La Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias dispone que la adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública se lleve a cabo a través de un procedimiento reglado. La inscripción en el «Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias» es un requisito ineludible para acceder a una vivienda protegida, por lo que se pretende simplificar su regulación, eliminando cargas administrativas innecesarias.

Por otra parte, la introducción del sorteo como sistema preferente de adjudicación de viviendas protegidas de promoción pública, se ha puesto de manifiesto que no siempre da una adecuada satisfacción al mandato legal de favorecer a las personas con menos recursos y mayor necesidad el acceso a la vivienda pública. Consecuentemente, resulta necesario modificar la regulación vigente, a fin de posibilitar la utilización de la modalidad de adjudicación en cada caso resulte más adecuada para dar cumplimiento a los principios de justicia, equidad y solidaridad.

Finalmente, cabe indicar que, en diversos grupos de viviendas protegidas de promoción pública, aún está pendiente la adjudicación de plazas de garaje u otros anejos que no fueron vinculados a las mismas debido a la falta de regulación del correspondiente procedimiento de adjudicación, por lo que el presente proyecto de decreto viene a llenar esa laguna"