La aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, ha reforzado las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma en materia de seguridad, que se detallan en el capítulo VIII del Título V de dicho Estatuto. En materia de seguridad pública, las competencias autonómicas se proyectan en el establecimiento de políticas de seguridad pública y protección de personas y bienes, la creación, organización y mando de un Cuerpo de Policía Canaria y en la ordenación general y coordinación supramunicipal de las policías locales canarias. Bajo dicho marco competencial y realidad normativa, la ordenación que se contempla en el presente Anteproyecto persigue la sustitución de la vigente Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación dePolicías Locales de Canarias, por una nueva disposición legal que afronte los dos cometidos competenciales asumidos estatutariamente en la materia: a) la ordenación general, a nivel normativo de los Cuerpos de Policía Local de Canarias, en su vertiente orgánica, funcional y funcionarial, persiguiendo, por tanto, una ordenación de todos los aspectosnucleares afectantes a los mencionados Cuerpos, y b) la regulación de los medios y sistemas que posibiliten la acción conjunta de las policías locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, en orden a conseguir la integración de las respectivas actuaciones particulares en el conjunto del sistema de seguridad ciudadana que tienen confiado.Tales cometidos no se agotan con la regulación legal sino que, en aras a garantizar un margen de flexibilidad normativa, la ley pretende centrarse en los aspectos principales de la regulación, remitiendo alreglamento su desarrollo más pormenorizado. Esta nueva regulación no sólo es más ambiciosa en cuanto a su ámbito objetivo sino que, igualmente, pretende incorporar a la normativa autonómica las innovaciones introducidas a nivel de la legislación estatal con incidencia en materia de policía local, como la policía de proximidad, el ejercicio de funciones de policía judicial, la posibilidad de asociacionismo municipal para el ejercicio de funciones asignadas alas policías locales o los cambios introducidos en la legislación funcionarial y sobre igualdad de género, atendiendo a las previsiones de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres yhombres, acogiendo así mismo las previsiones de la reciente Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales.