La Unión Europea está trabajando intensamente en pos de la descarbonización del sector energético, un elemento central de la transición ecológica. Para ello, ha venido dictando diversas Directivas y Recomendaciones sobre el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, reconociendo que la planificación e implantación de energías renovables debe tener en cuenta la participación de quienes se vean afectados por los proyectos, en particular la población local, con el fin de garantizar una mejor aceptación popular de estas energías.

Por su parte, el Parlamento Europeo ha determinado que “Para aumentar la aceptación pública de los proyectos de energías renovables, los Estados miembros deben adoptar las medidas adecuadas con vistas a promover la participación de las comunidades locales en los proyectos de energías renovables”.

En ausencia de legislación estatal que regule este aspecto y habiéndose asumido a través del Estatuto de Autonomía de Canarias la competencia en materia de fomento y gestión de las energías renovables, corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias desarrollar normativamente los requisitos, fases y procedimientos que deban regir la participación ciudadana en los proyectos de energías renovables que se pretendan instalar en el ámbito territorial de Canarias.

Se trata, por tanto, de un Decreto de gran importancia que regula los criterios y requisitos de participación local en el desarrollo de proyectos de energías renovables fotovoltaicas y eólicas que se pretendan implantar en el ámbito territorial de Canarias y cuya potencia sea igual o superior a 2 MW.