El presente Decreto tiene por objeto establecer medidas dirigidas a la mejora de la gestión de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y a garantizar la prestación de unos servicios públicos de calidad que satisfagan las necesidades y expectativas de la ciudadanía.

En particular se regula la evaluación de la calidad de los servicios públicos, las cartas de servicios, los estudios de análisis de la demanda y el grado de satisfacción de las personas usuarias de los servicios públicos y los premios a la calidad de los servicios públicos.