La amplitud y complejidad de la ordenación urbanística, la extensión de su contenido y el excesivo detalle de su regulación es objeto de crítica en el preámbulo de la Ley 4/2017, por crear situaciones contradictorias y conllevar la dificultad y el bloqueo de proyectos e iniciativas, a causa de la existencia de normas de mínimo rango y máximo detalle.

En este sentido, existe una evidente falta de criterios agronómicos a la hora de establecer y regular el suelo agrario y, en particular de fijar parámetros sobre las construcciones, edificaciones e instalaciones agrarias en suelo rústico, que trae consigo numerosos problemas económicos y de funcionalidad al sector primario en el ejercicio de la actividad, entre los que se puede citar el encarecimiento de las obras, construcciones e instalaciones o que su uso devenga inútil para el tipo de actividad agraria que quiere implantarse y su normal desarrollo.

Además, a la vista de la situación actual, puesta de manifiesto en la actual crisis causada por la pandemia de la COVID-19, que trasciende las fronteras autonómicas y nacionales, y clama por un modelo sostenible, de autoabastecimiento y economía circular, se entiende imprescindible abordar una regulación armonizada para la Comunidad Autónoma de todos los aspectos relacionados con la implantación de las actividades agrarias y sus actividades complementarias, así como las necesarias para la protección del suelo agrario, como generador de riqueza ysostenibilidad.