

I. ANTECEDENTES.-

Primero.- Solicitud.-

Mediante escrito de la Presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote de 11 de marzo de 2022 ( RE 443680 TELP/20292), se efectúa consulta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1. a) y en el Capítulo II del Título III del Decreto 26/2019, de 25 de marzo, por el que se crea la Oficina de Consulta Jurídica sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo de Canarias, y se aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento, en el siguiente sentido” Si en nuestra Comunidad Autónoma, para la construcción de nuevas carreteras regionales o insulares o modificaciones significativas de éstas, al haberse derogado las Directrices de Ordenación General (DOG) en particular la DOG 86.1, por la Disposición Derogatoria Única de la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENP), ya no existe obligación legal de previsión expresa en el planeamiento territorial o, en su defecto, en el planeamiento urbanístico, con lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Ley 6/1991, de 8 de mayo (LCC), para la construcción de nuevas carreteras regionales o insulares, o modificaciones sustanciales de las existentes, la Administración Autonómica o, en su caso, la Administración Insular, únicamente tienen que redactar el proyecto, remitiendo el correspondiente estudio de lo proyectado a las Corporaciones Locales afectadas, disponiendo éstas de dos (2) meses para informar sobre el trazado, características y conveniencia de la obra prevista, teniendo el silencio carácter positivo y resolviendo el Gobierno de Canarias, en caso de que el informe emitido en el plazo previsto de dos (2) meses sea negativo”.

Segundo.- Oficina de Consulta Jurídica.-

El artículo 24 de la LSENPC regula la Oficina de Consulta Jurídica sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo, desarrollándose mediante mediante Decreto 26/2019, de 25 de marzo, por el que se crea la citada Oficina de Consulta Jurídica y se aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento. Tal Decreto fue íntegramente publicado en el BOC n.º 68/2019, de 8 de abril.

En la disposición transitoria única del referido Decreto se establece un régimen de funcionamiento transitorio, mientras se procede a la creación de la unidad administrativa propia de la Oficina y a la provisión de los puestos de trabajo de la misma, de manera que la persona titular de la Consejería a la que se encuentra adscrita la Oficina designará a una persona responsable de la dirección provisional de la Oficina, estableciendo además que para el ejercicio de dichas funciones, la persona responsable de la dirección provisional, recabará el apoyo técnico, jurídico y administrativo necesario de las unidades administrativas de la dirección general competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Por Orden n.º 29 /2021, de 2 de marzo, del Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial se ha designado a la funcionaria que suscribe como responsable de la dirección provisional de la Oficina de Consulta Jurídica.

Tercero.- Emisión de informe jurídico.-

Procede emitir informe jurídico en relación a la solicitud formulada por el Cabildo de Lanzarote, sin que se haya podido emitir dentro de los plazos establecidos dada la carga de trabajo del Área y, en especial, para los Servicios de apoyo, por la necesaria culminación de procedimientos en trámite y la acusada carencia de medios personales.

En todo caso, debe precisarse, tal y como exige la disposición transitoria única c) del Decreto 26/2019, que el presente informe es emitido por la Dirección Provisional de la Oficina de Consulta, en ejercicio de la función consultiva establecida en el artículo 24.1 de la LSENPC y artículo 2.1 a) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Oficina de Consulta Jurídica sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo de Canarias, aprobado por el citado Decreto 26/2019.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-

Primera.- Sobre los requisitos de admisión.-

La consulta efectuada cumple los requisitos establecidos en el artículo 13 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Oficina de Consulta Jurídica sobre ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto 26/2019, de 25 de marzo.

Segunda.- Sobre las cuestiones planteadas por la consulta municipal.-

1.- Sobre el principio de planificación previa.-

El principio de planificación previa tiene una doble dimensión 1 Villar Roja, Francisco; Sobre el dogma de la planificación urbanística previa. Nuevo derecho urbanístico; Simplificación, sostenibilidad y rehabilitación. Thomson Reuters Aranzadi 2020. de una parte, que cualquier actuación sobre el suelo, sea obra o sea uso, deba encontrarse legitimada en un instrumento de ordenación elaborado y aprobado con anterioridad para poder llevarse a cabo; y de otra, que ese instrumento tenga una visión global o de conjunto del territorio más allá del concreto espacio donde se prevé el proyecto o actividad. La combinación de ambas permite hablar de planificación urbanística y territorial previa de alcance y carácter general, más allá de los planes y proyectos singulares.

