La participación ciudadana en el ámbito de la Protección Civil y las Emergencias tiene un reconocimiento expreso en la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias. esta indica que las Administraciones Públicas Canarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, orientarán sus servicios al desarrollo de la captación de la participación ciudadana y determina que el Gobierno de Canarias promoverá las medidas necesarias para el reconocimiento del derecho de la ciudadanía a la participación en la política de seguridad, a través de asociaciones y entidades ciudadanas.

En el mismo sentido, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, establece que el voluntariado de Protección Civil podrá colaborar en la gestión de las emergencias, como expresión de participación ciudadana en la respuesta social a estos fenómenos, de acuerdo con lo que establezcan las normas aplicables, instrumentándose tal colaboración a través de las entidades de voluntariado, de acuerdo con el régimen jurídico, valores y principios que inspiran la acción voluntaria que se establecen en la normativa propia del voluntariado. Asimismo, prevé que los poderes públicos promoverán la participación y la formación del voluntariado en apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil.

La particularidad de las Agrupaciones locales de Voluntariado de Protección Civil, en tanto que agrupaciones fundamentalmente municipales, que con diferentes denominaciones agrupan a aquellas personas voluntarias en torno al ámbito de competencia local en materia de Protección Civil, requieren de una norma específica que precise su régimen, organización y funcionamiento para poder integrarse y participar coordinadamente del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias. En consecuencia, su estructura organizativa está vinculada a la actividad administrativa local, adoleciendo hasta la fecha de una regulación uniformadora e integrada con la normativa y planes de Protección Civil. A esta cuestión se dedica buena parte del Reglamento que se somete a información pública, partiendo del respeto por la autonomía de las entidades locales, planteándose un modelo de integración en el Sistema Canario de Seguridad y Emergencias mediante la inscripción de estas agrupaciones en un registro creado al efecto. Los requisitos de inscripción que se plantean son los propios de la unificación de toda la legislación que les es aplicable, así como aquellas cuestiones particulares que garanticen la homogeneización de su estructura, funcionamiento, uniformidad y medios atendiendo a criterios básicos comunes. Se hace necesario, por lo expresado, establecer aquellas cuestiones generales, mínimas de funcionamiento y organización, de las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil que se integren en el Sistema Canario de Seguridad y Emergencias, con atención especial a su formación, dedicación, criterios de participación y reconocimiento de su labor social. 

Se hace conveniente, también, coordinar con la normativa específica del voluntariado el Registro de las entidades de voluntariado que obtengan su reconocimiento como entidades colaboradoras en materia de Protección Civil y regular el reconocimiento y registro de las entidades, sin ánimo de lucro, que, no siendo entidades de voluntariado, colaboran en la prestación de los Servicios de Protección Civil y Emergencias en la Comunidad Autónoma de Canarias. De este modo, se concretan bajo una misma denominación la determinación de lo que serán las Entidades Colaboradoras de Protección Civil de Canarias, homologando para todas ellas los requisitos exigibles, tanto para las entidades de voluntariado, como resto de entidades, sin ánimo de lucro, que no sean de voluntariado y operen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se dispondría así, de una información valiosa, tanto desde el ámbito preventivo, de implicación ciudadana, como para acometer con conocimiento preciso las eventuales activaciones de los planes de Protección Civil.