La actual regulación de la ayuda a los alquileres de las viviendas protegidas adjudicadas en régimen de alquiler por la Comunidad Autónoma de Canarias, está contenida en el Decreto 221/2000, de 4 de diciembre, que ha sido objeto de sucesivas modificaciones puntuales efectuadas por el Decreto 49/2009, de 28 de abril, Decreto 135/2009, de 20 de octubre, Decreto 47/2010, de 6 de mayo y Decreto 77/2012, de 30 de agosto.

Ya con la modificación efectuada por el Decreto 48/2009, en el artículo 32, se añadió una Disposición adicional tercera, por la que se establecía la previsión de exceptuar del sistema de
ayudas previsto en el Decreto 221/2000, a aquellas unidades familiares cuya fuente permanente e indefinida de ingresos provenga del sistema público de prestaciones. Con tal fin, mediante Orden departamental se tenían que determinar los supuestos excepcionales en los que por parte de la persona titular de la Dirección del Instituto Canario de la Vivienda se procedería a fijar el alquiler que debería abonarse por parte de dichas unidades familiares dentro de las cuantías máximas de los precios de renta fijados por el Gobierno.

No habiéndose aprobado la referida Orden de desarrollo, resulta necesario determinar los supuestos exceptuados, entendiendo necesario incluirlos en el Decreto que ahora se pretende aprobar en sustitución del Decreto 221/2000, sin aplazar la regulación de dicho régimen excepcional a un posterior desarrollo por orden departamental.

Detectada la conveniencia por el Instituto Canario de la Vivienda de abordar una nueva regulación del régimen jurídico de la ayuda a los alquileres de las viviendas protegidas adjudicadas en dicho régimen de alquiler por la Comunidad Autónoma de Canarias, que contemple determinadas situaciones excepcionales que no se incluyen en la actual regulación y que afectan a un importante número de unidades familiares demandantes de las ayudas, lo cual, además, deberá cohonestarse con la agilidad y simplicidad administrativa que se requiere y exige en la actuación de los poderes públicos, procede ahora someter este Proyecto de Decreto por el que se regula la ayuda a los alquileres de viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma de Canarias al trámite de información pública y audiencia de las organizaciones representativas de los intereses sociales y económicos.