Transcurridos ocho años desde la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, la experiencia derivada de la aplicación de sus disposiciones, las normas aprobadas con posterioridad - como las leyes sobre cambio climático y por el derecho a la vivienda- y algunos pronunciamientos jurisprudenciales que afectan a la legislación del suelo, así como, de manera especial, la evolución e innovación de los valores que deben ser considerados en la toma de decisiones territoriales - como el reto demográfico, la cohesión territorial y la renovación urbana-, imponen, en coherencia con sus propios fines, la tarea de actualizar la legislación del suelo que cumpla la misión que tiene encomendada.

Como punto de partida de la elaboración de esta disposición legal y con el fin de disponer de la mayor cantidad de información y de opiniones posibles, tuvo lugar un amplio proceso de participación con personal técnico de todas las administraciones públicas involucradas en su aplicación.