La materia de seguridad pública, conforme a la doctrina constitucional, hace referencia a la actividad dirigida a la protección de personas y bienes con la finalidad de garantizar la tranquilidad y el orden ciudadano, llevándose a cabo preferentemente mediante la actividad policial propiamente dicha y las funciones no policiales inherentes o complementarias a aquella (SSTC 104/1989, 175/1999, de 30 de septiembre, y 86/2014, de 29 de mayo, entre otras), si bien nos encontramos ante una materia pluridisciplinar que excede del concepto estricto de “seguridad ciudadana” y que abarca un conjunto de ordenaciones integrantes de un único sistema en el que se encuadran materias tan dispares como la protección civil; determinados aspectos de la seguridad privada; la protección de las infraestructuras críticas; el sistema penitenciario; la seguridad en espectáculos; la ciberseguridad y la videovigilancia, entre otras.
El objeto de la presente iniciativa legislativa es la articulación de un nuevo sistema de seguridad pública para Canarias, participado por las diferentes Administraciones Públicas implicadas en la materia, fundamentado en los principios de complementariedad, cooperación, coordinación, colaboración, información recíproca y lealtad institucional, y en el que se prevea la participación ciudadana. A tal efecto se incorpora un principio de corresponsabilidad entre el Gobierno de Canarias y los municipios, como Administraciones Públicas partícipes en el mantenimiento de la seguridad ciudadana y, en este sentido, establece diferentes instrumentos de coordinación y planificación, como las juntas locales de seguridad; los convenios de cooperación y colaboración policial y las reuniones de coordinación; el sistema unificado de informaciones policiales y los diferentes tipos de planes de seguridad, entre otras cuestiones, con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia en el uso racional y sostenible de los recursos disponibles y, en consecuencia, un mayor grado de eficacia en la consecución de los resultados deseables en el entorno de la seguridad pública en general y en el ámbito de la seguridad ciudadana en particular.
La confluencia de una serie de factores en el actual sistema de seguridad pública de Canarias (entre otros, la pluralidad de actores con competencias en materia de seguridad pública; la estructura territorial fragmentada del Archipiélago; la necesidad de disponer de un modelo común de gobernanza y planificación estratégica; la limitada interoperabilidad tecnológica entre los sistemas de información y comunicación; la necesidad creciente de responder a las amenazas globales y multifactoriales, etc.) ponen de relieve la necesidad de aprobar una norma autonómica con rango legal que aborde, entre otras, las siguientes cuestiones:
- Establezca un marco jurídico sistemático e integral del Sistema de Seguridad Pública de Canarias.
- Delimite con claridad las competencias, funciones, estructuras y mecanismos de coordinación entre los distintos niveles y entidades operativas.
- Fomente la cooperación interadministrativa e interinstitucional, incluyendo mecanismos para una efectiva participación ciudadana.
- Implante un sistema de planificación estratégica en todos los ámbitos territoriales, con especial hincapié en la prevención y en la calidad del servicio prestado a la ciudadanía.
- Implemente un modelo de gobernanza adaptado a la realidad insular, con criterios de equidad territorial y sostenibilidad en el tiempo.
- Introduzca principios innovación tecnológica y evaluación de políticas públicas en seguridad.