Esta planificación previa también se refiere a la necesaria planificación económica y ambiental.

2.- La regulación de la planificación previa en la legislación básica estatal sobre Suelo.-

Los artículos 11.1 y 20.1 a) del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, recogen los principios ya establecidos en las leyes anteriores, entre otras, entre ellos, en el RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.

Así, en su artículo 11.1 se dispone que el régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística.

Y en el artículo 20, relativo a los criterios básicos de utilización del suelo, dispone que para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el título preliminar y en el título I, respectivamente, las Administraciones Públicas, y en particular las competentes en materia de ordenación territorial y urbanística, deberán:

a) Atribuir en la ordenación territorial y urbanística un destino que comporte o posibilite el paso de la situación de suelo rural a la de suelo urbanizado, mediante la urbanización, al suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen, impedir la especulación con él y preservar de la urbanización al resto del suelo rural.

3.- Interpretación del contenido del artículo 20.1 que realiza el Tribunal Constitucional en la Sentencia 86/2019, de 20 de junio.

En el recurso de inconstitucionalidad que se plantea contra la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 86/2019, frente a la vulneración que se indicaba del artículo 20.1 a) TRLSRU, que impone con carácter básico la previa planificación territorial y urbanísticas, señala que hemos afirmado que es decisión de las comunidades autónomas determinar qué instrumentos de planificación territorial y urbanística adopta para la ordenación de su territorio, cómo se han de denominar y cuál ha de ser su contenido; planificación cuya exigencia tiene, por otro lado, un carácter «claramente instrumental respecto de la regulación de la propiedad urbana (ex art. 149.1.1 CE)» [STC 164/2001, de 11 de julio, FJ 6 a)]. Igualmente, será «cada Comunidad Autónoma –y en los términos que cada una disponga, el órgano encargado de la ordenación o planificación urbanística– quien determine en qué forma y a qué ritmo el suelo urbanizable debe engrosar la ciudad», no imponiéndose por la legislación estatal «ni cómo ni cuándo el suelo urbanizable debe pasar a ser ciudad» [SSTC 164/2001, FJ 15, y 141/2014, FJ 8 A) a)].

La simple lectura del artículo 20.1 a) TRLSRU, dice el Tribunal, pone de manifiesto que el mismo no impone con carácter básico una previa planificación; ni ésta es su finalidad, ni por otra parte podría hacerlo de acuerdo con la doctrina constitucional expuesta. El precepto se limita a establecer un criterio básico para la utilización del suelo –urbanizar «el suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen, impedir la especulación con él y preservar de la urbanización al resto del suelo rural»–. Criterio que deberá ser asumido, en su caso, tanto por el legislador urbanístico autonómico, como por la propia administración planificadora en el contenido específico de cada uno de los instrumentos de planificación territorial y urbanística previstos.

4.- Regulación de la planificación previa en la legislación autonómica.-

De conformidad con lo señalado por el Tribunal Constitucional, el principio de planificación previa lo acoge el artículo 9 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,2 También se recogía en el artículo 9 de la Ley 9/1999,de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias: Las Administraciones públicas competentes en materias de ordenación de los recursos naturales, territorial, urbanística o sectoriales con relevancia sobre el territorio ejercerán sus potestades mediante la correspondiente planificación previa. Sal las excepciones expresamente establecidas en esta Ley, la ejecución de todo acto de transformación del territorio o de uso del suelo, sea de iniciativa pública o privada, habrá de estar legitimada por la figura de planeamiento que fuera procedente legalmente para su ordenación. al disponer que las Administraciones Públicas competentes en materia de ordenación de los recursos naturales, territorial, urbanística o sectoriales con relevancia sobre el territorio ejercerán sus potestades mediando la correspondiente planificación previa. Salvo las excepciones expresamente establecidas en este Texto Refundido, la ejecución de todo acto de transformación del territorio o de uso del suelo, sea de iniciativa pública o privada, habrá de estar legitimada por la figura de planeamiento que fuera procedente legalmente para su ordenación.

