Hacer efectivo el derecho fundamental de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, de tutela judicial efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión, mediante personal experto facilitador para dar respuesta a sus necesidades, en los actos en los que lo precisen, de comunicación, comprensión e interacción con el entorno, para actuar y ejercer con plenitud sus derechos en el entorno de las sedes judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias.