En Canarias, la norma que regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia establece es el Decreto 54/2008, 25 marzo; dictado en desarrollo de la Ley 39/2006, 14 diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Este Decreto 54/2008 diseña un procedimiento complejo que se desarrolla en dos fases (reconocimiento de la dependencia, primero, y aprobación del Programa Individual de Atención PIA, después), en el que intervienen múltiples profesionales (técnicos y administrativos), y cuya culminación resulta difícilmente posible en los tiempos legalmente establecidos.

En efecto, frente a los seis meses que establece esta norma, lo cierto es que, en Canarias – según datos oficiales del IMSERSO, durante el año 2022, el tiempo medio de tramitación se situó en 977 días.

La problemática que se deriva de esta complejidad procedimental es conocida y ya fue puesta de manifiesto por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en 2012 (acuerdo adoptado la reunión de 10 de julio de 2012, BOE nº 185, de 3 de agosto) donde ya entonces se propuso la mejora, simplificación y ordenación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.

En definitiva, la aprobación de un nuevo decreto que diseñe un procedimiento más ágil en su tramitación pretende solucionar esta importante demora en el proceso de reconocimiento de la situación de dependencia.

En la búsqueda de ese objetivo de simplificación administrativa y reducción de plazos de tramitación, el planteamiento inicial del que va a partirse es el de la configuración monofásica del procedimiento para el reconocimiento del grado de dependencia y para la aprobación de PIA; pasando de las dos fases hasta ahora en vigor, a un procedimiento unificado que concluya con una resolución única donde se reconozca el grado y el derecho efectivo de las prestaciones que le correspondan a la persona reconocida como dependiente, a partir de la aprobación del PIA.