Añade que los instrumentos de ordenación regulados en este Texto Refundido que desarrollen la planificación de los recursos naturales, territorial y urbanística, así como de las actuaciones sectoriales con relevancia sobre el territorio, conforman un único sistema integrado y jerarquizado.

Como consecuencia de esta previsión, el artículo 71 del citado Texto Refundido dispone que los Planes Insulares habrán de definir el modelo de ordenación territorial que se propugna para la isla estableciendo al menos la siguiente determinación:

a) La estructura y localización de las infraestructuras, los equipamientos y las dotaciones e instalaciones de relevancia e interés social para la isla.

Por su parte, el artículo 23 relativo a los Planes Territoriales Especiales señalaba que los mismos tendrán por objeto la ordenación de las infraestructuras, los equipamientos y cualesquiera otras actuaciones o actividades de carácter económico y social.

La omisión de una referencia expresa a la necesidad de planificación previa se introduce en la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, que modifica en su artículo 1 el contenido del artículo 9 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, suprimiendo las referencias expresas a la planificación previa al indicar ahora que el sistema de planeamiento de Canarias, que se rige en sus determinaciones por los principios de jerarquía y competencia, garantizará la integración y completitud de la ordenación del territorio, delimitando para los distintos instrumentos su extensión y contenido al concreto objeto determinado por este texto refundido.

5º.- La regulación de la planificación previa de las infraestructuras en la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.

La Ley de Directrices incluye en su Título V Infraestructuras y Transporte, Capítulo II Infraestructuras, la Directriz 86, que recoge el principio de planificación previa en su apartado 1 como Norma de aplicación directa:

1. (NAD) La construcción de cualquier infraestructura requerirá su previsión expresa en el	planeamiento territorial o, en su defecto, el urbanístico, en los términos establecidos por la	legislación vigente. En todo caso, la regulación establecida debe entenderse sin perjuicio de	las competencias estatales en materia de infraestructuras y el adecuado ejercicio del deber	de colaboración interadministrativa.

Y en las distintas directrices de este Capítulo se contienen los principios a los que se somete la planificación, uso y utilización de las infraestructuras, entre ellos: El uso y utilización más eficiente de las infraestructuras existentes, mejorando sus condiciones técnicas, de seguridad y capacidad, será preferente a la nueva implantación; la planificación y diseño de las infraestructuras debe realizarse desde el respeto de los valores naturales, económicos, paisajísticos y culturales del territorio; la planificación de las infraestructuras se encuadrará en estrategias estables, con perspectivas a medio y largo plazo, sobre escenarios sólidos de comportamiento de la demanda e integradas con la política económica y social y con otras políticas sectoriales, en particular las de suelo, viviendas y equipamientos.

A su vez, la Directriz 94 relativa a la red viaria también recoge este principio, al señalar que los amplios efectos territoriales de las nuevas vías interurbanas requieren que sean contempladas y definidas en los Planes Insulares de Ordenación, o en su defecto, en los Planes Territoriales Especiales.

La Disposición Derogatoria única de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos deroga, la disposición adicional segunda y las disposiciones transitorias primera y tercera de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, y las Directrices de Ordenación General y su memoria contenidas en el anexo de la Ley 19/2003, de 14 de abril, continuando en vigor las Directrices de Ordenación del Turismo .

Como excepción a la derogación normativa quedan en vigor, con rango reglamentario, la Directriz 58: generalidades en la protección del suelo rústico y la Directriz 62: Actividades agrarias.

Si bien se procede a la derogación de la Ley 19/2003, y a la supresión de la referencia expresa a la previsión de planificación previa que realizaba, sin embargo la Ley 4/2017 recoge algunas de sus determinaciones, criterios y principios.

