Esta norma pretende ser un instrumento adecuado para conferir el necesario grado de seguridad jurídica a las sociedades cooperativas y sus entidades asociativas. Ofrece al cooperativismo canario un marco específico de regulación que tenga en cuenta la realidad y las necesidades del tráfico empresarial en nuestra comunidad autónoma, permitiendo, a su vez, la adaptación de las sociedades cooperativas a un entorno económico cada vez más cambiante.

Entre los objetivos de esta ley se encuentra el establecer un marco jurídico que posibilite y dé respuesta a la necesidad de cooperativas de menores dimensiones y que habilite la regulación necesaria para la calificación de la pequeña empresa cooperativa en el marco del trabajo cooperativizado.

Lo que impulsa a promulgar una ley de cooperativas canaria es fomentar la creación de este tipo de empresas, apostando por la economía social y el cooperativismo, que facilitará un mayor conocimiento de este tipo societario como una vía para el emprendimiento, siendo esta fórmula societaria una herramienta para la creación de empleo estable y de calidad.