La presente iniciativa se adopta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia que prevé que los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en la financiación de las misma, según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica personal. A su vez, la iniciativa trata de llenar el vacío normativo generado tras la derogación del Decreto 93/2014, de 19 de septiembre, en el que se establecían los criterios para determinar la capacidad económica de la persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y su participación económica en el coste de los servicios, así como la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas del sistema en la Comunidad Autónomas de Canarias, llevada a cabo por la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias (LSSC); así como dar cumplimiento al mandato legal contenido la Disposición Adicional Undécima de dicha Ley relativo a la aprobación de un decreto que establezca los criterios para determinar la capacidad económica de las personas usuarias del sistema público de servicios sociales.

Finalmente, la iniciativa pretende establecer una regulación sobre la aportación económica de los usuarios en todos los servicios que deriven del sistema de dependencia.