6º.- La previsión de la planificación de las infraestructuras en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

En la exposición de motivos de la Ley ya se recoge que los planes insulares de ordenación tendrán una función de ordenación de los recursos naturales, de zonificación de usos globales del territorio y de determinación y ordenación de infraestructuras de interés insular.

Para evitar situaciones de parálisis o de bloqueo, se limita la remisión a planeamiento de desarrollo de las determinaciones del plan insular. No obstante, se exceptúan las infraestructuras insulares o supramunicipales que podrán ser ordenadas bien por el plan insular de ordenación directamente, bien por un plan territorial especial. La decisión corresponde a cada cabildo insular en función de las circunstancias que concurran en cada isla.

Los planes generales de ordenación contendrán como contenido obligatorio mínimo la ordenación estructural del territorio municipal, en el que se incluyen los sistemas de infraestructuras o equipamientos de carácter supramunicipal, considerando el artículo 2 f) de la Ley como infraestructura la Categoría global comprensiva de los sistemas generales, dotaciones y equipamientos

Respecto a los criterios de intervención el artículo 4 prevé que la utilización de los recursos estará sujeta a los títulos habilitantes que aseguren que su uso se atenga a lo que se haya establecido en la ordenación aplicable.

Asimismo, en la Ley se realiza la atribución de competencias en esta materia entre las distintas Administraciones Públicas. Así, el artículo 12 de la Ley atribuye al Gobierno y Administración autonómica la planificación general de la dotación de infraestructuras básicas aun cuando en su ejecución y desarrollo puedan participar las islas y los municipios, y a los Cabildos Insulares en el artículo 13 la planificación de las infraestructuras insulares y el uso de los recursos básicos en el territorio insular, en el marco de lo establecido en esta ley, en la legislación básica de régimen local y en la legislación sectorial aplicable.

Como consecuencia de lo expuesto, el artículo 96 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, recoge como contenido de los planes insulares, la determinación y localización de los sistemas generales y equipamientos de carácter supramunicipal. Estas determinaciones podrán diferirse para su ejecución a otros instrumentos de ordenación territorial cuando se refieran a la ordenación de los sistemas generales y equipamientos estructurantes ( artículo 97).

Por su parte, el artículo 120 articula como objeto de los Planes territoriales especiales, las infraestructuras y los equipamientos estructurantes de interés supramunicipal, cuando no sean objeto de ordenación por el plan insular de ordenación o por determinaciones de la legislación sectorial cuando esté así establecido por la misma.

Y el artículo 136.d) señala que constituye la ordenación estructural de los Planes Generales de Ordenación la determinación de la reserva de los terrenos y construcciones destinados a sistemas generales y otros elementos estructurantes que asegure la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico, grarantizando la calidad y funcionalidad de los espacios de uso colectivo, incluyéndose dentro de ellos, al menos los sistemas de infraestructuras o equipamientos de carácter supramunicipal.

La omisión de una referencia expresa a la planificación previa en la Ley, que sí la realizaba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, no significa la renuncia a la necesidad de la planificación de la implantación y ejecución de las infraestructuras.

Tercero.- La planificación de las infraestructuras viarias en los Planes de Carreteras.-

La planificación viaria también es una potestad que se encuentra recogida en la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canaria. En el artículo 12 se prevé un Plan Regional de Carreteras, que está destinado a regular el planeamiento, proyección, ejecución y gestión de los sistemas generales de infraestructuras, que permita acomodar el ulterior desarrollo de las concretas actuaciones que las exigencias en materia de carreteras vayan determinando en cada momento.

Así, el Plan Regional de Carreteras comprenderá las previsiones, objetivos, prioridades, y cuanta otra determinación se considere precisa para asegurar el establecimiento, desarrollo y funcionamiento de todas las carreteras de Canarias, independientemente de las administraciones a que pudieran adscribirse. También establecerá las redes de carreteras regionales, insulares y municipales así como los criterios para la modificación posterior de estas redes por cambio de titularidad o nueva construcción.

