El 20 de octubre de 2022 se publica en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, que entrará en vigor el 20 de abril de 2023.

En el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Canarias, se encuentra en funcionamiento la Orden de 18 de octubre de 2012, por la que se determina el procedimiento para la valoración y calificación del grado de discapacidad de las personas, que tiene como objeto regular el procedimiento para reconocer a las personas con discapacidad en el grado que le corresponda; composición, funciones y régimen de funcionamiento de los Equipos de Valoración y Orientación, así como otras funciones informantes de carácter facultativo referentes al diagnóstico, valoración y orientación de situaciones de discapacidad.

La puesta en marcha del nuevo Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, hace precisa una nueva regulación del procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad y conlleva disponer una adaptación de dicha normativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Es necesario para una mayor agilidad y equilibrio territorial en el procedimiento, la revisión de la competencia funcional y territorial, así como el funcionamiento de los equipos multiprofesionales.

Una nueva regulación de una nueva disposición reglamentaria es una necesidad para dar cumplimiento al desarrollo normativo regulado en el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, que se establece para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

Entre sus objetivos prioritarios se encuentra velar por la agilidad de los procedimientos para la valoración y calificación del grado de discapacidad de las personas en la Comunidad Autónoma de Canarias, reorganizando los equipos multiprofesionales y simplificando, en la medida de lo posible, los procedimientos administrativos.

Por todo ello, elaborar una disposición reglamentaria que regule aquellos aspectos que el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, atribuye a las Comunidades Autónomas, se convierte en una necesidad normativa, una oportunidad de avanzar en la diversidad funcional y un aspecto fundamental para lograr un marco estable y de garantías.