El Gobierno de Canarias elaborará el Plan Regional de Carreteras, debiendo someter su proyecto a información pública por espacio de dos meses, comunicándolo expresamente a todos los Cabildos Insulares y Ayuntamientos del Archipiélago, los cuales dispondrán de un mes más para expresar su opinión. Tras ello, y efectuadas las correcciones que, en virtud de las alegaciones presentadas, estimase convenientes, el Gobierno lo remitirá al Parlamento de Canarias como Proyecto de Ley, adjuntando la totalidad de su expediente administrativo.

Los Cabildos Insulares podrán redactar sus respectivos planes insulares de carreteras siguiendo las determinaciones del Plan Regional en lo que afecte a sus respectivos ámbitos. Las propuestas, para su efectividad, deberán ser aprobadas por el Gobierno de Canarias mediante Decreto, previo informe de las Consejerías afectadas, con arreglo a las disposiciones vigentes.

El Gobierno de Canarias puede excepcionar la ejecución de actuaciones u obras no previstas en el Plan Regional de Carreteras, por así disponerlo la Disposición Transitoria Primera 2 de la ley 9/1991 al señalar que “ mientras no se apruebe el Plan Regional de Carreteras, los Cabildos podrán elaborar sus respectivos planes insulares de carreteras que deberán ser aprobados por el Gobierno de Canarias, mediante Decreto.

Cuarto.- Modulación y flexibilización de los requisitos establecidos en la normativa urbanística aplicable.-

La propia Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias introduce criterios e instrumentos de flexibilización para los supuestos en los que el planeamiento no recoja la infraestructura a ejecutar o bien se discrepe con su contenido.

Entre estos instrumentos se encuentra el previsto en el artículo 123 de la Ley, relativo a los proyectos de interés general, insular o autonómico, que permite ordenar e implantar infraestructuras en el territorio, de trascendencia supramunicipal, que atienden a necesidades nuevas o perentorias, y que exigen la modificación de la planificación general urbanística y/o territorial.

Para los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad o interés social, de carácter sobrevenido, que requiera de una modificación de la ordenación territorial o urbanística y a la que no se pueda responder en plazo por el procedimiento ordinario de modificación menor del planeamiento, se prevé en el artículo 154 de la Ley, las Ordenanzas Provisionales insulares o municipales.

De forma excepcional, y cuando concurran razones justificadas de interés público, social o económico relevante, el artículo 168 de la Ley prevé que el Gobierno de Canarias, bien por iniciativa propia o a petición de otras Administraciones o particulares, suspender motivadamente la vigencia de cualquier instrumento de ordenación para su modificación o adaptación. El acuerdo de suspensión incluirá las normas sustantivas aplicables transitoriamente.

Por último, el artículo 334 prevé el supuesto de los proyectos de obras de cualquiera de las administraciones públicas canarias, sujetos al régimen de cooperación previsto en el artículo 19 de la Ley, que en el supuesto de que el ayuntamiento manifestara su oposición fundada al proyecto dentro del plazo establecido, le corresponde al Cabildo Insular o al Gobierno de Canarias, según quien sea el promotor de la obra, para resolver la discrepancia y legitimando en este caso su ejecución.

Esta previsión también se contiene en la Disposición Adicional Décima del para los actos promovidos por la Administración General del Estado, al señalar que cuando la Administración General del Estado o sus Organismos Públicos promuevan actos sujetos a intervención municipal previa y razones de urgencia o excepcional interés público lo exijan, el Ministro competente por razón de la materia podrá acordar la remisión al Ayuntamiento correspondiente del proyecto de que se trate, para que en el plazo de un mes notifique la conformidad o disconformidad del mismo con la ordenación urbanística en vigor. En caso de disconformidad, el expediente se remitirá por el Departamento interesado al titular del Ministerio competente en materia de suelo y vivienda, quien lo elevará al Consejo de Ministros, previo informe del órgano competente de la comunidad autónoma, que se deberá emitir en el plazo de un mes.

El Consejo de Ministros decidirá si procede ejecutar el proyecto, y en este caso, ordenará la iniciación del procedimiento de alteración de la ordenación urbanística que proceda, conforme a la tramitación establecida en la legislación reguladora

Quinto.- Flexibilización del criterio previsto en el artículo 12 de la Ley de Carreteras de Canarias. Supuesto para la construcción de una nueva carretera no prevista en el planeamiento vigente.-

En línea con la previsión contenida en la legislación urbanística, en la propia legislación sectorial en materia de carreteras de Canarias, se regula el supuesto de construcción de las carreteras regionales o insulares, o tramos de ellas, no municipales; así como en caso de modificación significativa de las existentes, no previstas en el planeamiento vigente.

Así, en el artículo 16 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo de Carreteras de Canarias, se regula el procedimiento para la autorización de estas infraestructuras no previstas en el planeamiento, como una excepción a la necesidad de su planificación previa, de forma que se da primacía al acto de autorización de estas obras de interés general sobre lo diseñado con fuerza jurídica vinculante, en el plan urbanístico municipal, o en su caso, territorial.

Artículo 16.

Uno. En el caso de construcción de nuevas carreteras regionales o insulares, o tramos de ellas, así	como modificaciones significativas de las existentes, no recogidas en el Planeamiento Urbanístico	Municipal vigente, la Administración que la promueva deberá remitir el correspondiente estudio,	que permita una correcta interpretación de lo proyectado, a las Corporaciones Locales afectadas,	disponiendo éstas de dos meses para devolver el informe que estimen pertinente acerca del trazado,	características y conveniencia de la vía prevista. Transcurrido dicho plazo sin que exista	contestación, se entenderá otorgada la conformidad. En caso de existir disconformidad, resolverá el	Gobierno de Canarias.

En el plazo de dos meses a partir de la aprobación definitiva del proyecto de una carretera,	las Corporaciones Locales afectadas deberán proceder a iniciar el trámite de modificación	de sus respectivos planteamientos urbanísticos, adaptándolos a las nuevas circunstancias.

En virtud de todo lo expuesto, procede efectuar las siguientes

CONCLUSIONES

PRIMERA: La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias deroga la Ley 19/2003 de Directrices de Ordenación General, y en su consecuencia, las Directrices relativas a las infraestrucuras y transportes y las relativas a la red viaria.

Ello no supone que la Ley 4/2017 se aparte de la necesidad de ordenar y regular los sistemas de infraestructuras a través de la planificación. Al contrario, regula la Ley regula el contenido de los distintos instrumentos de ordenación previendo que los Sistemas Generales de Infraestructuras se deben incorporar como determinaciones de planeamiento, tanto a los planes insulares ( artículo 96) , como a los Planes Territoriales Especiales ( artículo 120), como a los Planes Generales (artículo 135), para lo que serán debidamente evaluados tanto económico como ambiental mente.

SEGUNDA.- A su vez, la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, introduce instrumentos para la modulación y flexibilización de sus determinaciones al objeto de facilitar la implantación de infraestructuras de interés general en los supuestos establecidos y cuando su diseño entre en contradicción con la previsión del planificador territorial o urbanístico, entre ellos los Proyectos de Interés Insular y Autonómico, las Ordenanzas Provisionales Insulares o Municipales, la suspensión del planeamiento ( artículo 168) o la resolución de las discrepancias en la los supuestos de cooperación interadministrativa ( artículo 334), pudiendo acudir a ellos cuando se cumplan los requisitos.

TERCERA.- También es de aplicación la legislación sectorial, en concreto la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias vigente, que prevé para la ejecución de nuevas carreteras insulares o regionales, o tramos de ellas, así como modificaciones significativas de las existentes, no recogidas en el planeamiento municipal, la posibilidad de que la Administración resuelva la disconformidad en el supuesto de que remitido el correspondiente estudio a la Corporación Local afectada, ésta se haya pronunciado así en el plazo de dos meses.

DIRECCIÓN PROVISIONAL

OFICINA DE CONSULTA JURÍDICA

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